La Generalitat asume toda la culpa por la quiebra de Spanair y ofrece 50 millones

La Generalitat prepara una oferta para asumir toda la responsabilidad en el concurso de acreedores de Spanair, si bien todavía no la ha formalizado ante el titular del juzgado mercantil número 10 de Barcelona. Así lo han explicado fuentes jurídicas cercanas al proceso, que cifran la cantidad que la Administración catalana pondría sobre la mesa en unos 50 millones de euros.

Esta cifra está lejos de los 72 millones euros que reclama la fiscal tanto a la Generalitat, como al consejo de administración, que entonces presidía Ferran Soriano, actual director general del Manchester City.

La Generalitat ofrece una cantidad menor en tanto que estima que el tiempo que estuvo negociando con Qatar Airways la venta del 51% de Spanair forma parte del intento para salvar la compañía y no debe computar, pese a que la situación económica de la compañía ya estaba muy deteriorada. Fuentes de la Generalitat no han confirmado esta información. En algún caso, incluso, se ha apuntado que se seguiría apostando por una declaración de no culpabilidad en el concurso de acreedores.

La Generalitat asumiría toda la responsabilidad ante la petición del Fiscal para que se abonen 72 millones, calculando esta cantidad en lo que le costó a la compañía retrasar la petición de concurso. El Consell Executiu debería ser informado como mínimo de la cuantía que se paga por la aventura de Spanair.

La intención de la Generalitat con esta oferta sería el equivalente a un acuerdo extrajudicial. Las fuentes consultadas, sin embargo, consideran que es improbable cuando hay un proceso concursal de por medio y que, por tanto, habrá un juicio antes de agosto, tal y como pretende el juez, Juan Manuel de Castro, que lleva el proceso desde el juzgado número 10.

Reconocimiento

La oferta supone un reconocimiento a lo que todo el mundo sabe, pero la Generalitat todavía no ha admitido oficialmente a día de hoy: que Spanair era de facto una empresa pública de la Administración catalana, por mucho que se disfrazara a través de diversos subterfugios de inversión privada con puntual apoyo público.

En realidad, el ofrecimiento de la Generalitat para llegar a buen puerto dependerá de que tanto el juez como la fiscal del caso, Raquel Amado, den por bueno el acuerdo. En caso positivo habría que ver qué se hace respecto a otras medidas como la inhabilitación que podría aplicarse a los miembros del consejo de administración de Spanair.

Los consejeros sobre los que pesa esta espada de Damocles, además de Soriano, son el antiguo director general, Michael Balint Szucs; el exvicepresidente, Benny Zkrisson; y los consejeros Miquel Martí Escursell, Josep Mateu Negre, Rafael Bagó Mons, Josep Maria Benet Ferran, Joan Gaspart, Manuel Albanell Mira y Karl Mats Erik Lönnqvist.

Delimitación de responsabilidad

La Fiscalía ha acotado cuidadosamente las responsabilidades en el caso de Spanair. Por ejemplo, ha considerado culpable a la Generalitat pero no a otras instituciones que habían participado en la compañía, como es el caso del Ayuntamiento de Barcelona o de Fira de Barcelona.

La razón, según fuentes cercanas a la Fiscalía, es que se considera que en realidad la Generalitat estaba ejerciendo a cabo la administración efectiva de Spanair a través de la empresa pública Avançsa. Así, en el escrito del fiscal se desvela que desde mayo del 2011 existía una comisión formada por Albert Carreras, secretario general de Economía; Joan Sureda, exdirector general de Industria, y Damià Calvet, secretario de Territorio y Movilidad, quienes de hecho controlaban Spanair, el flujo de fondos públicos y las negociaciones para vender la compañía a Qatar Airways que al final se malograron y publicaron la suspensión de operaciones y el fin del sueño de Spanair. La línea aérea de bandera catalana acabó quebrando dejando un agujero de 454 millones.