Zucman: "La lógica del libre comercio no justifica el robo de los paraísos fiscales"

Desde los años ochenta, una poderosa industria se ha ido desarrollando alejada de los focos en las Islas Caimán, Luxemburgo, Hong Kong y otros paraísos fiscales. Bancos, consultorías y despachos de abogados se instalaron en estos países para servir a millonarios y multinacionales de todo el mundo. Ofrecen una variedad de servicios —la mayoría dentro de la legalidad— para reducir la carga tributaria en otros países, pero al mismo tiempo incrementan la desigualdad y fomentan la inestabilidad financiera.

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Si analizamos en profundidad diferentes indicadores macroeconómicos y rastreamos el dinero, podemos entender el coste negativo que las jurisdicciones opacas provocan en otros países. Los datos que los centros ‘offshore’ publican son difíciles de comprender y nuestro sistema para medir la riqueza de los hogares y los beneficios de las multinacionales tiene muchas debilidades. Aun así, está mejorando y, si analizamos los datos con cuidado, descubrimos patrones sólidos para disipar la opacidad que durante décadas ha rodeado la actividad en los paraísos fiscales.

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El punto de partida de mis investigaciones surge de la ingente cantidad de beneficios que las grandes empresas simulan obtener en un puñado de enclaves y pequeñas islas muy poco pobladas. Por cada euro destinado a sueldos, esas multinacionales ingresan de media 50 céntimos en beneficios. Consideremos ahora el caso de Luxemburgo. Por cada euro pagado en salarios en ese país de la Unión Europea, las grandes empresas declaran la considerable cantidad de 3,5 euros en beneficios. ¿Quién podía imaginarse que los trabajadores del Gran Ducado —la mitad de los cuales son franceses, alemanes y belgas que cruzan la frontera dos veces al día para trabajar en Luxemburgo— eran tan productivos?

Por supuesto, no son tan productivos. La razón por la que esas grandes empresas generan tantos beneficios en Luxemburgo es porque maquillan sus resultados. En teoría, las multinacionales deben repartir sus beneficios entre sus filiales como si éstas fuesen entidades independientes, comerciando bienes y servicios entre ellas a precios de mercado. En la práctica, los precios de las transacciones dentro del mismo grupo son continuamente manipulados por los bufetes y consultorías ‘offshore’ con el objetivo de generar beneficios en jurisdicciones de baja fiscalidad. Es más, un número creciente de multinacionales registran sus algoritmos, marcas y logos en paraísos fiscales para ‘exportar’ los beneficios de países como Alemania o Estados Unidos, donde realmente se han generado.

En 2015, Google Alphabet declaró 15.500 millones de dólares de beneficio en Bermudas, país donde el impuesto de sociedades es de un modesto 0%

Un buen ejemplo —quizás el más espectacular— es Google Alphabet. En 2003, menos de un año antes de su salida a bolsa en agosto de 2004, Google US transfirió su tecnología de búsquedas y publicidad a Google Holdings, una filial registrada en Irlanda pero con domicilio en Bermudas para obtener una mejor fiscalidad. Desde entonces, todos los beneficios generados por estos activos han acabado en Bermudas tras un camino libre de impuestos por Países Bajos. Este es el infame ‘doble sándwich irlandés-neerlandés’. En 2015, Google Alphabet declaró 15.500 millones de dólares de beneficio en Bermudas, país donde el impuesto de sociedades es de un modesto 0%. Es como si cada habitante de la isla hubiese generado 260.000 dólares en beneficios para la compañía de Mountain View. Pero la realidad es que casi ninguno trabaja para Google.

Un engaño masivo

Google está lejos de ser un caso único. Con mis compañeros Thomas Tørsløv y Ludvig Wier, hemos cruzado los datos publicados por jurisdicciones opacas de todo el mundo para cuantificar el coste del desvío artificial de beneficios a paraísos fiscales. Los diminutos países como Bermudas no producen estadísticas significativas, pero las jurisdicciones secretas de la Unión Europea —que son opacas de muchas maneras, pero al menos tienen que cumplir con las directrices estadísticas europeas impuestas por Eurostat—sí lo hacen. Las seis jurisdicciones europeas menos colaboradoras (Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Malta y Chipre) desvían fondos por un total de 350.000 millones de euros cada año (cifra algo superior al gasto contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para 2017). Este montante se corresponde con el total de beneficios generados en otros países, la mayoría de la Unión Europea. Tras ser manipulados por contables bien adiestrados que cobran sueldos astronómicos, los beneficios acabaron en Luxemburgo o Países Bajos, donde son gravados con tasas impositivas reducidas, normalmente entre un 0 y un 5%.

