La Junta Electoral no vetará los decretazos pero sí la propaganda los 'viernes sociales'

El Gobierno de Pedro Sánchez podrá seguir aprobando decretazos hasta el último minuto en sus 'viernes sociales'. Legalmente, ni la Junta Electoral Central ni los letrados del Congreso pueden impedir que siga mandando normas directamente al BOE pese a que las Cortes estén disueltas para las elecciones del 28 de abril, según fuentes conocedoras del procedimiento. Los letrados solo opinan que si los grupos de la Diputación Permanente piden tramitar algún decreto ley como una ley ordinaria, esta decaería automáticamente. Por su parte, la Junta Electoral puede revisar que el Gobierno no saque pecho de sus decretos tras el Consejo de Ministros, algo que analizará previsiblemente la semana que viene, pero no impedirlos. La oposición no encuentra forma de frenar lo que denuncia como un uso electoralista de las instituciones.

Desde que triunfó la moción de censura, el decreto ley ha sido la fórmula del Gobierno para soslayar al Congreso debido al exiguo apoyo que formaban los 84 diputados del grupo socialista. El pasado mes de agosto, Moncloa justificó que es "habitual que en los primeros meses de una legislatura, o de un Gobierno, se aprueben muchos decretos leyes". Los decretos leyes están previstos para situaciones de "extrema urgencia y necesidad", pero algunos de los últimos decretazos son para medidas a largo plazo, como los permisos de paternidad ampliables hasta 2021.

El Gobierno justifica la urgencia del decreto de igualdad en que "la mitad de la población está viendo afectados sus derechos fundamentales"

Los decretos leyes entran en vigor en cuanto los aprueba el Consejo de Ministros, y el Congreso tiene un mes para ratificarlos o tumbarlos. Con las Cortes disueltas, debe hacerlo la Diputación Permanente, el órgano de guardia, compuesto solo por un grupo reducido de diputados y sin capacidad legislativa. En democracia, se han aprobado 33 decretos leyes con las Cortes disueltas. La mayoría fueron por temas urgentes —ayudas tras temporales, por ejemplo—, pero también alguna medida de calado.

En los nueve meses de su mandato, Sánchez ha aprobado 32 decretos leyes, mientras que Rajoy aprobó 27 en ese periodo cuando llegó a la Moncloa (y ya fue un récord). Sánchez ha anunciado que seguirá gobernando así "hasta el último minuto" por la parálisis de la Mesa del Congreso, con mayoría de PP y Ciudadanos. "Ante el bloqueo parlamentario de PP y Ciudadanos, tengo dos opciones: no hacer nada y resignarme o aprobar vía decreto aquellas medidas justas para este país. Y voy a seguir aprobando medidas en beneficio de la mayoría de este país", declaró el miércoles Sánchez. Una de ellas es recuperar el subsidio a mayores de 52 años.

El decreto ley de los permisos de paternidad, por ejemplo, justifica la urgencia en que la "situación de desigualdad, visible en la brecha salarial que no ha sido reducida en los últimos años, exige una actuación urgente y necesaria por parte del Estado, puesto que la mitad de la población está sufriendo una fuerte discriminación y está viendo afectados sus derechos fundamentales". El decreto fue aprobado el viernes y el miércoles aún no había ido al BOE, lo que pone en duda su urgencia, según fuentes jurídicas.

Otro de los últimos decretazos, el del Brexit, sí encaja en los requisitos de urgencia, pero en el texto en el BOE no se justifica, no hay ni un párrafo explicando la urgente necesidad de la norma. La oposición puede recurrir al Constitucional la justificación de urgencia, pero en la práctica el tribunal tarda años en pronunciarse y tradicionalmente ha mostrado manga ancha sobre las razones que esgrime el Gobierno —aunque últimamente ha endurecido su postura—. En agosto, el PP ya anunció que recurriría los decretos no urgentes, pero luego nunca lo hizo.

El problema es qué ocurre si los partidos piden que estos decretos leyes se tramiten luego como una ley para que los grupos puedan introducir enmiendas. Es lo que han hecho durante la legislatura, aunque en la práctica no ha servido para nada porque ha acabado antes de que ninguna de esas normas llegara a aprobarse. El Congreso ha pedido a los letrados de las Cortes que informen sobre esta situación, pero esa vía tiene poco recorrido, según fuentes conocedoras del procedimiento. La oposición considera que al llegar con las Cortes disueltas, se limita la capacidad de los diputados para legislar porque no pueden tocar ni una coma de los decretos del Gobierno.

En un libro jurídico escrito por letrados de las Cortes, 'Comentarios al reglamento del Congreso de los Diputados', de 2012, ya se plantea esa posibilidad. Allí se recuerda que la Diputación Permanente nunca ha pedido que un decreto ley se tramite como ley, pero que si lo hiciera habría tres opciones: que la propia Diputación Permanente legislara e introdujera enmiendas, que se quedase para la siguiente legislatura o que nada más acordarlo decayera, como ha ocurrido con las casi 300 iniciativas en marcha en el Congreso al disolverse las Cortes. Esta última es la opción que en ese manual los letrados avanzaron como probable y es lo que fuentes jurídicas aventuran que concluirán. Explican que ni la Diputación Permanente tiene capacidad legislativa ni se puede imponer la tramitación de una ley a la siguiente mayoría parlamentaria.

En un Consejo de Ministros en Sevilla, Celaá no pudo hablar de inversiones en Andalucía por estar en campaña autonómica

Dado que la vía del Constitucional es inviable por los plazos y la de frenarlos en las Cortes tampoco parece viable, el PP y Ciudadanos han recurrido a la Junta Electoral contra estos 'viernes sociales'. La Junta Electoral Central no tiene margen para prohibir que el Gobierno siga aprobando decretos leyes sociales hasta las elecciones. Pero sí puede entrar, según fuentes conocedoras del procedimiento, en que en las ruedas de prensa después de los consejos de ministros no saque pecho, como han pedido PP y Ciudadanos. La Ley orgánica de Régimen Electoral prohíbe "cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos", pero no habla de iniciativas legislativas.

La Secretaría de Estado de Comunicación considera que ha cumplido la ley. En realidad, el recurso del PP y de Ciudadanos es preventivo, porque el primer Consejo de Ministros con las Cortes disueltas es el del próximo viernes. Hay un precedente que demuestra que esas ruedas de prensa sí están afectadas en estas situaciones.

La ley electoral prohíbe actos institucionales que incidan en el voto, pero no iniciativas legislativas

En la pasada campaña de las andaluzas, el Consejo de Ministros se trasladó a Sevilla, pero la portavoz, Isabel Celaá, no pudo hablar nada de inversiones en Andalucía. "Me va a permitir usted que no hable de ninguna de estas dos cuestiones, habida cuenta de que se refieren a Andalucía y tenemos abierto el periodo electoral y no voy a hacer referencia a ellas", respondió a un periodista que preguntaba sobre ayudas en Andalucía. También están prohibidas las inauguraciones, pero nada evita que el PSOE alardee en sus actos de los decretos del Gobierno.

La Junta Electoral ya emitió una instrucción el martes en la que recordaba que "la neutralidad de todos los poderes públicos durante los procesos electorales constituye uno de los instrumentos legalmente establecidos para hacer efectivo el sufragio igualitario en la elección de los representantes parlamentarios". En esa instrucción, amplía la prohibición a la precampaña de las municipales del 26 de mayo, para que los presidentes autonómicos no puedan sacar pecho de su gestión durante la campaña de las generales.