El Gobierno marca el terreno al capital riesgo-pyme: prohibido invertir en 'ladrillo'

El Gobierno ha extendido el marco de actuación de lo que se considera en España una pequeña y mediana empresa (pyme) con el fin de habilitar alternativas a la financiación bancaria por la vía de las nuevas entidades de capital riesgo (ECR). De acuerdo con el anteproyecto de ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, las nuevas ECR-pymes podrán dedicar sus recursos a todas aquellas sociedades con menos de 250 empleados y que en el momento de la inversión dispongan de un volumen de negocio máximo de 50 millones de euros o bien su activo no sea superior a los 43 millones.

El Ministerio de Economía trata de abrir la mano estableciendo un perfil muy amplio de compañías que podrán beneficiarse de la nueva regulación del capital riesgo. La única y gran excepción de la futura legislación, sobre la que ahora tiene que pronunciarse el Consejo de Estado, se refiere a la industria del ladrillo. Entre los requisitos exigidos a las futuras ECR-pymes figura expresamente la prohibición de destinar inversiones a “empresas financieras o de naturaleza inmobiliaria”.

El ministro Luis de Guindos ha dejado muy claro que gran parte de la deuda acumulada en nuestro país por las empresas privadas, equivalente a un 130% del PIB, corresponde a compañías constructoras o vinculadas al negocio del ladrillo. En este tipo de actividades, el objetivo prioritario es frenar el alud de apalancamiento excesivo antes de procurar nuevas fórmulas de financiación. De ahí el interés del Gobierno por alejar el capital riesgo de un sector que, como el inmobiliario, se ha demostrado especialmente sistémico para la gran crisis económica que todavía padece España.

Las entidades de capital riesgo podrán destinar sus recursos no sólo a la compra de acciones o participaciones de las pymes, sino también a la concesión de préstamos participativos o de cualquier otro tipo de instrumentos financieros, tanto de carácter híbrido vinculados a la cuenta de resultados del beneficiario como de deuda ordinaria. La aportación de crédito puro es precisamente la gran novedad que contempla la futura legislación, si bienfalta todavía por definir el alcance real de las deducciones fiscalesque dichas inversiones podrán generar a favor de las ECR-pymes.

El anteproyecto de ley establece un coeficiente obligatorio de inversión del 70% del patrimonio de las nuevas entidades, que en cualquier caso no podrán destinar a una misma empresa o grupo de empresas más del 40% de su activo computable en el momento de la inversión. El Gobierno trata de imponer una estricta política de diversificación y limitación de inversiones que, en última instancia, será regulada a través de la CNMV. El organismo que preside Elvira Rodríguez dispondrá de facultad para establecer también los términos de la financiación ajena que puedan obtener para su actividad las propias ECR-pymes.

Abrir la mano pero con todas las cautelas

La nueva regulación sobre capital riesgo deroga la ley 25/2005 de 24 de noviembre con el objetivo de fomentar una mayor captación de fondos que permita la financiación de un número más numeroso de empresas. En la exposición de motivos de esta nueva normativa, el Gobierno reconoce que el crecimiento del capital riesgo en España ha sido desigual, favoreciendo una “clara preponderancia de compañías ya consolidadas y maduras que se han beneficiado del private equity y de las operaciones apalancadas, en detrimento del venture capital dirigido a las empresas en etapas más tempranas de su desarrollo”.

El anteproyecto de ley recoge también una amplia serie de potenciales infracciones y sanciones que evidencia las cautelas con que el Ministerio de Economía trata de asegurar el control efectivo de las nuevas fórmulas de financiación. Las multas oscilan desde mínimos de 60.000 euros a un máximo de 300.000 euros o el equivalente a un quíntuplo del beneficio bruto obtenido por los actos y omisiones en que consista la infracción.

El Gobierno quiere nadar y guardar la ropa otorgando carta de naturaleza a un marco normativo que, aplicado con todas sus consecuencias, servirá para financiar proyectos empresariales desde su primer momento de arranque. Se trata de propiciar un empujón definitivo al verdadero capital riesgo en nuestro país pero, eso sí, evitando que “por la caridad pueda entrar la peste” de onerosos riesgos que pongan en peligro el saneamiento del mercado financiero en España.