El Gobierno adelanta el ajuste de 3.000 M a las renovables para rebajar el recibo de la luz

El Gobierno prepara un nuevo ajuste a las empresas para rebajar el recibo de la luz. Después de que las medidas tomadas el pasado otoño no hayan servido para controlar los precios —febrero cerró con el tercer recibo más caro de la historia, según Facua—, el Ejecutivo emprenderá una nueva rebaja de los cargos a costa de hasta 3.000 millones de los adelantos que le corresponderían este año a la producción renovable.

Si en septiembre fue el recorte de los llamados beneficios caídos del cielo —el exceso de retribución que recibe la hidráulica y la nuclear cuando el gas, mucho más caro, marca el precio del 'pool'—, esta vez le toca al régimen especial de las energías limpias. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado este jueves en una entrevista en Radio Nacional de España que su ministerio "ajustará" el cobro por adelantado que reciben las compañías del sector para garantizar su rentabilidad.

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La información, adelantada por el diario económico 'Cinco Días', supondría una merma de ingresos de entre 2.000 y 3.000 millones en 2022, según cálculos empresariales. Tras varias semanas de negociación con el ministerio, las asociaciones de renovables habrían alcanzado un "acuerdo de mínimos" para adelantar al 1 de enero de este año el ajuste de retribución que estaba previsto para 2023.

Las fuentes del sector consultadas por la cabecera confirman que los cambios que plantea el Gobierno son de carácter financiero, ya que la regulación no se modificará. Las empresas mantendrán asegurada su rentabilidad a largo plazo (un 7,1%) a través del Recore, un régimen especial financiado con los cargos de la factura eléctrica. Sin embargo, dejarán de recibir los 3.000 millones extra que le corresponderían por la diferencia entre los desorbitados precios del 'pool' y el precio de referencia marcado para este trienio. Estaba previsto que esa sobrerretribución se devolviese a partir del 1 de enero de 2023, pero ahora ya no será necesario.

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"Garantizaremos la rentabilidad que les fija la ley, pero evitando que haya un cobro por adelantado tan importante como el que se está produciendo en este desajuste entre los precios del mercado mayorista y sus costes", ha afirmado la ministra. Y ha añadido: "Esos 3.000 millones incorporan una estimación de lo que se dejaría de cobrar a futuro y depende de cómo establezcamos el ajuste, pero asegurando siempre que van a poder cobrar hasta el último céntimo de la rentabilidad razonable que tienen asegurada por ley". Ribera ha insistido en que las renovables son un sector fundamental para transformar el sistema energético y que es importante tener al sector "del lado del que hay que estar".

La nueva medida se une a la extensión de otras que ya están vigentes, como las rebajas fiscales y el bono social. El Gobierno tenía previsto retirarlas a partir de primavera, en paralelo con una normalización del mercado eléctrico. Pero la espiral inflacionista, alimentada por la guerra entre Rusia y Ucrania, ha trastocado las previsiones del Ejecutivo, en un contexto de récords del gas, la electricidad, el petróleo y los carburantes.

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Preguntada sobre si la reducción del IVA de la luz se podría trasladar al gas, Ribera ha defendido que los impuestos que pagan las industrias consumidoras "no minan su viabilidad". Además, ha remarcado que el Gobierno está buscando alternativas para reducir la dependencia del gas en nuestro 'mix' energético. En medio de un gran debate en toda Europa sobre el futuro del modelo para ganar autonomía frente a Rusia, en el que algunos países vuelven la mirada hacia el carbón o la nuclear, la ministra ha descartado revisar el plan que prevé el cierre de estas últimas centrales para 2027.

Prevé recuperar el canon hidroeléctrico

Por otra parte, el Gobierno maniobra para recuperar el canon hidráulico establecido por el Gobierno del popular Mariano Rajoy en 2015, y que fue tumbado por el Tribunal Supremo. La medida gravaba a las grandes empresas que explotaban embalses para producir electricidad, pero el alto tribunal rechazó el pasado mayo su retroactividad y obligó al Ejecutivo a devolver lo recaudado por los ejercicios de 2014 y 2015, para lo que Hacienda ya reservó unos 1.900 millones.

Ahora, el PSOE pretende que la norma vuelva a estar vigente a través de una enmienda incluida en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que se tramita en el Senado. Los socialistas proponen una serie de cambios respecto a la regulación del PP, con los que buscan reducir la litigiosidad de los últimos años y, según EFE, contarían con el apoyo del PNV para sacarlos adelante. Esta vez, los populares se oponen, alegando que supondría un nuevo encarecimiento del recibo de la luz.