El Gobierno dará entrada a los propietarios del suelo en los nuevos planes de 'fracking'

El ministro de Industria, José Manuel Soria, tiene previsto llevar al Consejo de Ministros un amplio programa de reformas en materia energética que regulará, entre otros aspectos, la incorporación de los propietarios del terreno como socios de referencia de los futuros proyectos de fracking que se aprueben en España. El Gobierno ha decidido echar el resto en apoyo de este nuevo sistema de extracción de petróleo y gas no convencional que está causando furor en Estados Unidos y que puede resultar decisivo en el desarrollo industrial de nuestro país.

El paquete reformista afectará a la Ley de Hidrocarburos de 1998, que ya fue modificada en octubre de 2013 con el fin de incluir las técnicas de fracturación hidráulica o fracking dentro de la legislación básica del Estado. El Ejecutivo se aseguró así el control efectivo de las competencias sobre esta modalidad industrial en todo el mercado nacional de la energía, impidiendo que las autonomías puedan boicotear los proyectos autorizados. De hecho, el Tribunal Constitucional ha tumbado ya las primeras leyes anti-fracking de Cantabria y La Rioja y se espera que haga lo mismo con las normativas de Cataluña y Navarra.

A partir de este primer paso legislativo, el Gobierno se propone ahora dar un salto adicional para impulsar el fracking en España incentivando los intereses de los propietarios del suelo como agentes activos de las futuras explotaciones. La nueva enmienda que se prepara en la ley de Hidrocarburos fijará la cuota accionarial de los dueños del terreno en las concesiones estatales para la extracción tanto de shale gas como shale oil. La participación financiera deberá resarcir con creces la insignificante indemnización que tradicionalmente se paga en España en este tipo de expropiaciones.

De un modo análogo, el Ministerio de Industria modificará también la vieja Ley de Minas con el fin de que las nuevas explotaciones tengan igualmente en cuenta los derechos de propiedad de los dueños del suelo y del subsuelo, que dispondrán en adelante de una opción preferente para incorporarse al capital social de los futuros proyectos mineros. La equiparación de ambas normativas legales será presentada para su aprobación en Consejo de Ministros antes de que termine el año con el fin de que puedan entrar en vigor a principios de 2015.

Solicitudes de exploración en aumento

Las medidas de apoyo al fracking forman parte de la agenda de reindustrialización anunciada por el Gobierno para favorecer la competitividad de la economía española a partir de un modelo sostenible de crecimiento. El ministro Soria es consciente de la contestación social y medioambiental que genera este sistema de extracción, pero considera que es necesario asumir el riesgo porque ya no hay tiempo que perder dada la enorme dependencia energética de España. Los últimos datos de la Comisión Europea son realmente escalofriantes y demuestran que casi un 75% de la energía que se consume en nuestro país procede de compras al exterior.

La fiebre por la fracturación hidráulica viene importada de Estados Unidos y va a suponer una revolución en el mercado petrolífero mundial. El Gobierno trata de subirse a la ola aprovechando también el interés de los empresarios privados que están acudiendo al reclamo del fracking. No en vano, en los últimos tres años, desde que comenzó la actual legislatura, el número de permisos solicitados para la investigación de hidrocarburos ha aumentado un 35%. En la actualidad existen ya casi 70 autorizaciones concedidas y otras 60 están en fase de tramitación tanto por el Estado como por las autonomías.

Extensión del bono social a calefacción de fuel y gas

La nueva Ley de Hidrocarburos incluirá también un ‘guiño’ para la distensión de los Gobiernos regionales a partir del establecimiento de un tributo sobre el valor de la producción que se obtenga en las futuras explotaciones y cuyo importe irá destinado de manera directa a las comunidades autónomas y entes locales de gobierno. El eventual impuesto se estima en un 8% de los ingresos, lo que permitiría a Canarias obtener unos ingresos anuales de más de 300 millones de euros en el supuesto de que prosperen los controvertidos sondeos de Repsol frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.

La reforma de la actual regulación establecerá al mismo tiempo las bases para la creación del llamado ‘pool’ del gas, con el fin de garantizar las operaciones de las empresas del sector dentro de un mercado transparente, similar al que ya existe en el sector eléctrico. El Ministerio de Industria se propone también extender la aplicación del bono social al uso de gas y fuel para calefacción. Dicha tarifa, subvencionada con un descuento del 25%, está destinada de manera exclusiva al colectivo de lo que se conoce como consumidores vulnerables, que comprende a los pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o con todos sus integrantes en desempleo, además de los hogares con menos de 3kw de potencia contratada.