Las regiones aprovechan el 'maná' de 2024 para bajar impuestos, pero muy pocas deflactan

Las regiones recibirán el año que viene más transferencias del Estado que nunca. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que sus recursos aumentarán un 10% respecto a este año, según consta en el Informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las Administraciones Públicas 2024, presentado este jueves. Es siete décimas más en relación con su PIB, hasta alcanzar el 15,8%. Esto les proporcionará un margen fiscal sin precedentes, que pueden dedicar, básicamente, a tres cosas: aumentar el gasto, bajar impuestos o reducir el déficit. Las previsiones de la AIReF, que ha analizado los planes presupuestarios de todas las comunidades autónomas, apuntan a que, en su conjunto, harán las tres cosas a la vez.

La ofensiva fiscal del Partido Popular, que recuperó tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo seis gobiernos (Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja y Cantabria) se traducirá en unas rebajas de impuestos por valor de 2.000 millones de euros, según calculaba el propio Gobierno central en las líneas maestras para las cuentas de 2024, enviadas hace un par de semanas a Bruselas. La interinidad en la Moncloa ha impedido que el ciclo presupuestario siga la dinámica habitual, y las comunidades están teniendo que elaborar sus cuentas sin una referencia clara. Pero los primeros movimientos apuntan a que, dentro de esa rebaja generalizada, la deflactación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que el año pasado fue la medida estrella de los ejecutivos conservadores, no será el instrumento más extendido.

TE PUEDE INTERESAR

PP y PNV tendrán la llave para bloquear el nuevo impuesto a bancos y energéticas

Jorge Zuloaga

No deflacta quien quiere, sino quien puede. Ese podría ser el resumen de lo que ocurrirá el próximo año y, por tanto, de lo que afectará a los españoles cuando vayan a hacer la declaración del ejercicio actual. Los tramos autonómicos del IRPF se mantendrán inalterados en la mayoría de las regiones, y solo la Comunidad de Madrid, las tres haciendas forales vascas, Navarra y Aragón han confirmado que aplicarán una revisión de los mismos para que el aumento de los salarios —en muchos casos debido, automáticamente, al incremento de los precios— no conlleve el traslado del contribuyente al siguiente tramo y, por tanto, un aumento de su contribución fiscal sin que haya crecido su poder adquisitivo.

El color político no parece ser, al menos esta vez, el principal factor explicativo del comportamiento de las comunidades. Entre las cuatro autonomías que deflactarán el IRPF, una está gobernada por el Partido Popular en solitario (la Comunidad de Madrid), otra gobernada por el PP en coalición con Vox (Aragón), una tercera gobernada por el PNV con el PSOE (Euskadi, aunque en este caso la decisión parte de un acuerdo de las diputaciones forales en el seno del Consejo Vasco de Finanzas Públicas) y una cuarta gobernada por los propios socialistas en coalición con diferentes formaciones nacionalistas y de izquierdas (Navarra). ¿Qué tienen todas ellas en común? Una renta per cápita por encima y una ratio de deuda por debajo de la media del conjunto de las regiones. Madrid, País Vasco y Navarra, son, de hecho, las tres autonomías más ricas y menos endeudadas.

Según la información recabada por este periódico, las dos primeras son las únicas que, de momento, repiten desde el año pasado, a la espera de que Galicia, Andalucía y Murcia, que ya gobernaba el PP y estuvieron entre las pioneras de la medida, tomen una decisión. Llama la atención el caso de Navarra, donde el mismo Gobierno de izquierdas ha cambiado de posición, tras el relevo en la Consejería. "Es de justicia que las rentas medias vean la repercusión en positivo en su tarifa del IRPF debido a la subida del IPC", ha dicho el nuevo titular de Economía y Hacienda, José Luis Arasti. Su antecesora en el cargo, Elma Saiz, llegó a calificarla de "mercadillo fiscal". Ambos pertenecen al PSOE.

La posición oficial del partido en el Gobierno de la nación es que la deflactación solo beneficia a las rentas más altas, ya que los ahorros para todos los demás son nimios. Por eso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, siempre se ha opuesto, al igual que comunidades socialistas como Asturias y Castilla-La Mancha, que han preferido aplicar otro tipo de medidas de alivio fiscal para las rentas más bajas. La última deflactación del tramo nacional de la renta se aplicó el ejercicio de 2008, cuando gobernaba otro socialista: José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces España estaba a punto de agotar un período de crecimiento sin precedentes, y en 2007 había alcanzado el mayor superávit de la democracia.

