Hacienda apuesta por dejar caer Abengoa como último escombro de la limpia en el Ibex

El camino hacia el infierno está pavimentado con las mejores intenciones. Y las expresadas la semana pasada por conspicuos miembros del Gabinete de Rajoy como la ministra de Empleo, Fátima Báñez, no serán más que eso, una desiderata. Y es que, según aseguran fuentes próximas al Consejo de Ministros, el planteamiento del Gobierno, abanderado por el Ministerio de Hacienda, pasa por dejar caer a la compañía como el último reducto de las malas prácticas que recorrieron el Ibex durante los años de bonanza, en los que el endeudamiento fue el común denominador de una economía que vivía en el alambre. Se trata de excesos que ha habido que purgar, y ahora le toca el turno a la firma sevillana.

De hecho, Cristóbal Montoro se ha parapetado en sus cifras y gráficos para defender la tesis. Según esos datos, los pasivos netos del sector privado no financiero llegaron en 2008, justo antes de que arreciara la crisis con toda su crudeza, hasta el 66,8% del producto interior bruto (PIB). Es más, incluso en 2010, en plena tormenta económico-financiera, ese porcentaje aún alcanzaba el 60,9%. Cuatro años y medio después, a junio de 2015, ese intenso proceso de desapalancamiento en las empresas -llevado a cabo en paralelo a un incremento exponencial de los pasivos del sector público- limitaba el dato a la mínima expresión. La deuda apenas rozaba el 7%.

Por técnico que el razonamiento pueda parecer, detrás del mismo hay nombres y apellidos, a menudo de sagas familiares hasta hace poco bien instaladas en el Ibex y que ahora han cedido el control de sus compañías. Es más, los Benjumea no están solos. Tal vez el caso más paradigmático sea el de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), firma tomada por el multimillonario mexicano Carlos Slim a golpe de ampliaciones de capital, renegociaciones con la banca y quitas a la ingente deuda, todo en detrimento de la familia Koplowitz, el accionista histórico de la firma.

Las desinversiones acometidas por Grupo Villar Mir -venta de Torre Espacio incluida- para acudir a la ampliación de capital en marcha y no perder el control de OHL responden a un patrón similar. En el caso de los Benjumea, no obstante, la cuestión parece fuera de control. Como ha publicado El Confidencial, la banca ya ha empezado a hacer números para afrontar un concurso -el mayor de la historia de España- en el que la deuda bruta supera los 9.000 millones de euros. Eso sin contar avales ni circulante. En total, los acreedores tienen más de 20.000 millones de euros enterrados en la compañía; solo las entidades financieras españolas afrontan 4.300 millones de agujero sin provisionar.

El papel del ICO

La tesis de Hacienda parte de esas cifras y del convencimiento de que el concurso de acreedores es esencial para favorecer la postrera entrada de otro 'caballero blanco' -tras el fallido intento de Gestamp-, ya desde la asunción de una quita de enormes proporciones. Desde fuera, la intervención del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que tiene 161 millones pendientes de cobro entre deuda corporativa y deuda de proyectos, se antoja compleja y si acaso testimonial, en un escenario de dificultad de tesorería que pudiera poner en peligro las nóminas de los trabajadores con las elecciones del 20-D a la vuelta de la esquina.

Del mismo modo que nadie en el Gobierno quiere un conflicto social en estos días, también existe la convicción de que cualquier movimiento fuera de lo razonable -ya sea vía ICO o bajo cualquier otra fórmula- caería bajo la lupa de Bruselas y de las restricciones a las ayudas de Estado. No es casualidad lo sucedido el pasado día 26. Báñez, por la mañana, aseguraba que el Ejecutivo "desde el ICO está comprometido con una solución para la compañía en el presente" y en el futuro. También con sus trabajadores. Por la tarde, el tándem Guindos-Soria salía al paso para dejar claro que no se contempla en ningún caso un rescate público entrando en el accionariado.

"Estaba en Huelva, en elecciones, ¿qué podía decir?", exponen las citadas fuentes para explicar los excesos de Báñez como un brindis al sol. Tampoco hay una opinión definitivamente formada en el Gobierno sobre quién debe preocuparse más en caso de que la crisis suba de decibelios. No hay que olvidar la arraigada vinculación de la firma con Sevilla. En este sentido, no son ociosos los numerosos mensajes lanzados por las autoridades andaluzas -incluidas las mediaciones de la propia presidenta, Susana Díaz- para dar una salida al problema con los comicios en el horizonte. Y es que en estos días, todo es susceptible de cálculo electoral. Ni una mala palabra ni una buena acción.