UGT no reconocerá la legitimidad del organismo clave para la reducción de la jornada

El Consejo de la Productividad, un órgano clave para la reducción de la jornada laboral prometida por el Ejecutivo, nace muerto. Al menos esa es la opinión la Unión General de Trabajadores. UGT no reconocerá la legitimidad de esta nueva institución, que estará adscrita formalmente al Ministerio de Economía, pero en teoría tendrá un carácter independiente, como exige Bruselas. El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, lo ve de otra manera: "Es un órgano ad hoc dentro del Gobierno".

En una rueda de prensa para presentar, precisamente, un informe sobre la regulación de la jornada en Europa y España, el líder de UGT ha denunciado la exclusión de los sindicatos. En realidad, sí estarán representados con voz, pero sin voto, en el comité asesor del Ejecutivo para las políticas relacionadas con la productividad. Visiblemente molesto, Álvarez ha dicho haberse enterado por los medios, después que El Confidencial publicase los criterios de selección de sus miembros recogidos en el proyecto de real decreto que ha salido a audiencia pública. "Me parece surrealista que el Gobierno quiera hablar de productividad sin que la voz de los trabajadores esté presente", ha enfatizado.

El órgano, nacido a partir de una recomendación de 2016 del Consejo de la Unión Europea que España debería haber cumplido hace ya seis años, emitirá un informe anual sobre el estado de la productividad en nuestro país y las mejores políticas públicas para incrementarla. Pero también podrá preparar documentos por iniciativa propia sobre diferentes aspectos que puedan incidir en ella, como será, llegado el caso, la propia reducción de la jornada laboral. En el acuerdo para el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar pactaron reformar el Estatuto de Trabajadores para llevarla desde las 40 horas actuales hasta 37,5 en 2025, y también la creación del Consejo.

Como adelantó este medio, el Ministerio de Economía, que se ha mostrado más prudente sobre la reforma, tendrá un papel preponderante en la elección de los vocales, mientras que Trabajo, que la está impulsando a través de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, estará en minoría. El Banco de España y el Consejo Económico y Social también estarán representados con plenas atribuciones. Preguntado sobre si esa composición podría suponer un freno tecnocrático al compromiso político de reducir la jornada, Álvarez ha quitado hierro a los equilibrios de poder: la exclusión de los sindicatos hace que, para UGT, las conclusiones a las que llegue el Consejo tengan "un valor cero". "Lo digo para que el Gobierno no pierda el tiempo para llevar a su comisión [por el Consejo] temas como la jornada, que corresponden a otro ámbito del debate", ha abundado.

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Precisamente este jueves acaba el trámite de audiencia pública, en el que los diferentes agentes implicados podían hacer sus aportaciones al decreto que pondrá en marcha la institución lo antes posible, según aseguran desde el Ministerio de Economía. Sin embargo, UGT ha preferido presentar su propio informe, elaborado junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que se pone de manifiesto que los países que tienen jornadas laborales más reducidas son más productivos. "Está hecho con criterios científicos", ha explicado Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical, para quien cualquier informe que plantee el Consejo sobre esta cuestión debería ir en la misma línea. En el real decreto no existe ninguna mención a la reducción de la jornada como una de las posibles medidas encaminadas a la mejora de la productividad.

Denuncia a Estrasburgo

El enfado de UGT, que considera la creación unilateral del órgano como una afrenta más al diálogo social, no debería, sin embargo, afectar a las negociaciones, que prosiguen en dos mesas paralelas. Por un lado, la mesa oficial convocada por el Ministerio de Trabajo (diálogo tripartito). Por el otro, una mesa bipartita entre los sindicatos y la patronal, que debería, aseguran desde UGT, llegar a un acuerdo antes del verano. El sindicato ha agradecido la predisposición de los empresarios, que prefieren ligar la reducción de la jornada a la negociación colectiva —sin participación del Ejecutivo—, especialmente por la gran heterogeneidad que existe entre los sectores. Sin embargo, Álvarez ha advertido de que, si antes de las vacaciones no se produce un acuerdo con la patronal, la ley se reformará tras una negociación bilateral entre Trabajo y los sindicatos, que parten de posiciones muy próximas.

El horizonte final de UGT sigue siendo reducir la jornada a 35 horas, pero la reforma debe ir mucho más allá. Hay otros aspectos encima de la mesa, como un mayor control del registro horario: el ministerio quiere obligar a las grandes empresas a que lo lleven de forma digital, pero el sindicato propone que este método se extienda a todas, porque precisamente donde se dan más incumplimientos es en las pymes, predominantes en el tejido productivo español. Además, los ugetistas reclamarán que las horas extra reciban una remuneración superior a las ordinarias y que su cómputo se tenga en cuenta para reducir la edad de jubilación. Actualmente, la ley marca que las horas extra se deben pagar al menos igual que el resto. El sindicato ha denunciado al Reino de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales —adscrito al Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo— para que se exija una mayor remuneración, en línea con lo que sucede en otros países comunitarios.

Prudencia de CCOO

En contraste con la combatividad de UGT, el otro sindicato mayoritario, Comisiones Obreras, prefiere enviar un mensaje de prudencia. A la espera de que se ponga en marcha el Consejo, el secretario de Estudios y Formación Sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez, se muestra tranquilo sobre la influencia que este tendrá en las políticas del Gobierno: "No creemos que vaya a superar el papel del diálogo social en las materias socioeconómicas".

Aunque el Ejecutivo tampoco se ha puesto en contacto con la central para explicarle su papel en el nuevo organismo, Gutiérrez recuerda que CCOO sí tendrá voz —no voto— y confía en que el Ejecutivo recabe la opinión de los sindicatos antes de aprobar el real decreto que alumbre su creación.

En cualquier caso, el dirigente de Comisiones Obreras advierte sobre el riesgo de que el Gobierno acabe utilizando a los expertos como subterfugio para justificar sus decisiones políticas con un argumento tecnocrático: "Si es así, el Consejo se deslegitimará él solo".

Por último, CCOO confía en que el nuevo organismo aporte luz sobre un debate esencial para España, a menudo atravesado por datos contradictorios o versiones interesadas, y espera que no se pronuncie sobre políticas públicas en marcha, para no interferir en el diálogo social y la propia acción de gobierno.