TE PUEDE INTERESAR

La AIReF avisa de que España solo cumplirá el déficit del 3% en 2024 si retira todas las medidas

Marcos Lema

Pese al politiqueo, esta última, y no otra, se antoja la razón predominante en la actualidad. No hay que olvidar que el Partido Popular, que ahora reclama la deflactación, no aplicó la medida durante los gobiernos de Mariano Rajoy, y eso que en 2011 y 2012 la inflación se situó por encima del objetivo del Banco Central Europeo (2%). El ajuste al que obligó Bruselas no dejaba otra opción. Ahora, España se enfrenta a la recuperación de las reglas fiscales europeas, tras tres años suspendidas a causa de la pandemia. En ese contexto, la presidente de la AIReF, Cristina Herrero, advirtió este jueves de que las regiones no deben utilizar los recursos extraordinarios de 2024 para aplicar medidas —de aumento de gasto o bajadas de impuestos— que generen un desequilibrio fiscal para los próximos años.

La llegada de la excepcional liquidación de 2022, cuando la recaudación del Estado fue mucho más elevada de lo que se preveía gracias a la inflación, y el incremento de las entregas a cuenta permitirán a las autonomías aumentar el gasto primario neto —que no tiene en cuenta los intereses de la deuda— hasta un 8% sin incurrir en déficit ni incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria o las recomendaciones de la Comisión Europea, según los cálculos de la AIReF. Pero si el maná se convierte en borrachera, cuando este desaparezca, habrá resaca. De momento, los empleos de las regiones aumentarán un 4% el año que viene, mientras que las bajadas de impuestos resultarán generalizadas, especialmente en aquellas autonomías que la derecha le acaba de arrebatar a la izquierda.

Una excepción es la Comunidad Valenciana, donde el expresidente socialista Ximo Puig sí deflactó el IRPF a las rentas bajas el año pasado —medida que despertó una polvareda en las filas de su partido, al contravenir las directrices de Ferraz— y el nuevo mandatario, el popular Carlos Mazón, no parece que vaya a hacerlo. Al contrario: plantea un escenario de ajustes fiscales para el año que viene. Una vez más, los números ilustran lo que la política no puede explicar: la Generalitat es la administración autonómica más endeudada, con un pasivo en el segundo trimestre de 57.246 millones de euros, el 43,5% del PIB, según el Banco de España. El año que viene no hay elecciones, así que toca cuadrar las cuentas públicas.

El ideario de Ayuso se antoja en minoría entre los gestores regionales del Partido Popular

Además de la Comunidad Valenciana, Canarias es el otro ejemplo de comunidad socialista que, enfrentándose a las urnas, decidió deflactar el IRPF el año pasado, y donde ahora la derecha —en este caso liderada por Coalición Canaria con el apoyo del Partido Popular— no optará por esta vía. En La Rioja, Cantabria, Extremadura y Baleares, que también cambiaron de manos, no habrá cambios: ni los socialistas antes ni los populares ahora modificarán los tramos del impuesto sobre la renta. Tampoco la Cataluña gobernada por Esquerra Republicana, que es otra de las comunidades más endeudadas, o Castilla y León, donde mandan el PP y Vox.

La soledad de Ayuso

Pese al discurso nacional de los populares, el ideario de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso —que revisará los tramos un 3,1% a la baja—, parece estar en minoría entre los gestores regionales de la formación. Salvo Aragón, que hará una deflactación lineal del 5%, la estrategia de los gobiernos conservadores va por otro lado, especialmente en los feudos que acaba de arrebatar a la izquierda. Las reformas fiscales anunciadas o aprobadas recientemente en La Rioja, Cantabria, Extremadura o Baleares priorizan las bonificaciones de los impuestos de patrimonio y sucesiones —hasta dejarlos prácticamente sin efecto en algunos casos—, además de las rebajas de tipos o diferentes reducciones y deducciones en el IRPF, especialmente para las rentas bajas. Solo la comunidad aragonesa acompaña este tipo de medidas con la deflactación del impuesto sobre la renta.

TE PUEDE INTERESAR

Ayuso volverá a deflactar el IRPF y ahorrará a los contribuyentes 153 millones

EP

No hay que olvidar que, a diferencia de las bonificaciones de todo tipo —que se pueden ir quitando y poniendo año a año, en muchos casos con una incidencia anecdótica en la recaudación—, la deflactación del IRPF tiene un efecto duradero, ya que se consolida para los ejercicios siguientes. Si las cosas vienen mal dadas, ya no se puede volver atrás, a no ser que se aplique una modificación de los tramos en sentido inverso que sería enormemente impopular. Además, no tiene el mismo peso desde el punto de vista de la competitividad fiscal regional, a la ahora de atraer riqueza, que otros impuestos como sucesiones o patrimonio, que sí la han podido ahuyentar hacia jurisdicciones como la madrileña.

Sea por el motivo que sea, lo cierto es que el aumento de la inflación, cuya media se situará este año en torno al 4%, no será compensado —al menos de forma directa— en la declaración de la mayoría de los españoles, como sí lo fue el año pasado, cuando las grandes autonomías —a excepción de Cataluña— aplicaron deflactaciones. Un escenario paradójico, teniendo en cuenta que los incrementos salariales están empezando a llegar ahora, y se dejarán notar en la campaña de la Renta de 2023 con más fuerza que en la de 2022. Pero con una diferencia: para el año que viene no están convocadas elecciones autonómicas.