España se retira de la Carta de la Energía para evitar reclamaciones millonarias de inversores

España ha iniciado el procedimiento para retirarse del Tratado de la Carta de la Energía (ETC, por sus siglas en inglés) que protege las inversiones en ciertas infraestructuras energéticas, según avanzó este miércoles el diario 'Politico' y confirmaron a EFE fuentes oficiales. El ETC es un tratado multilateral firmado por 53 países y en vigor desde 1998, cuya modernización se negocia desde hace cuatro años y, tras una última ronda celebrada en julio en Bruselas, se quedó en que el tratado se actualizaría automáticamente en noviembre si no se oponía formalmente ninguna de las partes.

La protección que ofrece ese tratado se había utilizado en los últimos años para litigar contra los firmantes por políticas climáticas diseñadas para ir eliminando los combustibles fósiles. En estos momentos hay reclamaciones de fondos de inversión por un valor total de 10.000 millones de euros. El Gobierno trató de que renunciasen voluntariamente a la vía arbitral, ofreciéndoles una nueva senda de rentabilidad, pero la mayoría han rechazado. Este medio ya informó a finales de 2021 de las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación con el tratado en cuestión.

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Y es que España, con la Abogacía del Estado al frente, está tratando de esquivar las multimillonarias reclamaciones de fondos internacionales que invirtieron en energías renovables y lanzaron arbitrajes tras el recorte de las subvenciones en la década pasada. Mientras algunos tribunales arbitrales les dan la razón, el Tribunal Supremo se alineó con la visión del Gobierno y avaló el hachazo de 2013 a las energías limpias.

Por su parte, fuentes del sector aseguran que la salida de España de este tratado puede provocar reticencias entre inversores internacionales, precisamente en un momento en que la transición energética demandará más de 200.000 millones para este fin, según cálculos del propio Gobierno, durante la próxima década. El hecho de que no se tenga un marco supranacional al que acudir en caso de no estar de acuerdo con determinadas decisiones implica la asunción de mayores riesgos para los inversores. Sobre todo, en un país que ha implementado varios cambios regulatorios de calado en el sector energético en los últimos años, hecho que no pasa desapercibido para los inversores foráneos. España es, junto con Argentina, Venezuela y Perú, el país que más arbitrajes de inversores extranjeros soporta. Más allá de la cuestión climática, un aspecto clave para España es que la modernización de la Carta de la Energía reconozca la supremacía del derecho de la Unión Europea respecto del propio tratado internacional. La cuestión no es baladí. España y Bruselas están tratando desde hace años de evitar las reclamaciones de las renovables, buscando convencer a los tribunales internacionales de que el derecho europeo prevalece sobre la propia Carta de la Energía, una cuestión que no reconocen la mayoría de tribunales arbitrales.

Varios Estados miembros de la Unión Europea, como España, Países Bajos o Luxemburgo, habían solicitado que la UE abandonara ese marco jurídico, al igual que varias organizaciones ecologistas. La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, había pedido en el pasado "una salida coordinada del ETC" por parte de la UE y sus Estados miembros de ese marco jurídico, y finalmente ha decidido dar el paso, al igual que hizo Polonia la pasada semana.

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El tratado se diseñó tras la desaparición de la URSS, en un contexto en que muchos temían invertir en los países del bloque soviético, y se concibió para promover la seguridad energética, fomentando mercados más abiertos y competitivos que al mismo tiempo respeten los principios de desarrollo sostenible y soberanía sobre los recursos energéticos. Está suscrito por los Estados miembros de la Unión Europea —salvo Italia, que lo abandonó en 2016— y países como el Reino Unido, Bosnia y Herzegovina, Japón, Armenia, Jordania, Ucrania o Tayikistán, y contempla un sistema de protección de las inversiones, trato no discriminatorio o resolución de disputas a través de mecanismos de arbitraje. El texto había quedado anticuado en virtud de los objetivos del Acuerdo de París de 2015 para ralentizar el cambio climático.

Varios de los puntos en discusión generaban grandes recelos, en particular la protección a las inversiones en infraestructuras para combustibles fósiles y la resolución de litigios en tribunales privados de arbitraje, polémica similar a la surgida con el tratado de libre comercio firmado entre la UE y Canadá, el llamado CETA. La retirada de España del tratado ha sido acogida de buen grado por organizaciones ecologistas como la Red de Acción Climática (CAN), que calificó la decisión de España y Polonia como "valiente" y llamó a otros países de la UE a seguir sus pasos.

"Lo peligroso es seguir dentro. Con la crisis climática y de combustibles fósiles que vivimos, no podemos permitir que los países malgasten dinero público en compensar a empresas de combustibles fósiles por emprender políticas que ayudan a frenar las emisiones", declaró a EFE la experta en Políticas de Comercio de CAN Europa Cornelia Maarfield.