El Tribunal Supremo avala las prospecciones petrolíferas en Canarias

El Tribunal Supremo ha avalado las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas del archipiélago canario al desestimar los siete recursos planteadas por administraciones e instituciones canarias y grupos ecologistas. De esta manera, los magistrados dan el visto bueno al Real Decreto del Gobierno de marzo de 2012, que otorga los permisos de investigación de hidrocarburos situados en el Océano Atlántico frente a las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, según informan fuentes del Alto Tribunal.

Repsol obtuvo los primeros permisos para estudiar la potencia petrolífera de esos fondos marinos en 2001, pero dicho tribunal los anuló tres años después porque no contaban con las medidas ambientales exigidas por la ley. El Gobierno revisó esa decisión en marzo de 2012, pero se encontró con la oposición del Ejecutivo autonómico, las organizaciones ecologistas y la opinión pública de la comunidad autónoma.

Los detractores consideran que las exploraciones podrían causar graves impactos sobre Lanzarote y Fuerteventura, dos islas declaradas Reservas de la Biosfera por la UNESCO, y sobre especies amenazadas muy vulnerables como tortugas y cetáceos. A ello se suman negativas repercusiones socio-económicas sobre la actividad pesquera y turística, según argumentan.

El pasado mes de mayo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente emitió la declaración de impacto ambiental favorable a los sondeos, aunque establece medidas "preventivas y correctoras" para evitar posibles riesgos. Sin embargo, el Parlamento canario se ha puesto en pie de guerra y aprobó la petición de competencias al Estado para convocar una consulta popular vía referéndum sobre las prospecciones, y una semana después Coalición Canaria y Nueva Canarias registraron dos proposiciones no de ley en las que se reclama al Gobierno central dicha consulta popular.

En 2012, el Supremo ya avaló las prospecciones petrolíferas cuando rechazó el recurso de reposición interpuesto por el Gobierno de Canarias. El tribunal ya argumentaba entonces que el motivo en que fundó su decisión de 2004, por el que anulaba los primeros permisos, fue que "se habían omitido, respecto de unas determinadas labores de investigación previstas para un específico período temporal, las medidas de protección medioambiental obligadas en virtud de la Ley 34/1994, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos".

Sin embargo, la Sala ya explicaba que el Real Decreto de 2012 ya incorporaba las medidas de protección ambiental. Por eso, descartaba que el Gobierno había intentado eludir la sentencia de 2004 “cuando, en realidad, tiene como objetivo y designio precisamente el de incorporar al proyecto de investigación y al programa de trabajos las medidas medioambientales cuya falta pusimos de relieve”, decía en ese momento.

Con el Real Decreto, se permite a Repsol y a sus socios en este proyecto -Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG- prospectar nueve zonas del Atlántico situadas entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote y la mediana imaginaria que divide las aguas españolas de las marroquíes.