La Empresa de Autopistas pagará una tasa de rentabilidad a los bancos de hasta el 4%

El Ministerio de Fomento ha informado a los bancos y constructoras que la rentabilidad anual de la deuda contraída por la futura Empresa Nacional de Autopistas (ENA II) podría alcanzar el 4% de interés de acuerdo con la previsión de tráfico en las actuales autopistas en crisis. La ministra Ana Pastor ha dado de plazo hasta el lunes para que las entidades financieras y SEOPANcontesten a la propuesta del Gobierno.

El plan financiero elaborado a instancias del Ministerio de Hacienda establece el reconocimiento de una deuda de 1.950 millones a los bancos acreedores y otros 235 a las constructoras en su condición de accionistas de las concesionarias de peaje. Estos importes se corresponden con una quita del 50% de la llamada responsabilidad patrimonial del Estado (RPA) y serían liquidados a partir de un bono a 30 años con un interés mínimo del 1%.

La operación contempla que la futura empresa estatal que agrupará a las nueve concesionarias en suspensión de pagos lanzará un fondo de titulización para garantizar el pago de la deuda. La ENA II nacerá sin mayor lastre financiero, de manera que sus ingresos por peajes puedan cubrir el 50% de los costes, una condición indispensable para que el rescate no genere déficit público en términos de contabilidad nacional.

Aparte de los 2.185 millones que deberán ser contabilizados como deuda pública, el Estado tendrá que asumir otros 1.200 millones derivados del sobrecoste de las expropiaciones que se ha generado tras las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo. Con estos mimbres, el Gobierno considera que la solución es muy favorable para los bancos que tienen provisionado el ‘agujero’ de las autopistas, que ahora podrán desbloquear la mitad de estas dotaciones de cara a los próximos test de estrés que va a llevar a caboel Banco Central Europeo (BCE).

Las constructoras ya ganaron en su día

Otra situación bien distinta es la de las constructoras, que van a perder todo su capital sin obtener ninguna participación en la nueva sociedad estatal. Fuentes oficiales aseguran que los accionistas de las concesionarias no tienen nada que ganar porque lo tienen todo perdido y, en cualquier caso, han conseguido importantes ingresos en la contratación de la obra civil que dio lugar a la construcción de las célebres autopistas de peaje.

El proyecto original de Fomento consistía en promover una empresa mixta en la que el sector privado dispondría de un 20% y el Estado controlaría el 80% del capital. El problema residía en la estructura de balance que impedía asegurar la rentabilidad mínima de negocio que exige la contabilidad de Eurostat. En otras palabras, la nueva compañía así configurada caía de bruces en las cifras de déficit público desquiciando los planes de consolidación fiscal del ministro Cristóbal Montoro.

Los representantes del G-6, que incluye al Banco Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Sabadell y Popular, junto al presidente de SEOPAN, Julián Núñez, volverán a reunirse el próximo lunes con la plana mayor del Ministerio de Fomento, encabezada por Ana Pastor. El encuentro, a partir de las cinco de la tarde, es la última oportunidad para el acuerdo. De lo contrario, el Gobierno dejará que las concesionarias vayan entrando en liquidación y asumirá el coste de las demandas que acreedores y accionistas puedan interponer en busca de la responsabilidad patrimonial del Estado. A buen seguro que la sangre no llegará al río.