En el mundo, más de 600.000 millones (la mitad del PIB español) son redistribuidos artificialmente cada año por las multinacionales a paraísos fiscales

¿Quién pierde por culpa de este engaño? Sobre todo, Estados Unidos y los países europeos más grandes, donde viven la mayoría de los trabajadores y de los clientes de las multinacionales. Las jurisdicciones opacas privan a la Unión Europea de una quinta parte del impuesto de sociedades que actualmente recauda: 60.000 millones de euros al año. Solo para España la factura asciende a 4.173 millones de euros, cantidad equivalente al gasto anual del Estado en Sanidad, sin incluir lo desembolsado por las comunidades autónomas.

Cada país tiene el derecho soberano de elegir su sistema tributario. Pero cuando Países Bajos ofrece acuerdos de imposición a medida de las multinacionales, cuando las Islas Vírgenes Británicas permite a los blanqueadores de dinero crear compañías anónimas por un céntimo, cuando Suiza guarda el secreto de la riqueza de las élites corruptas, todos ellos están robando los ingresos de otros países. Mientras el resto perdemos, ellos ganan: honorarios, influencia a nivel internacional y, por irónico que parezca, una mayor recaudación de impuestos.

Irlanda y su impuesto de sociedades

Analicemos Irlanda, uno de los villanos de esta historia. Hace treinta años, cuando su impuesto de sociedades ascendía al 50%, en términos relativos, Irlanda recaudaba menos ingresos de las empresas que Estados Unidos o la Unión Europea. Desde que bajó el gravamen al 12,5% en la década de 1990 —en la práctica, la tasa aplicada a alguna de sus multinacionales es incluso menor, a veces cercana al 0%— ha ingresado mucho más que los países de tributación más elevada. ¿Se debe a que la reducción de impuestos ha espoleado la actividad doméstica, el empleo y el crecimiento? Nada más lejos de la realidad. Los beneficios extra que acaban en el bolsillo de la agencia tributaria irlandesa proceden de los beneficios artificiales de las multinacionales extranjeras establecidas en Dublín o Cork. Estas ganancias fueron generadas realmente en otros países y solo existen en Irlanda sobre el papel. De este modo, el Gobierno irlandés obtiene más ingresos de los que puede gastar en carreteras u hospitales, mientras otros países ven reducida su cuota. Nada bajo la lógica del libre comercio justifica este robo.

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Resulta sencillo comprender por qué este proceso persiste. Dada la enorme cantidad de beneficios repartidos en países ‘offshore’, las jurisdicciones opacas tan solo necesitan fijar una cuota impositiva baja para recaudar grandes sumas en comparación con el tamaño de sus economías. Mientras no se les impongan sanciones importantes, no habrá forma de que los centros financieros ‘offshore’ abandonen este negocio tan lucrativo. Desafortunadamente, los gobiernos no han sido contundentes en su determinación para paliar el problema. Así, el crecimiento de los movimientos artificiales de beneficios continúa creciendo año tras año. Las multinacionales estadounidenses facturan un 63% de sus beneficios internacionales en seis jurisdicciones opacas, siendo la más destacada Países Bajos. Desde 2006, el peso de estas jurisdiccione opacas ha aumentado un 20% (figura 2).

Mayor desigualdad

Las jurisdicciones secretas son uno de los factores clave en el aumento de la desigualdad global. Los principales beneficiados de los reducidos impuestos pagados por las multinacionales son los accionistas de las compañías que esquivan al fisco. Debido a que gran parte de la riqueza mundial pertenece a gente con un patrimonio muy elevado, y en su mayoría envejecida, la elusión fiscal tan solo enriquece a un pequeño grupo de la población. Y los impuestos que las multinacionales esquivan se compensan con tributos más elevados a la clase media y trabajadora, haciendo mucho más difícil que estos grupos de la población ahorren o acumulen riqueza.

El gasto público se desploma si no se compensa por las grandes fortunas. De esta forma, el beneficio que la Unión Europea pierde en los paraísos fiscales es el equivalente a cerca de la mitad del gasto público que realiza en educación superior. A semejanza del cambio climático, los paraísos fiscales se sitúan en la base del traslado de la riqueza, que favorece a los mayores y empobrece a los más jóvenes.

