La pesadilla de Germán: un empleado de burger atrapado en una telaraña de compra de deuda

El pasado 2 de abril, Germán Santos sufrió un ataque de ansiedad tras recibir el fallo de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Madrid, que le condenaba a pagar 1.356 euros más intereses por una deuda que jamás contrajo. Ha sido el penúltimo capítulo de un proceso kafkiano, una pesadilla que comenzó hace unos meses, en otoño de 2023.

Un día, alguien comenzó a llamar insistentemente a la puerta del piso que Santos, de origen guatemalteco y nacionalidad española, comparte con su novia en Carabanchel. Santos abrió y al otro lado encontró a una mujer. Decía ser empleada de Kruk, una empresa dedicada al recobro de deudas. Santos llevaba meses recibiendo cartas y llamadas de teléfono que le reclamaban aquella cantidad, presuntamente contraída con la financiera Cetelem, división de créditos personales del banco francés BNP Paribas. Como no sabía nada de aquel préstamo, hizo caso omiso a aquellas comunicaciones pensando que eran un engaño.

Aquella mujer le dijo que abogaba por una "solución pacífica", que consistía en pagar esos 1.356 euros que supuestamente Santos debía, más otros cien por "gastos" e "intereses legales". Santos rehusó. La empleada le dejó su tarjeta y le dijo que estaba demandado.

Cuando, el 4 de octubre del año pasado, Santos se presentó en el tribunal para afrontar el monitorio, la cosa se volvió aún más confusa. El demandante no era Cetelem, sino InvestCapital LTD, un fondo buitre con sede en Malta que se dedica a comprar deuda a otras empresas, habitualmente pequeñas cantidades, de unos pocos miles de euros, y considerada como incobrable. En España ha adquirido esta "deuda de consumo no garantizada" a entidades como Carrefour, Cetelem o Wizink. Así que, oficialmente, ellos eran los dueños de la presunta deuda de Germán Santos.

Aquel día pudo ver con sus ojos el contrato que supuestamente había suscrito con Cetelem.

Su nombre y su DNI eran correctos, pero todo lo demás era ficticio. Ni el teléfono móvil, ni el correo electrónico, ni la dirección de residencia, ni el número de cuenta en el que fueron ingresados esos 1.356 euros eran suyos. El contrato también decía que no tenía hijos a su cargo, cuando tiene una niña de ocho años. Conforme leía, todo se volvía más extraño. Aquel dinero fue utilizado para comprar un teléfono móvil en OnlyMóvil, una tienda de Elche, ciudad que Santos declara no haber visitado nunca.

¿Qué estaba pasando? Ahí entró en modo paranoide pensando quién podía tener acceso a esa información suya. "No sabía si podía haber sido alguien de mi trabajo, o el casero de mi casa al que también tuve que darle mi DNI y una copia de mi nómina", recuerda. La respuesta era mucho más compleja y oscura de lo que habría podido imaginar.

Una vieja historia, resucitada

Nada más cumplir la mayoría de edad, en 2010, Santos llegó a España con su madre y su hermano menor. Su primer empleo fue vareando olivos, pero en cuanto obtuvo la nacionalidad dio el salto a Burger King, empresa en la que lleva empleado desde hace 12 años. Por el camino tuvo una hija, cuya custodia comparte, y vive con su actual novia, una malagueña llamada Lydia, en un piso de alquiler en Carabanchel.

Una vida como tantas otras, sin problemas laborales ni contratiempos con la justicia. Sin embargo, su camino se cruzó con el de Cetelem en 2016, cuando contrató con ellos un crédito para una intervención bucodental en iDental —fue antes de que saltara por los aires, cerrando todas sus clínicas y dejando a miles de clientes en toda España colgados— que pagó religiosamente durante dos años. "Me iban descontando 50 euros de la nómina cada mes", explica. "Fueron alrededor de 1.200 euros". Tras pagar la última cuota en 2018 y recibir de Cetelem la carta de pago, no volvió a saber de la empresa.

