Los buques deberán pedir permiso a España para trasvasar petróleo ruso frente a Ceuta

Los buques que quieran trasvasar petróleo ruso frente a las costas de Ceuta deberán pedir permiso a España. El nuevo Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, obliga a todos los barcos que porten sustancias contaminantes a avisar a la capitanía marítima correspondiente si quieren fondear en el espacio marítimo nacional, aunque sea fuera de las aguas territoriales. Esta reforma legal permitirá a las autoridades españolas conocer de antemano la presencia de estas embarcaciones, para tratar de poner coto a las prácticas que burlan las sanciones europeas a Rusia.

La actividad, denominada ship to ship, consiste en el trasvase de petróleo de pequeñas embarcaciones —las llamadas aframax— procedentes de los puertos rusos del mar Báltico a otras de gran tamaño, conocidas como VLCC, que parten hacia India y China. Estos dos últimos países se han convertido en los principales compradores del oro negro siberiano, después de que en diciembre entrasen en vigor las sanciones que prohíben a las naciones europeas recibir esta materia prima por vía marítima, con la excepción de Bulgaria. Las costas próximas a la ciudad autónoma de Ceuta se han convertido en un lugar privilegiado para esta práctica.

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El paquete de represalias a Rusia por la invasión de Ucrania impide, de facto, que los trasvases se realicen en las aguas territoriales de los países miembros. El derecho internacional del mar las considera un área sobre la que los Estados ejercen plenamente su soberanía, por lo que la simple entrada de los barcos en el perímetro —que se extiende hasta las 12 millas náuticas de la línea base de la costa— violaría las sanciones.

Es por ello que, tal y como publicó El Confidencial en febrero, el ship to ship se realiza más allá de ese límite, en lo que se conoce como zona contigua. Se trata de un área que abarca hasta las 24 millas y pertenece al espacio marítimo español, pero que no forma parte del territorio nacional. La jurisdicción del Estado ribereño se limita a prevenir y sancionar las infracciones de las leyes y reglamentos aduaneros, de contrabando, fiscales, de inmigración o sanitarios, según el artículo 33 de la Convención de las Naciones sobre el Derecho del Mar.

Este es el punto al que se ha agarrado el Gobierno para introducir la obligación de que los barcos que transporten sustancias peligrosas deban pedir permiso a las autoridades españolas para echar el ancla. Lo hace a través del artículo 44 del nuevo reglamento, que reza lo siguiente: "Los buques-tanque de productos petrolíferos, quimiqueros o gaseros u otros que transporten sustancias contaminantes del medio ambiente marino que, sin tener como punto de destino o descarga de todo o parte de su cargamento algún puerto o terminal situados en España, pretendan utilizar espacios marítimos españoles fuera del mar territorial como lugar de fondeo, en espera de órdenes, instrucciones o cualquier otra circunstancia equiparable, deberán contar con autorización expresa de la capitanía marítima correspondiente".

En la solicitud, las embarcaciones afectadas deberán especificar la hora de llegada y el tiempo del fondeo, el puerto de procedencia y de destino, el tipo y la cantidad de la carga y todos los detalles sobre sus propietarios, aseguradores y tripulación. En definitiva, el control de las capitanías marítimas será total. "Estos buques tienen que pedir autorización expresa de fondeo en aguas que están fuera del mar territorial, pero dentro del espacio marítimo español", confirman fuentes del Ministerio de Transportes. En esa casuística se incluye, además de la zona contigua, la zona económica exclusiva.

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Sin embargo, desde el departamento que dirige Raquel Sánchez descartan que la norma se haya aprobado ad hoc para poner coto al ship to ship. Otros ejemplos de actividades que se verían afectadas por la nueva regulación serían los fondeos para avituallamientos, reparación de averías de todo tipo o embarque y desembarque de personas. Fuentes conocedoras de los trasvases de petróleo ruso aseguran que el Ejecutivo ha ido más allá de los mínimos que exige el derecho internacional, y vinculan la introducción del artículo 44 al control de las naves rusas.

Hasta ahora, el Gobierno de España, bien informado a través de la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia y la Armada, ya había tratado de evitar estas operaciones a través de la Capitanía Marítima de Ceuta. El pasado 5 de febrero, esta envió sendas cartas a Marin-E Shipping y Amarres Ceuta para recordarles la prohibición de "prestar asistencia técnica, servicios de intermediación (...) en relación con el comercio, el transporte, incluso mediante trasbordo de buques, a terceros países, de petróleo crudo o productos petrolíferos originarios de Rusia". Sin embargo, no ha podido impedir que los trasvases se continúen realizando frente a las costas de la ciudad autónoma, según indican las diferentes aplicaciones que monitorizan los cargamentos rusos.

El pasado 10 de febrero, España prohibió la entrada de un barco en el puerto de Tarragona por transportar hidrocarburos procedentes de otra embarcación que hasta julio de 2022 tenía bandera de la nación dirigida por Vladímir Putin. En cambio, hasta ahora no ha podido hacer nada contra el ship to ship que se practica en la zona contigua, ya que no existe ninguna normativa internacional que prohíba esta actividad fuera de las aguas territoriales.