¿Y ahora qué? El mundo estrecha el cerco sobre Luxemburgo, que tendrá que ceder

La revelación de los acuerdos secretos de 340 empresas con Luxemburgo para reducir casi a cero su factura fiscal en Europa y EEUU, los #LuxLeaks que en España ha publicado El Confidencial, es la gota que colma el vaso de la paciencia de los países occidentales con el pequeño fundador de la UE. El Gran Ducado está presionado por la investigación de la Comisión Europea sobre Amazon y Fiat, por las nuevas normas que quiere instaurar la OCDE y por las Haciendas nacionales, que consideran que estos acuerdos (tax rulings) van más allá de lo tolerable, por lo que van a investigar a muchos de los implicados en el escándalo. El propio Jean-Claude Juncker ha quedado cuestionado como presidente de la Comisión. La consecuencia es que el país tendrá que pasar por el aro: reducirá –se resistirá a eliminarlos del todo– estos privilegios y empezará a intercambiar información.

Así lo aseguran distintos expertos consultados, aunque algunos de ellos muestran sus reservas sobre el grado de apertura que alcanzará el país. "El cerco se está estrechando cada vez más y no les va a quedar más remedio que cambiar cosas. Sobre todo, van a tener que aceptar mucha más transparencia, y eso ya de por sí va a reducir mucho el atractivo de Luxemburgo para las multinacionales. Ahora bien, hablar de armonización fiscal en Europa todavía queda muy lejos", según un profesional senior de una de las big four.

Las ventajas fiscales de Luxemburgo –al igual que las de Irlanda y Holanda– ya estaban cuestionadas por el anterior comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, que abrió una investigación a Amazon y Fiat por su operativa desde ese país. La lógica del comisario español era que, dado que era imposible atacar a Luxemburgo por el lado fiscal –por la falta de armonización europea–, sí podía hacerlo por el lado de que esta fiscalidad supone una ayuda de Estado (el efecto es el mismo que el de una subvención), que sí se considera contraria a la normativa comunitaria porque supone una ventaja para unas compañías frente a otras que no gozan de esas ventajas.

El propio Almunia precisó a El Confidencial que lo que se investiga son siempre casos de empresas concretas, no el sistema que rige en un país. Ahora bien, si existen muchos casos tan parecidos como los que revelan los documentos obtenidos por el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) y todos pueden considerarse ayudas de Estado, entonces es evidente que el sistema queda totalmente cuestionado. La cuestión es si la Comisión va a investigar todos estos casos o sólo se va a quedar en los expedientes ya abiertos a Amazon y Fiat. Máxime cuando su nuevo presidente es Juncker, el hombre que impulsó este tipo de acuerdos durante sus 18 años al frente del Gobierno luxemburgués (1995-2013).

¿Juncker seguirá investigando?

Según Almunia, "el cambio del presidente de la Comisión y de los comisarios no significa que mueran las investigaciones abiertas en la etapa anterior, sino que estas seguirán su curso y se llegará a una decisión". Otra cosa es cuál sea esa decisión y si se abren nuevas investigaciones. Una cuestión que debe resolver Juncker en un momento de enorme presión de la opinión pública e incluso de sus colegas: el presidente del Eurogrupo –el puesto al que aspira Luis de Guindos–, Jeroen Dijsselbloem, consideró la semana pasada que "si las noticias publicadas son correctas, los estándares internacionales no se han respetado" en el caso de Luxemburgo.

Un portavoz de la sucesora de Almunia, Margrethe Vestagers, explica que "los acuerdos fiscales (tax ruling) como tales son una práctica común en los Estados miembros. No obstante, si en uno de ellos las autoridades de un país aceptan que la base imponible de una compañía específica se calcula de una forma favorable que no se corresponde con las condiciones del mercado, puede otorgar a esa empresa un tratamiento más favorable del que otras obtendrían normalmente bajo las leyes fiscales del país, eso podría constituir una ayuda de Estado". Esto abre una puerta para mantener la legalidad del sistema luxemburgués si la Comisión concluye que otorga las mismas ventajas a todas las empresas. Este argumento es justamente la base de la sentencia del viernes del Tribunal de la UE que anula la prohibición del 'chollo' fiscal de las empresas españolas para adquirir compañías en el exterior.

