El 55% de las inversiones extranjeras entra en España a través de centros 'offshore'

"Apoyamos a Jean Claude Juncker: cualquier país debe tener la posibilidad de establecer sus normas fiscales, sin interferencias externas y sin tener que hacer de agencia de recaudación de otros países". Así de contundente se mostraba el editorial del Cayman Compass menos de una semana después de la publicación de #LuxLeaks, la investigación que ha destapado los acuerdos secretos de la autoridad tributaria de Luxemburgo con cientos de compañías internacionales para reducir sus facturas fiscales, en algunos casos hasta rozar una tasa impositiva del 0%. "En esta guerra del nosotros contra ellos tenemos bastante claro a quién debería apoyar las Islas Caimán: al señor Juncker y a Luxemburgo. Ellos son, en este caso, nosotros”, aseguraba el diario de George Town.

Pero, ¿qué tiene en común el pequeño país fundador de la UE con las islas caribeñas? Pese al océano que les separa, ambos ofrecen grandes beneficios fiscales y escasa tributación al capital extranjero que se instala allí. También son reticentes a compartir información fiscal de manera automática con el resto del mundo. Son los llamados centros ‘offshore’, aquellos 53 países que la organización Tax Justice Network señala como fiscalmente opacos.

Y España, ¿qué papel juega en todo esto? Nuestro país no es ajeno a la actividad económica que se mueve en el grupo de naciones (casi) sin impuestos: de hecho, la mitad del dinero que se invirtió en la Península en 2012 y 2013 entró a través de circuitos 'offshore'. Los datos de DataInvex que ha analizado El Confidencial indican que el nivel de dinero que llega a nuestro país utilizando estas jurisdicciones como pasos intermedios (7.600 millones y 8.800 millones en 2012 y 2013, respectivamente) ha vuelto a niveles anteriores a la crisis y supera de nuevo el 50% (descargue aquí la base de datos). El récord lo tiene el ejercicio 2005, año en el que la inversión extranjera en España se canalizó en un 67% a través de centros 'offshore'.

Si analizamos el sentido opuesto del dinero, es decir, la inversión española en el extranjero, el porcentaje de dinero que pasa por centros ‘offshore’ es tradicionalmente menor. Sin embargo, los datos relativos a los dos últimos años indican una recuperación del circuito ‘offshore’ de la inversión en el exterior.

'Refugio fiscal'

Estos lugares son "refugios fiscales", por hacer una traducción literal del inglés "tax haven". Así es como se conoce a aquellos países con baja o nula fiscalidad -al menos para los capitales extranjeros- y caracterizados por una gran opacidad basada en secretos bancarios o escasa colaboración con las administraciones foráneas.

Cada uno de ellos esconde diferentes beneficios: Luxemburgo, Holanda e Irlanda, por ejemplo, "han demostrado funcionar como paraísos fiscales para los holdings de las grandes multinacionales, que desvían beneficios para pagar menos impuestos", subraya José María Peláez, inspector de Hacienda.

"Son instrumentos que están ahí, y por ello se utilizan para sacar algún beneficio fiscal", señala Peláez, que matiza "es cierto que, sobre todo en el caso del dinero que vuelve a España, hay que tener en cuenta también la diversificación de inversiones que pueden realizar las empresas". Así, por ejemplo, disminuyó el flujo de dinero al comienzo de la crisis económica por miedo a un rescate financiero finalmente evitado.

Mover dinero a través de estos países es perfectamente legal, pero deja de serlo cuando ese dinero procede de un presunto fraude. Oleguer Pujol, Iñaki Urdangarin, Ángel Ojeda (cursos de formación en Andalucía), Jenaro García (Gowex), Rafael y Gonzalo Naranjo (caso Gürtel) Demetrio Carceller… Las investigaciones judiciales que afectan a todos ellos han demostrado un nexo común: el dinero que busca el juez se ha refugiado en algún momento en Luxemburgo con el objetivo de ser opaco al Fisco español.

Cada uno con su lista

Pero establecer ‘quién es qué’ entre las jurisdicciones mundiales no es tarea sencilla. Cada país tiene su lista negra. Para muestra, un botón: desde 2010 Brasil considera a España como régimen fiscal privilegiado por culpa de un vehículo de inversión conocido como Entidad de Tenecia de Valores Extranjeros (ETVE), una figura surgida en 1995 y pensada para la atracción de capitales extranjeros. El propio Ministerio de Economía hace alarde en uno de sus folletos publicitarios de este instrumento para que los holdings internacionales se aprovechen de su ventajas fiscales. La lista española de paraísos, por su parte, está vacía, de acuerdo con las normas de la OCDE.

Esta organización cuenta hoy 38 países que todavía tienen que "implementar su transparencia fiscal de cara a la legislación tributaria". Sin embargo, en 2009, estableció que bastaba que un país tuviera al menos dos acuerdos de intercambio de información con otro de la OCDE para que no se le considerara un "paraíso fiscal". Y Luxemburgo no está entre ellos, a pesar de la escasa colaboración demostrada con la Unión Europea. La Comisión ha denunciado la falta de información sobre los tax-rulings para evaluar la situación de varias multinacionales que está investigando (Luxemburgo no ha permitido a la Dirección General de Competencia acceder a los acuerdos tributarios del Gran Ducado con Fiat y Amazon).

Asociaciones como Tax Justice Network no comparten la metodología de la OCDE y elaboran, año tras año, una ‘lista’ de paraísos fiscales. La publicidad de las cuentas de las compañías, el secreto bancario y el intercambio de información son puntos claves para establecer un listado de sesenta países basado en una extensa y reconocida metodología. En palabras de sus representantes, tienen unas jurisdicciones que “permiten evadir normas, leyes y regulaciones de otras jurisdicciones, utilizando la opacidad como arma principal”.

Según señala el Observatorio de Responsabilidad Corporativa, el 94% de las empresas del IBEX 35 operan en estos lugares opacos.

El juego de la confusión

A finales del mes de Octubre, 50 países, entre ellos España firmaron un acuerdo en Berlín para, en última instancia, acabar con parte de los secretos bancarios de los que todavía gozan algunas jurisdicciones. Mucho de ellos, sin embargo, como Liechtenstein, Singapur o las Islas Caimán no aceptaron las condiciones.

En la misma línea, en 2007, la OCDE, ante el escenario de crisis global que ya estaba tomando forma, limitó los requerimientos para que un país no fuera considerado paraíso fiscal a que tuviera acuerdo de intercambio de información firmado con otro. "Se trata de medidas que no acaban con los paraísos, ya que son acuerdos bilaterales que solo afectan a dos países, y solo crean una gran confusión sobre quién es paraíso y quén no", explica Peláez.

No fue el caso de las medidas que los Estados Unidos impusieron con la normativa FACTA. Puesta en marcha en 2010, permite a Washington exigir todos los datos sobre los capitales que tienen depositados en cualquier país del mundo los contribuyentes de Estados Unidos. Ante el riesgo de perder los clientes estadounidenses de sus bancos, Suiza fue uno de los primeros países en aceptar la norma, en vigor desde julio de este año.

“Los convenios funcionan si son multilaterales, aceptados entre un conjunto de estados”, señala Peláez. En la misma línea, añade, el uso de sociedades pantallas es otra práctica común en jurisdicciones opacas: "Si se quisiera dar un puñetazo sobre la mesa en este tema, se podría, para empezar, impulsar a los países OCDE a no reconocer las sociedades registradas en países opacos". Si se quisiera.