La reversión de la adjudicación de ATLL podría hacerse sin coste para la Generalitat
La concesión de ATLL a Acciona está en los tribunales. Mientras, Joaquín Tornos señala que su reversión podría no afectar al erario público
La reversión de la adjudicación de Aigües del Ter Llobregat (ATLL) podría ser financieramente neutra para la Generalitat, lo que supondría que en la práctica no tendría coste para el erario público, según señala Joaquín Tornos, abogado y expresidente del Consell Consultiu de la Generalitat entre los años 2004 y 2006, con lo que es experto en cuestiones de derecho público de la administración catalana.
Tornos limita las responsabilidades financieras de la Generalitat en caso de reversión, y así, en su opinión “el pago debería limitarse a lo que pagaron Acciona y sus socios, las inversiones llevadas a cabo hasta ahora, los intereses de demora y los avales y costes”.
La neutralidad económica para la Generalitat sería posible porque estas cantidades las asumirían los nuevos titulares de la concesión, que serían Agbar y sus socios; mientras que la Generalitat sólo movería dinero de un lado para otro.
La reversión de la concesión de ATLL a Acciona y sus socios está sobre la mesa porque un organismo independiente de la propia Generalitat, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) invalidó el concurso. La Generalitat solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) medidas cautelares para no tener que aplicar la resolución de la OARCC. Pero Agbar recurrió y el TSJC le dio la razón, anulando las medidas cautelares.
Agbar ha pedido la ejecución de sentencia, que por ahora no se ha llevado a cabo, ya que la Generalitat ha presentado alegaciones ante el TSJC y que el tribunal está estudiando, lo que le está permitiendo ganar tiempo, según señalan fuentes jurídicas cercanas al caso. Tanto Acciona como la Generalitat relativizan la importancia de las cautelares y piden que se espere a que el TSJC se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.
'El pago debería limitarse a lo que pagaron Acciona y sus socios, las inversiones llevadas a cabo hasta ahora, los intereses de demora y los avales y costes', dice Joaquín Tornos, experto en derecho público
Lo que señala Tornos es que “pese a la impugnación en vía judicial de la Resolución de 2 de enero de 2013, al no haberse estimado ninguna de las medidas cautelares solicitadas, la Generalitat debe proceder a su directa ejecución, adjudicando, en su caso, el contrato al siguiente licitador, en este caso, a Agbar y los socios que le acompañen”.
Contrato nulo
Tornos apunta que “si la oferta del consorcio de Acciona debió ser excluida, en lógica, el acuerdo que la declara vencedora de la licitación debe entenderse nulo, y de esta nulidad deriva la del contrato posteriormente formalizado” y en este sentido señala como precedente judicial la Resolución 117/2012, de 23 de mayo, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Este contrato nulo tendría unas consecuencias importantes en el impacto económico para la Generalitat en la reversión de la polémica privatización, ya que Acciona no tendría derecho a reclamar por el lucro cesante de la operación.
Joaquín Tornos limita así la posible responsabilidad patrimonial que Acciona y su socios podrían exigir a la Generalitat por el daño recibido “a los 298 millones pagados, las inversiones que se hayan llevado a cabo y los intereses de demora; además de los costes que se puedan justificar por haberse presentado al concurso, incluyendo los avales”.
Acciona tiene previsto invertir este año en ATLL 20 millones de euros. Pero, más allá de estas cifras, según este análisis, no podría reclamar más daños y prejuicios.
La Generalitat vive una situación de penuria económica que no le permitiría hacer frente a la reversión. Pero con estas cifras el coste sería poco más de 300 millones de euros
Penuria económica
La Generalitat vive una situación de penuria económica que no le permitiría hacer frente a la reversión. Pero con estas cifras el coste sería poco más de 300 millones de euros y sería posible que el nuevo adjudicatario, Agbar y sus socios, aportasen esos fondos y la administración catalana no hiciese frente a un sobrecoste económico, más allá del político.
Tornos reconoce que seguramente Acciona tendrá expertos legales que opinen lo contrario, pero también apunta a que habría base legal lo suficientemente sólida para limitar los daños económicos de esta fallida privatización.
La reversión de la adjudicación de Aigües del Ter Llobregat (ATLL) podría ser financieramente neutra para la Generalitat, lo que supondría que en la práctica no tendría coste para el erario público, según señala Joaquín Tornos, abogado y expresidente del Consell Consultiu de la Generalitat entre los años 2004 y 2006, con lo que es experto en cuestiones de derecho público de la administración catalana.
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