Hasta que, seis años más tarde, se vio envuelto en este pleito donde la financiera sólo aparecía de fondo, tras la pantalla de otras dos empresas de las que nunca había oído hablar. La prueba definitiva que hizo que la jueza diese la razón a InvestCapital fue una supuesta nómina de Santos. En ella aparecía un número de cuenta que era idéntico al que había en el contrato del crédito firmado con Cetelem. "No entendía nada, porque aquella nómina tampoco coincidía con la que les di en aquel momento para el préstamo", recuerda.

Aunque las cantidades coincidían, de nuevo, muchas otras cosas no cuadraban. Aquella falsa nómina de diciembre de 2019 fue abonada el 8 de enero de 2020, sin embargo, su empresa siempre pagaba a final de mes. Pudo comprobar en su cuenta bancaria cómo el estipendio de aquel mes fue ingresado en su cuenta el 31 de diciembre, más de una semana antes. No se quedaba ahí la cosa. El elemento clave para incriminarle, el número de cuenta de la nómina que coincidía con el contrato con Cetelem, tampoco era suyo.

Además, Santos tenía domiciliada la nómina en Bankia, y en aquella época, la fusión con CaixaBank aún no se había producido, como demuestra la nómina real. Por último, la dirección apuntaba a un domicilio en la calle Lezo de Villaverde, un barrio donde este empleado de Burger King nunca jamás había residido.

Era como un Frankenstein de información de diferentes personas, un macabro corta y pega donde lo único real era su nombre y su DNI, algo que la magistrada de Primera Instancia consideró suficiente para imputarle aquella deuda.

Era como un Frankenstein de información de diferentes personas, un macabro corta y pega donde lo único real era su nombre y su DNI

El acusado demostró que tanto su número de teléfono como de cuenta eran otros, pero la justicia argumentó que aquello no desmentía que en el pasado no hubiera tenido otros teléfonos o cuentas bancarias. "Considero que los documentos presentados por la demandante son suficientes para acreditar la realidad del negocio jurídico del que deriva la deuda y la cuantía de esta", rezaba la sentencia, "así como la intervención del demandado en dicho negocio jurídico prestando el oportuno consentimiento, no habiendo sido desvirtuados por prueba en contrario ya que los documentos aportados por el demandado con su contestación no tienen la eficacia obstativa que se pretende".

En un momento de desesperación, Santos llamó al 697985480, el teléfono que aparecía en el contrato fraudulento con Cetelem que la empleada de Kruk le demandaba pagar. Una voz al otro lado le dijo que el número marcado no existía.

Un boxeador contra los fondos buitre

24 de marzo, una semana antes de que a Santos le notificaran la sentencia. Enrique Cabral se conectó a su canal de Facebook para informar a sus seguidores. Se aposta frente a la cámara luciendo una brillante camisa naranja de la que asomaban un torso y unos brazos musculosos y llenos de tatuajes. Este avilesino, más conocido como El Portu, es un antiguo boxeador y luchador de full contact que actualmente dedica su vida a ayudar a gente que se ha visto atrapada injustificadamente en listas de morosos. Cada semana sube uno o dos vídeos contando las hazañas judiciales de las personas a las que asesoró: "Y ahora vamos con otro caso de usura, que es Cetelem", enumera Cabral, "en este caso Cetelem vende la deuda a Invest Capital que es un fondo buitre, nos oponemos en la demanda, y no solo el cliente no debe nada, sino que recupera 8.894 euros. Si tenéis algún contrato de estos, poneos en contacto con nosotros".

Parece uno de esos personajes que solo son posibles en Estados Unidos, a medio camino entre el predicador, el picapleitos y el fornido justiciero.