El 10% de la riqueza mundial se encuentra en países ‘offshore’ en manos de multimillonarios y en forma de depósitos, acciones, bonos y fondos de inversión

Pero hay incluso una vía más directa a través de la cual las jurisdicciones opacas incrementan la desigualdad. Mientras ayudan a las multinacionales a eludir impuestos, los centros ‘offshore’ permiten a las grandes fortunas esconder su riqueza del fisco, de sus socios, de sus esposas o de los jueces. El 10% de la riqueza mundial se encuentra en países ‘offshore’ en manos de multimillonarios y en forma de depósitos bancarios, acciones, bonos y fondos de inversión. En la mayoría de los casos, detrás de sociedades, fundaciones o trust pantalla. Hasta hace poco, no teníamos una idea adecuada de quién retenía esta riqueza, pero con mis colegas Annette Alstadsæter y Niels Johannesen hemos podido avanzar en este problema gracias a las filtraciones que se han sucedido en los últimos años.

Tras analizar los datos revelados en SwissLeaks (pertenecientes al HSBC suizo, la filial del gigante bancario HSBC) y en los papeles de Panamá (pertenecientes a la firma legal panameña Mossack Fonseca), tuvimos la oportunidad de estudiar la riqueza de los usuarios de los paraísos fiscales.

Nadie se sorprenderá de que muchos de los activos ‘offshore’ pertenezcan a multimillonarios. Los pobres no se caracterizan por esconder sus bienes en cuentas de bancos suizos. Pero es asombroso conocer hasta qué punto la riqueza ‘offshore’ está concentrada en unas pocas manos. Alrededor del 50% de la riqueza mantenida en paraísos fiscales pertenece a hogares con más de 50 millones de dólares de patrimonio neto, un grupo al que la banca privada apoda UHNWI (individuos con fortunas multimillonarias, del inglés ‘ultra-high-net-worth individual') y a los que corteja constantemente. Estos multimillonarios representan alrededor del 0,01% de la población de las economías avanzadas.

Mucha gente cree que la evasión fiscal ha pasado a ser más 'democrática' con el paso del tiempo. En el momento de la filtración del HSBC suizo, en 2007, los bancos suizos tenían cientos de miles de clientes. Según esa métrica, el uso de las jurisdicciones opacas se había generalizado. Pero la riqueza en manos de estos clientes moderadamente ricos no representa mucho comparado con el patrimonio que poseen los UHNWI. La consecuencia es clara. Debido a los paraísos fiscales, infravaloramos el nivel y el aumento de la desigualdad global de forma sustancial. Ya sea para evadir impuestos o simplemente para eludirlos, la riqueza oculta en los paraísos fiscales es invisible para las bases de datos tradicionales con las que calculamos variables como la actividad económica, la desigualdad, la contabilidad nacional y los registros de impuestos.

Las consecuencias son dramáticas en un país como Rusia, donde la mayoría de la riqueza de los UHNWI se esconde fuera del país. En Reino Unido, España, Alemania y Francia, entre el 30 y el 40% de la riqueza del 0,01% más rico de la población se encuentra en el extranjero. En Estados Unidos, el desvío de fondos hacia territorios ‘offshore’ también incrementa la desigualdad, pero su efecto pasa más inadvertido que en Europa, ya que en el país americano la riqueza está ya muy concentrada incluso sin tener en cuenta los paraísos fiscales. En cualquier caso, es evidente que nuestras herramientas estadísticas para medir la desigualdad no están adaptadas al capitalismo del siglo XXI.

Al mismo tiempo que la desigualdad aumenta, las firmas establecidas en centros financieros ‘offshore’ fijan sus objetivos para una pequeña, pero muy rica, clientela. Para ellos, resulta más beneficioso servir a unos pocos clientes, pero muy ricos, que a docenas de miles de 'dentistas belgas', muchos de los cuales han sido expulsados de los bancos suizos en los últimos años. En 2007, HSBC Suiza tenía 30.000 clientes, con un saldo medio en sus cuentas corrientes de 3,9 millones de dólares. En 2014, el número de clientes ha caído hasta cerca de los 10.000. En cambio, el valor medio de las cuentas se ha disparado hasta los 6,6 millones de dólares. Al mismo tiempo que crece la desigualdad, la evasión fiscal se está convirtiendo en un deporte de élite gracias a los paraísos fiscales.

El coste y el futuro

¿Pero cuánto cuesta todo esto? No toda la riqueza depositada en jurisdicciones opacas evade impuestos, pero un gran número de evidencias sugiere que la mayoría lo hace, en torno al 80%. La ocultación de la riqueza priva a los gobiernos de sustanciales ingresos, alrededor de 170.000 millones de dólares cada año. El coste es particularmente elevado en los países de América Latina como Argentina y Venezuela, así como en otras economías emergentes. Incluso, en un país como España, las pérdidas anuales de ingresos se aproximan a los 7.000 millones de euros, a los que deben añadirse los 4.100 millones eludidos por las multinacionales que operan en el país. En total, 11.000 millones de euros cada año, el doble de lo destinado por el Estado para infraestructuras en 2017.