La nueva comisaria añadió que no había visto los papeles publicados y que, por tanto, no se había formado una opinión sobre estos acuerdos y sobre la posibilidad de que la Comisión los investigue. Las declaraciones de Juncker anteriores al estallido de este escándalo tampoco eran alentadoras: aunque prometió mano dura con las "tretas fiscales" desde su nuevo puesto, añadió que "nadie ha podido hasta ahora darme un argumento convincente y riguroso de que Luxemburgo es un paraíso fiscal. Luxemburgo tiene normas fiscales que están totalmente de acuerdo con las leyes europeas".

Los países vecinos se han hartado

Pero no se trata sólo de las autoridades comunitarias. Las Haciendas nacionales de varios países europeos, entre ellos España, ya están cuestionando la validez de estos acuerdos e investigando a algunas de las empresas que se han beneficiado de ellos porque "están hartas de que se les escapen ingresos con estas fórmulas". Nuestra Agencia Tributaria asegura que ya estaba detrás de algunos casos y fuentes no oficiales de la misma añaden que los documentos publicados por El Confidencial son enormemente interesantes y pueden dar pie a nuevas inspecciones. Hay que recordar que los tax rulings eran secretos y, por tanto, las Haciendas de otros países no los conocían hasta ahora.

Es más, en nuestro país el cerco a estas prácticas ya se estaba estrechando: "La Ley General Tributaria considera que cualquier cosa anómala puede ser ilegal y la inspección se ha endurecido muchísimo tras la última reforma de esta norma, por lo que considera que puede haber delito fiscal incluso en cosas aparentemente nimias", según un conocido bufete fiscalista. "Pintan bastos para estas prácticas", según otro experto en la materia, que añade que "los acuerdos con Luxemburgo no resisten el mínimo examen. Hacienda exige desde hace tiempo que la matriz luxemburguesa tenga actividad real y personal trabajando; ya no vale con una sociedad fantasma en un edificio con otros miles de empresas más. Si no tiene actividad y si sólo tiene como objeto aprovechar ventajas fiscales, España aplica la normativa antiabuso".

Por si faltaba algo, la OCDE

Por si todo esto fuera poco, están empezando a entrar en vigor unas recomendaciones internacionales promovidas por la OCDE llamadas precisamente "Erosión de Bases Imponibles y Deslocalización de Beneficios" (BEPS por sus siglas en inglés). Estas normas pretenden llevar la tributación al país donde se generan realmente los servicios y los beneficios, algo que sólo se puede hacer desde una perspectiva multilateral en la que los diferentes Estados se comprometan a dejar de hacerse la competencia entre sí; hasta ahora se la hacen con ventajas para atraer inversiones extranjeras y para evitar a la vez la doble imposición de sus empresas en el exterior. Asimismo, pretenden que se garantice que las empresas pagan al menos una vez, y lo más importante: que revelen toda su estructura fiscal a todos los países, de forma que sepan cuál es la "tarta" global y puedan calcular qué porción les debe tocar.

Según otra de las big four, "hay mucha presión internacional para que se sigan estas recomendaciones, aunque no son obligatorias. Si todo el mundo las adopta, Luxemburgo tendrá que elegir entre sumarse o quedarse aislado. Y aunque puede optar por esto último, las consecuencias serían muy negativas para el país, máxime con Juncker en la Comisión. La conclusión mayoritaria de los expertos es que el Gran Ducado va a tener que suavizar mucho sus ventajas y su falta de transparencia actuales. Y que, para no perder el negocio actual, seguramente potenciará sus otras ventajas competitivas, como su industria financiera, sus servicios, la flexibilidad de sus normas, la cercanía de la Administración, la seguridad jurídica, etc.