El boxeador explica que él no gana nada con todo esto. "Yo no soy ni abogado, solo soy una persona que se separó y, como todos los divorciados, acumuló muchas deudas, muchísimas", explica a El Confidencial, "en la vida pensé que podría tener de nuevo una vida digna, pero gracias a la Ley de Segunda Oportunidad me acabaron perdonando 90.000 euros y salí de los ficheros de morosos cobrando varias indemnizaciones". Desde 2016, cuando empezó a hacer vídeos en Facebook para ayudar a unos amigos, lleva en esta nueva lucha fuera de los cuadriláteros.

"En el momento en que haya un dato que no sea suyo, la denuncia ya no es viable"

Portu no conoce el caso de Germán Santos, pero tiene clara su resolución: "Desde el momento en que haya un dato que no sea suyo, la denuncia que le puedan poner ya no es viable", dice. "Mucha gente pide préstamos a nombre de otra persona, pero el dinero no va a esa persona: pues la policía o el banco tienen que averiguar de quién era esa cuenta e ir a por él, lo que pasa es que es un trabajo difícil y que al banco no le interesa, le interesa cobrártelo a ti y luego arréglatelas".

Este periódico se puso en contacto con Cetelem —aunque la deuda técnicamente ya no les pertenece a ellos— y con Kruk para entender si, en todo este proceso de cambio de manos, algo puede perderse por el camino. Si existe una trazabilidad suficiente como para saber en qué momento el nombre y el DNI de Germán Santos acabaron formando parte de un collage crediticio, hasta qué punto alguien prestó 1.356 euros a otra persona o si esa cantidad es tan discutible como el resto de los datos contenidos en aquel contrato.

Desde la financiera no obtuvimos respuesta y desde la empresa de recobros se nos argumentó que no disponían de tiempo suficiente para responder a las preguntas planteadas. Fuentes cercanas a la empresa consultadas por este periódico ponderaban algo más la cuestión: "Sin conocer el caso, si hubiera una suplantación de identidad, Kruk sería también víctima de esto", dando a entender que a ellos simplemente les llega un nombre, una dirección y una cantidad a deber, y carecen de las herramientas —o de la voluntad, dado que a veces ellos mismos compran la deuda, de hecho en los últimos años han alcanzado una cartera de 2.000 millones solo en España— de certificar si todos los datos son correctos.

La recompra de pequeñas deudas

Durante la conversación, el boxeador enlaza un caso con otro, pero declara que desde la pandemia este tipo de dramas se han disparado. "Cuando un fondo buitre compra una cartera de pequeñas deudas por valor de tres o cinco millones, no controlan si esas deudas son reales o qué tipo de contrato tiene cada uno", explica, "pero es tal la presión que le meten a la gente que el 90% las cobran, sean indebidas o no... además con estas empresas es muy fácil llegar a acuerdos porque saben que la cifra no es real: si han adquirido una deuda de 10.000 euros por 500, con que le saquen 2.000 a la víctima ya han multiplicado su inversión".

Toda la historia recuerda a lo que pasó con la crisis de las hipotecas subprime en 2008, solo que a pequeña escala. Sin embargo, el problema va más allá de lo anecdótico: está muy extendido.

Recuerda a lo que pasó con la crisis de las hipotecas subprime en 2008, a pequeña escala

Desde la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) explican a este periódico que, en el año 2023, los ficheros de morosidad y la reclamación de deudas ascendieron a los puestos 6º y 7º en la lista de reclamaciones por el uso fraudulento de datos. "La casuística por la que los datos de una persona pueden acabar en un sistema de información crediticia es muy variada", dicen desde la AEPD. "Las reclamaciones que se plantean ante la Agencia se deben en gran medida a inserción indebida con contratación fraudulenta, suplantación de identidad, malas prácticas de empresas de recobro, etcétera".

En total, la contratación fraudulenta derivó el año pasado en 2,5 millones de euros en sanciones. Fue el quinto motivo de sanción más habitual para la AEPD.

"Uno piensa que cuando acaba de pagar un préstamo eso queda ahí", dice Santos, "y resulta que no, que puede venir cualquiera y solo con meter tu nombre y tu DNI pueden meterte en un lío".