La Generalitat convoca a su consejo de sabios para sacar a Cataluña del régimen común

La Generalitat ha convocado al Consejo Asesor de Política Económica de Cataluña (CAPEC) a una reunión este lunes para dar el pistoletazo de salida a su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, según han explicado fuentes cercanas a la conselleria. El CAPEC es una especie de consejo de sabios al que ha recurrido la consellera de Economía, Natalia Mas, para asumir el encargo de presentar un modelo de financiación autonómica que saque a Cataluña del régimen común y que le acerque a la situación en la que se encuentran las comunidades régimen foral, Navarra y el País Vasco.

El pasado jueves, el presidente catalán, Pere Aragonès, encargó a Natalia Mas presentar un nuevo sistema de financiación autonómica que permita a Cataluña asumir toda la recaudación y el proceso integral de gestión tributaria, incluida la inspección. Al contrario de lo que pasó en 2009, esta vez no es Cataluña buscando la manera de reformar el sistema de financiación autonómica para obtener más recursos. Es Cataluña buscando la manera de descolgarse del régimen común para situarse a medio camino entre el cupo vasco y el sistema general del resto de CCAA.

Aunque Aragonès en la presentación oficial de este jueves habló de "eliminar el déficit fiscal", en realidad se trata de buscar la fórmula para reducir el déficit, según reconocen fuentes cercanas a la Conselleria de Economía.

Del CAPEC forman partes algunos expertos en financiación autonómica y hacienda pública como Núria Bosch, Guillem López Casasnovas o Teresa García Milà. También forman parte otros reputados economistas catalanes como Antoni Duran-Sindreu, Jan Eeckhout, Àngels Fitó, Jordi Galí, Gerard Padró, Mar Reguant, Genís Roca, Anna Schlegel y Jaume Ventura.

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Uno de los retos de este consejo de sabios es el encaje legal de la nueva propuesta. La Constitución solo prevé el régimen foral para Euskadi y Navarra. Y no puede desarrollarse una LOFCA a dos velocidades.

La Generalitat tiene tres meses para presentar su nuevo modelo, que además quiere consensuar con partidos y agentes sociales para tener la mayor fuerza posible a la hora de negociar luego con el Gobierno español. El rol de mediadora lo ejercerá la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tendrá que lidiar con unas CCAA que quieren más fondos y una Cataluña que no desea seguir jugando en ese equipo.

Fuera pero poco

El nuevo modelo que plantea la Conselleria de Economía pasa por reducir el déficit fiscal, que en 2021 llegó a los 21.982 millones, lo que supone el 9,6% del PIB, según los cálculos de la Generalitat. Dichos cálculos resultan controvertidos porque Fedea, por ejemplo, no los admite. O académicos como el exsecretario de Estado Antoni Zabalza, al considerar que no incluyen, por ejemplo, las pensiones que cobran los jubilados catalanes. Estos otros trabajos consideran que, como mucho, el déficit fiscal en Cataluña se situaría en la mitad, el 4% del PIB.

El objetivo de la Generalitat con el nuevo sistema sería de 10.000 millones más de fondos para su gasto corriente, que ya no aportaría al conjunto del Estado. Es decir, seguir siendo solidario, pero menos. Y que esos 10.000 millones de más sean compensados desde las arcas del Estado a las CCAA que saldrían perdiendo y que serían el grueso de las que se encuentran en la cornisa cantábrica.

Si los objetivos económicos son limitados, los formales lo son mucho más. Como pasa siempre con el independentismo, la forma lo es todo. Por eso lo importante no es tanto el resultado final —los 10.000 millones—, sino que la Generalitat consiga la cesión de todos los impuestos que se recaudan en Cataluña, algo a lo que el PSOE se niega y se prevé que el Gobierno ofrezca mucha resistencia ante esta iniciativa.

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La cesión de los impuestos la había pedido JxCAT en su pacto con el PSOE, pero la Generalitat la controla ERC, y Pere Aragonès de manera hábil se la ha apropiado.

La Generalitat pretende salir del régimen común con la cesión de todos los impuestos recaudados en Cataluña, "sin perjuicio de que haya una aportación al Estado por los servicios que presta en Cataluña y una cuota a la solidaridad". Es decir, en parte quiere seguir recibiendo, como los 1.600 millones para Mossos d’Esquadra pactado para la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y ERC. Un poco en plan lo mejor de los dos mundos.

Escenificación de la ruptura

Para escenificar la ruptura, se cambia de foro. Se acabó el café para todos. La Generalitat ya no llevará su propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera. El nuevo modelo se elevará a la primera reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat, que se constituirá en el primer trimestre de 2024 para abordar la definición de un modelo de financiación singular para Cataluña.

En este sentido, el Govern también ha encargado al Departamento de Economía y Hacienda que proponga la composición y calendarización de esta comisión. Hasta ahora la Comisión Bilateral era un escenario de encuentros aburridos. En la última celebrada en febrero del 2022, el Estado cedió a la Generalitat del observatorio meteorológico de la cima del Turó de l'Home, situado en el término municipal de Fogars de Montclús (Barcelona) o la gestión de las becas para estudiantes y los seguros escolares. Ahora, al asumir la negociación de la financiación autonómica, se acaban las migajas. Ahora se tratará de cómo se reparte el pastel.