El Gobierno tratará de "encauzar" el lunes la ruptura entre patronal y sindicatos por los sueldos

El pacto de rentas se aleja por la ruptura entre patronal y sindicatos sobre la revalorización salarial. Y el Gobierno, que no tiene competencias sobre el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), va a hacer un último intento de mediación para desencallar la "diferencia insalvable", que, según Comisiones Obreras, ha provocado la ruptura de las conversaciones: la cláusula de revisión salarial que los sindicatos exigen para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado abordará el próximo lunes con ambas partes las razones que les han llevado a aparcar la negociación salarial para este año y cómo "se puede encauzar" esta situación. Será durante una reunión de la mesa del diálogo social que estaba programada para la tarde de ese día antes de que los agentes sociales rompieran este jueves las negociaciones para acordar las recomendaciones salariales de cara a la negociación colectiva de este año, uno de los aspectos fundamentales del pacto de rentas impulsado por Moncloa.

"El lunes tenemos una reunión de la mesa del diálogo social para el Plan de Recuperación. No ha sido deliberado poner la reunión, sino que la teníamos prevista desde hace tiempo, pero me parece muy oportuna porque abordaremos cuál es la situación, cuáles son los retos que tenemos en este momento complicado y vamos a ver cuáles son las razones por las que no han podido llegar al acuerdo", ha afirmado este viernes la vicepresidenta en una entrevista con TV3, recogida por Europa Press.

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Calviño ha insistido en la necesidad de evitar una espiral inflacionista, "que de momento" no se aprecia en España, pero considera fundamental la colaboración de los agentes sociales para que está no se produzca. En este punto, ha apelado a que tanto los salarios como los dividendos y beneficios empresariales "respeten el principio de moderación" para no entrar en una espiral inflacionista. "Creo que puede haber esa opción responsable y moderada de la fijación de rentas sin que haya un acuerdo horizontal de carácter nacional. Hubiera sido deseable, pero insisto en que el lunes veremos con los agentes sociales cómo podemos encauzar la situación", ha subrayado.

De la misma manera, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido este viernes a los agentes sociales que "piensen en su país" para llegar a un acuerdo. "Soy suficientemente consciente de que es muy difícil negociar con la inflación que tenemos en la actualidad, pero les pido a los agentes sociales que piensen en su país", ha dicho Díaz en una rueda de prensa.

Aunque la petición de Díaz incluía a los agentes sociales, tanto a los sindicatos como a la patronal, la ministra de Trabajo se ha dirigido en concreto a los empresarios, a quienes les ha recordado que, "como viene diciendo el Banco de España, hay márgenes empresariales para corresponsabilizarse con su país en tiempos de incertidumbre".

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CCOO, UGT, CEOE y Cepyme anunciaron este jueves que no habían sido capaces de alcanzar un acuerdo sobre la evolución que debían seguir los salarios por sus diferencias en torno a la cláusula de revisión salarial, dando por terminadas las negociaciones en lo que respecta al ejercicio 2022. El AENC tenía un horizonte temporal más amplio, de tres años, pero su primer año de aplicación debía ser 2022.

Al tratarse de un acuerdo que funciona como una guía para los negociadores de convenios colectivos, los sindicatos ya han anunciado que acudirán a las mesas de negociación de estos con reivindicaciones salariales adaptadas a cada sector y empresa y no con la propuesta general que habían hecho a la CEOE en la mesa del AENC y que ellos califican de "muy moderada". Los sindicatos pedían aplicar una cláusula de revisión salarial a final de cada año de vigencia del AENC para evitar pérdidas de poder adquisitivo a los trabajadores, mientras que la CEOE pretendía aplicarla al final de los tres años, según CCOO y UGT.