El estallido del campo llega cuando el sector empieza a remontar su larga crisis

Las tractoradas que recorren España dan buena muestra del agotamiento del campo español, que vive con amargura la despoblación de sus pueblos, la inclemencia de la competencia externa y la dificultad de sobrevivir sin capacidad para fijar sus propios precios de venta. Estos procesos, que llevan décadas en marcha, han provocado el agotamiento de los agricultores y ganaderos, que finalmente se han levantado en un movimiento que aúna exigencias sectoriales con motivaciones políticas.

La situación del campo no ha sido sencilla, pero las protestas llegan justo en un momento en que la mayor parte de las explotaciones agrícolas y ganaderas habían recuperado rentabilidad después de más de una década de travesía por el desierto. Así lo muestran los datos de la Central de Balances del Banco de España, la mejor y más completa estadística que existe en España sobre la evolución de la actividad de las empresas.

El conjunto del sector primario experimentó una leve caída de los márgenes de beneficio durante los años 2021 y 2022, sin embargo, fue un movimiento protagonizado por las grandes empresas del sector. Sin embargo, las medianas y pequeñas explotaciones han vivido un importante aumento de la rentabilidad. Por ejemplo, las microexplotaciones (con menos de 10 trabajadores) lograron un margen de beneficios sobre valor añadido del 17% en 2022, último ejercicio disponible. Este dato contrasta con las pérdidas recurrentes que atravesaron desde 2007 hasta 2015 por la crisis económica, la escalada de los precios del petróleo y la gran irrupción de la globalización en el comercio de alimentos.

Este dato es el mejor de todos los recopilados desde los años de la burbuja inmobiliaria. Se trata de un dato agregado, por lo que refleja una situación general del campo español y no la de todos los productores individualmente. Por ejemplo, los productores de cereales vivieron un año muy favorable en 2022 por la subida de los precios provocada por la invasión de Ucrania, pero la recuperación de sus exportaciones y la eliminación del arancel han hundido los precios en los últimos meses. Por el contrario, las aceitunas, el arroz, el vino, las patatas, algunas frutas y la mayor parte de la carne están incluso más caros que hace un año, según la estadística del Ministerio de Agricultura.

Las pequeñas explotaciones de agricultura y ganadería vivieron su travesía del desierto desde el estallido de la crisis inmobiliaria hasta mediados de la década de 2010. En esos años, las pérdidas fueron recurrentes. De hecho, desde 2002 hasta 2015, una cuarta parte de las explotaciones estuvo en pérdidas de forma recurrente, coincidiendo con años de gran crecimiento de las importaciones agrícolas y subida de costes de producción.

En los últimos años, las explotaciones han mejorado su rentabilidad gracias al aumento de los precios de venta. Esta subida ha sido consecuencia del alza de los precios en los mercados internacionales. Estas pequeñas explotaciones son precio-aceptantes, por lo que no tienen capacidad de fijar sus tarifas. De ahí que su rentabilidad dependa de la evolución de costes y precios que están fuera de su control.

Durante años, las cartas jugaron en su contra, pero en los últimos años su suerte ha mejorado. Desde mediados de 2023, los precios de venta en el campo se han reducido en la mayoría de los productos, pero también lo han hecho los costes de los insumos. De todos salvo de la mano de obra, que ha seguido encareciéndose.

Según los datos del INE, el precio de los fertilizantes se ha reducido un 36% en el último año y medio, desde el pico marcado tras el inicio de la invasión de Ucrania. Aun así, todavía sigue un 82% por encima de los niveles previos a la pandemia. Por su parte, el precio de la gasolina y el diésel ha caído más de un 35% desde el inicio del verano de 2022.

En definitiva, la caída de los precios de venta se ha producido en paralelo a un descenso de los costes de los insumos. Una situación que beneficia a las explotaciones de los productos cuyos precios siguen más altos, en especial la ganadería y el aceite. Los peores registros se los están llevando los cereales, por la entrada del grano ucraniano sin arancel.

El cambio de las reivindicaciones

El descontento del campo español no es una novedad, antes de la pandemia ya se habían producido movilizaciones de protesta por los bajos precios agrícolas que sufrían desde hacía casi una década. Las tractoradas comenzaron justo antes de la pandemia, por lo que se vieron sofocadas por la emergencia sanitaria, pero han vuelto a resurgir al calor de las protestas en Europa. Aunque el malestar siga siendo el mismo, las reivindicaciones han cambiado, y esto es consecuencia de la mejora de la situación económica en el campo, que no social.

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A finales de 2019 y principios de 2020, las principales exigencias de los agricultores y ganaderos eran económicas. En primer lugar, por los bajos precios a que se pagaban los productos en origen, lo que forzó al Gobierno a aprobar la Ley de la Cadena Alimenticia. Y, segundo, por el aumento de los costes de producción ante la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Estas reivindicaciones económicas han pasado a un segundo plano o incluso han desaparecido, como es el caso del SMI. En su lugar, el primer lugar de las reclamaciones se centra en la regulación, la burocracia, la agenda verde y las importaciones. Y también se extienden a cuestiones políticas, como las subvenciones a los sindicatos o a los partidos.

Es cierto que la aplicación efectiva de la ley de la cadena genera muchas dudas en el sector, sobre todo en el caso de las ventas a pérdidas. Y hay un gran temor a que la caída de los precios de las materias primas agrícolas vuelva a ahogar a las pequeñas explotaciones. De ahí que la mejora de la rentabilidad de las explotaciones en la crisis inflacionista no haya sido un alivio suficiente como para calmar el malestar y la incertidumbre que existen en el mundo rural.