Los continuos escándalos en la industria ‘offshore’ pueden dar la sensación de que no se puede hacer nada para combatir este abuso. Pero esta perspectiva es errónea, ya que en la última década se ha avanzado para luchar contra la evasión fiscal, y además se puede hacer mucho más en el futuro próximo.

El velo que cubría las actividades en los paraísos fiscales comienza a desaparecer. Antes de las crisis financieras de 2008 y 2009, muchas de estas jurisdicciones se negaban a publicar cualquier estadística significativa sobre sus actividades, o incluso a colaborar con las autoridades fiscales. En 2016, un número importante de jurisdicciones opacas —incluidas Luxemburgo, las islas del Canal y Hong Kong— comenzaron a publicar datos sobre el número de depósitos que los extranjeros tenían en sus bancos. En 2017, muchas de esos paraísos comenzaron a intercambiar información bancaria con terceros países.

¿Por qué permitimos que una buena parte de las viviendas de Manhattan esté en manos de sociedades pantalla que esconden a criminales?

En cualquier caso, muchos de los datos todavía no están disponibles y queda mucho por hacer para mejorar la transparencia financiera. Un buen número de países con un elevado volumen de transacciones, entre los que se encuentran Panamá o Singapur, aún no publican ningún tipo de estadística ni los nombres de quienes poseen los depósitos de sus bancos. Y lo que es más importante, una creciente fracción de la riqueza 'offshore' (más del 60% en el caso de Suiza) están en manos de sociedades pantalla, trust y fundaciones, todas ellas con el mismo objetivo: hacer que los beneficiarios finales de estas compañías sean ilocalizables. Es imposible luchar adecuadamente contra la evasión fiscal ante tal nebulosa estadística. Los paraísos fiscales siempre pretenden simular que cooperan con otros países, pero carecen de incentivos para ello. Además, no hay forma de saber si son de fiar, ya que no lo han sido en el pasado.

La clave del progreso en este aspecto se basa en imponer sanciones más severas a las firmas y a los países que facilitan estos delitos fiscales. En los últimos cinco años, un puñado de grandes bancos, como Credit Suisse o HSBC, se han visto obligados a pagar multas en Estados Unidos por este motivo. Pero estas sanciones se suelen ver como un coste más de esta clase de negocio y son muy pequeñas comparadas con los beneficios que generan estos gigantes financieros. Un método más persuasivo y eficiente sería amenazar a los bancos con la retirada de sus licencias para operar. En un contexto de aumento de la riqueza en el mundo, hay una demanda muy fuerte para operar en jurisdicciones opacas. Sin estas importantes sanciones, siempre habrá oferta para cubrir esa demanda.

Para cerrar el capítulo del abuso ‘offshore’ también es necesario un registro financiero global. Las sociedades ‘offshore’ a veces están constituidas con una finalidad legítima, pero muchas otras veces son permisivas con el lavado de dinero, la información privilegiada, la elusión de impuestos e incluso a veces con la financiación del terrorismo. La forma más persuasiva de disipar esta opacidad sería crear exhaustivas bases de datos en las que se registren a los propietarios de la riqueza y de las finanzas mundiales. Muchos países ya han desarrollado este tipo de registros sobre bienes inmuebles. Es hora de mejorarlos incluyendo quiénes son los propietarios o beneficiarios finales de estas propiedades. ¿Por qué permitimos que una buena parte de las viviendas de Manhattan o Londres esté en manos de sociedades pantalla que potencialmente esconden a criminales o blanqueadores de dinero?

Un registro global asestaría un duro golpe al secreto financiero y crearía una inestimable fuente de información sobre la distribución de la riqueza

Una vez hecho esto, deberíamos ampliar estos registros para controlar los activos financieros. Una respuesta común a las propuestas para desarrollar registros financieros es que estos amenazarían la privacidad individual. Aunque algunos países tienen registros del catastro y de los bienes inmuebles desde hace siglos, y estos muchas veces son públicos, parece que no se hace un uso adecuado de los mismos. La idea de que un registro financiero mundial iría contra las prácticas que protegen la privacidad es errónea.

Hay mucho en juego: un registro financiero global asestaría un duro golpe al secreto financiero y crearía una inestimable fuente de información sobre la distribución de la riqueza, sin la cual resulta complicado debatir adecuadamente sobre la política de los gobiernos en este terreno. Desde mi punto de vista, este debería ser el principal objetivo de los partidarios de la transparencia europea en los próximos años.

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Gabriel Zucman es profesor de Economía en la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos)

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