El juez acepta que las grúas vuelvan a Canalejas tras pagar OHL 163.000 euros

El juzgado de Primera Instancia Número 54 de Madrid ha aceptado el ofrecimiento de caución realizado por OHL para levantar la suspensión de las obras ordenada por este tribunal el pasado 9 de octubre. La filial de Grupo Villar Mir que está desarrollando el polémico proyecto urbanístico propuso el pago de 163.000 euros para poder continuar con las obras, desembolso que el magistrado ha aceptado y que permitirá a la compañía poder retomar los trabajos hasta el pronunciamiento definitivo de los tribunales sobre el fondo de la cuestión.

El magistrado mantiene la vista prevista para el próximo 11 de diciembre, fecha en la que se pronunciará sobre el interdicto presentado por R&A Palace Gestión, sociedad que inicialmente llegó a un acuerdo con Banco Santander, anterior propietario del Complejo de Canalejas, para desarrollar un proyecto similar al que finalmente pactó la entidad con el grupo de Juan Miguel Villar Mir.

Ya en el auto del pasado octubre, el juez notificó a la constructora su derecho a prestar caución, aunque declinó determinar el importe de esta garantía dineraria. En un primer momento, la sociedad que aparece como propietaria del complejo, Centro Canalejas Madrid, se limitó a ofrecer 1.000 euros, importe que pocos días después fue elevado hasta 163.000 euros por parte de OHL.

Por su parte, R&A Palace sí había cuantificado en 250.000 euros el monto necesario para poder continuar con las obras con las suficientes garantías. Finalmente, el juez ha terminado aceptando una cifra que supone dos tercios de esta solicitud y que coincide con la propuesta por la constructora.

El interdicto presentado por R&A Palace denuncia la destrucción del patrimonio artístico madrileño y, en concreto, el derribo de la primera crujía, que es la primera línea de columnas y vigas situada tras la fachada, que está considerada Bien de Interés Cultural (BIC). Actualmente, hay dos expedientes sancionadores abiertos, por parte de la Comunidad de Madrid y del ayuntamiento, precisamente, por la sospecha de que se ha derruido patrimonio protegido.