Rosell repetirá en las listas a la espera de una imputación que choca con el código ético

Los estándares éticos de Podemos obligan a sus representantes públicos a firmar un compromiso de renuncia que se materializa automáticamente en caso de imputación por delitos de corrupción. La jueza en excedencia y diputada Victoria Rosell ha entregado su acta como miembro de la Diputación Permanente del Congreso tras la investigación abierta en su contra por el Tribunal Supremo. Rosell renuncia así a su aforamiento, al tratarse del único órgano que prevalece tras la disolución de las Cortes, al mismo tiempo que provoca el traslado de su causa a un juzgado ordinario. Sin embargo, la confirmación por parte de la dirección de su presencia en las listas para el 26-J chocaría con el código ético de la formación si se vuelve a abrir la investigación.

El recorrido de la querella que interpuso contra ella el exministro José Manuel Soria, recientemente dimitido por su aparición en los papeles de Panamá, se alargará ahora varias semanas más, hasta que vuelva a ser admitida a trámite siguiendo las apreciaciones del TS. Mientras tanto, Rosell repetirá en las listas de la formación emergente, encabezando la candidatura por Las Palmas, lo cual han dado por hecho tanto el secretario general, Pablo Iglesias, como su número dos, Íñigo Errejón. De salir elegida nuevamente, Rosell recuperaría el aforamiento como parlamentaria.

La sala del alto tribunal abrió la investigación este martes por retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho. El tribunal, que ha nombrado instructor del caso a Juan Ramón Berdugo, iba a investigar la demora en una investigación judicial atribuida a Rosell cuando era titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas en que se indagaba a un empresario supuestamente relacionado con su pareja.

Los hechos podrían enmarcarse como corrupción por la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos, uno de los delitos que el reglamento de la formación considera como objeto de renuncia al cargo. El resto de delitos tipificados en este reglamento son los “económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos”.

En manos de la Comisión de Garantías

La jueza en excedencia mantiene su predisposición a declarar para defender su inocencia. La dirección del partido ha mostrado su solidaridad con la diputada y cerrado filas en su defensa, siendo el secretario general el primero en salir en su apoyo el mismo día que el TS abrió la investigación. “No tengo la menor duda de que su comportamiento ha sido siempre honesto y ajustado a derecho”, subrayó el líder del partido. La propia Rosell declaró tras presentar su renuncia en el registro del Congreso que "Soria no va a conseguir después de morir políticamente arrastrarme con él con mentiras", insistiendo varias veces en que la querella que investiga el Supremo ha sido interpuesta por "un mentiroso".

El reglamento que desarrolla el séptimo punto del artículo 11 del código ético establece el compromiso de renuncia al cargo en caso de ser “imputado, procesado o condenado por faltas y delitos”. Un extremo por el que la diputada quedaría inhabilitada, aunque el aval de la dirección para que repita en las listas abre la puerta a una interpretación según la cual su caso no se enmarcaría como una imputación por corrupción. En todo caso, la última palabra la tendría la Comisión de Garantías Democráticas, que preside la diputada y miembro de la Mesa del Congreso, Gloria Elizo.

El inicio de la investigación contra la diputada de Podemos se produjo con el criterio en contra del fiscal, que pidió el archivo al advertir de que el promotor de la acción disciplinaria -encargado de investigar las infracciones administrativas de los jueces para su remisión a la comisión disciplinaria del consejo- no había encontrado ninguna falta en la actuación de la magistrada ahora en excedencia. Rosell acumula 18 años de carrera judicial, ejercida íntegramente en Canarias. Antes de su incorporación a Podemos como independiente, era jueza titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, y desde 2012 había sido portavoz adjunta nacional de la asociación Jueces para la Democracia.