Los Riberas se negaron a cubrir el rescate de Abengoa con garantías propias de Gestamp

La fallida adquisición de Abengoa por parte de Gestamp solo ha servido para promocionar la imagen de marca del eventual comprador y evidenciar la crítica situación de la empresa en venta, que ahora deberá luchar por su supervivencia en una negociación a cara de perro con los bancos acreedores. Los hermanos Francisco y Jon Riberas, flamantes figuras en el panorama empresarial posterior a la crisis, estaban dispuestos a ejercer de salvadores pero nunca a cambio de asumir el más mínimo riesgo que pudiera poner en peligro la solvencia de su propio emergente grupo empresarial.

El presidente y consejero delegado de Gestamp, Francisco Riberas, tuvo ocasión de mostrar ante el propio Felipe VI el interés del proyecto de adquisición de Abengoa con motivo del reciente Foro Hispano-Alemán celebrado la pasada semana en Berlín. Los eventuales compradores estaban convencidos de asegurar el respaldo de la banca acreedora en una operación que la consultora Deloitte había considerado vital para la supervivencia de Abengoa pocos días antes, cuando la empresa despachó sus resultados del tercer trimestre del año con unas pérdidas históricas de más de 700 millones de euros.

El drama de Abengoa y la aparición del ‘mirlo blanco’ de Gestamp se combinaban en una mezcla perfecta que solo requería el beneplácito de las entidades financieras. El quebranto que el grupo andaluz puede generar en la cuenta de resultados de los bancos presionaba también a favor del supuesto acuerdo, pero los optimistas comprobaron que se habían pasado de frenada cuando conocieron las reivindicaciones de los acreedores. Algunas instituciones de crédito, acuciadas por el criterio más restrictivo de sus departamentos de riesgo, reclamaron al comprador garantías propias para asegurar las nuevas líneas de refinanciación.

El grupo andaluz necesita 200 millones como 'puente de financiación' para poder negociar un plan de rescate con los bancos en los próximos cuatro meses

Gestamp, a través de su filial Gonvarri, solicitaba hasta 1.000 millones de euros de liquidez para Abengoa, además de un préstamo de 200 millones adicionales para la inversión en capital. Esta última partida formaba parte de los 350 millones que Gestamp había comprometido en el acuerdo de bases anunciado el pasado día 8 de noviembre con el objetivo de cubrir su participación en las ampliaciones de capital del grupo de la familia Benjumea. El plan de los inversores vascos no era otra que convertirse en primer socio de referencia de Abengoa con una participación mínima del 28%.

Tras el inopinado fracaso de las negociaciones, todo el proyecto de rescate ha quedado suspendido. La aportación de dinero fresco se ha ido al limbo y el objetivo inmediato ahora es asegurar financiación para el circulante durante los cuatro meses que otorga el procedimiento concursal antes de ir con las cuentas de la compañía al juzgado. Fuentes financieras involucradas en el proceso fijan las necesidades de liquidez de Abengoa en torno a los 200 millones como garantía para poder negociar un plan de refinanciación que, previsiblemente, implicará la capitalización de deudas y su conversión en acciones.

La clave y a la vez el problema que ahora se plantea residen en la distinta posición de los bancos, tanto en lo que concierne a la exposición cuantitativa de riesgos como a la calidad de los distintos tipos de deuda que incorpora el pasivo financiero de la compañía. Abengoa no hace ascos a ninguno de los instrumentos financieros que han permitido apalancar su balance a lo largo de los últimos años, de manera que los intereses de las entidades de crédito pueden llegar a resultar contradictorios a la hora de alcanzar un convenio de acreedores con una mayoría cualificada de bancos.

La salvación de Abengoa se incorpora con todas las consecuencias al debate electoral dada la singularidad y el peso específico de la empresa en Andalucía

Los próximos días van a ser intensos en la búsqueda de soluciones de compromiso que sirvan de puente para mantener las constantes vitales de la empresa. El caso Abengoa, con más de 26.000 trabajadores en todo el mundo, se incorpora como un elemento básico en la agenda electoral, dado el efecto de crispación social que puede suponer en toda España y principalmente en Andalucía. El Gobierno, a través de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se ha apresurado en mostrar un respaldo institucional que bien podría traducirse en nuevas ayudas vía ICO.

La aportación de créditos oficiales se advierte como condición básica para el rescate, si bien es necesario que la banca privada arrime el hombro priorizando la búsqueda de una solución económica sobre cualquier otra consideración de calado financiero. En otras palabras, la salvación de Abengoa exige que los bancos apuesten a largo plazo por la compañía sin reparar en la incidencia que un fallido puede generar en sus respectivos balances. Las entidades de crédito con mayor exposición de riesgo aseguran una y mil veces que nadie quiere la quiebra de Abengoa. Una declaración de principios que permite mirar el futuro con cierta esperanza, si no fuera porque eso se lo dicen a todas.