Bruselas se declara incapaz de parar la subida de la luz a corto plazo y pasa la tarea a los gobiernos

Durante las últimas semanas, algunos Estados miembros, entre ellos España, han estado presionando a la Comisión Europea para que haga una propuesta ambiciosa que se traduzca en una reducción de los precios de la energía. Una y otra vez, fuentes comunitarias han señalado que Bruselas tenía poco que hacer en el corto plazo. Este miércoles, el Ejecutivo comunitario ha publicado una guía de respuesta a la escalada de los precios en el que insiste otra vez: hay muy poco que hacer a nivel europeo que pueda traducirse en una rebaja de la factura de la luz, aunque señala algunos campos que podrían explorarse en los próximos meses.

El departamento de Kadri Simson, comisaria de Energía, ha estado preparando en las últimas semanas un documento que la estonia había prometido a una serie de ministros de Energía que le acorralaban en una reunión celebrada hace algunas semanas en Eslovenia. Pero Simson ya avisó de que sería una recopilación de las medidas que pueden tomar los Estados miembros a nivel particular. Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno español a cargo de Transición Ecológica, criticó con dureza la previsible falta de ambición del documento publicado este miércoles por la Comisión.

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El Ejecutivo comunitario abre la puerta a posibles medidas más ambiciosas a medio plazo, pero no en el corto. Ese es trabajo de los Estados miembros, y la Comisión Europea lo señala claramente en su documento, en el que subraya que los Gobiernos nacionales podrían actuar en tres frentes. Muchos de estos caminos han sido ya explorados por parte de distintos Estados miembros, entre ellos España.

El primer frente es el de la ayuda directa a los que peor lo están pasando en esta crisis. Así, la Comisión propone que los gobiernos den apoyo directo a los usuarios finales con menos ingresos y más expuestos al aumento del precio de la energía. Bruselas señala que esto se podría hacer “mediante vales o cubriendo partes de la factura energética, financiados, entre otras cosas, con los ingresos del ETS”, que es el mercado europeo de emisiones. Asimismo, el Ejecutivo propone “evitar desconexiones de la red eléctrica” a las personas más vulnerables y la posibilidad de aplazar pagos de manera temporal.

El segundo frente es el fiscal, donde la Comisión propone medidas temporales como la reducción del IVA, dentro de los límites que permiten las normas europeas, y la reducción de la carga impositiva sobre la población más vulnerable. El tercer frente es el de las ayudas de Estado. Aquí, Bruselas abre la puerta a que los gobiernos tomen “medidas para reducir el coste de la energía para todos los usuarios finales”. “Las medidas de carácter general, que ayudan por igual a todos los consumidores de energía, no constituyen ayudas estatales. Tales medidas no selectivas pueden, por ejemplo, adoptar la forma de reducciones de impuestos o tasas, un tipo reducido al suministro de gas natural, electricidad o calefacción urbana”, señala el documento, que también invita a ayudar a las empresas a capear la crisis sin salirse del marco de ayudas de Estado de la Unión Europea.

Los Estados que han pedido al Ejecutivo comunitario que tome medidas durante las últimas semanas no recibirán bien el documento

Pero el documento, muy vago y general, no va más allá. Tampoco a la hora de hablar del futuro, aunque sí recoge algunas de las propuestas que han estado moviéndose por Bruselas en las últimas semanas. Los Estados miembros que han pedido al Ejecutivo comunitario que tome medidas durante las últimas semanas no recibirán bien el documento. La semana que viene, los jefes de Estado y de Gobierno debatirán sobre la escalada del precio de la luz en la cumbre europea que se celebrará en Bruselas el 21 y 22 de octubre. Aunque España ha pedido activamente medidas a nivel europeo, una mayoría de países creen que la situación es coyuntural y que no requiere una acción a nivel de los Veintisiete.

“Los Estados miembros son más capaces de dar respuestas a corto plazo. A nivel de la UE, realmente tenemos que analizar qué podemos hacer en términos de mejora a medio plazo”, señalaba esta semana una fuente comunitaria. La Comisión señala que el aumento de los precios se debe fundamentalmente al aumento de la demanda a nivel global, y no a la transición ecológica, como ha señalado el Gobierno de Hungría.

La teoría de un buen grupo de Estados miembros es que las potencias exportadoras de gas también están aprovechando la situación. Los países del este señalan claramente hacia Moscú, como también lo ha hecho un grupo de eurodiputados. “Lo que hemos observado es que Rusia ha cumplido con todos los contratos aunque Gazprom no ha aumentado los suministros en respuesta a una mayor demanda”, señala una fuente, que explica que la razón puede ser que Asia esté “pagando un precio más alto” o que Rusia esté cubriendo sus propias necesidades, aunque aseguran que “se podría esperar que Gazprom aumente la oferta”.

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Presión española

España ha liderado la presión a la Comisión Europea. El 20 de septiembre, Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, junto a Ribera, enviaba un documento de reflexión a Bruselas junto a una carta en la que solicitaban medidas rápidas y soluciones europeas. Las dos vicepresidentas españolas hacían distintas propuestas, entre ellas la de poner en marcha un sistema de compra y almacenamiento común de gas, siguiendo el modelo exitoso de la compra conjunta de gas.

Esa idea queda reflejada en el documento que hoy publica la Comisión Europea, que señala que en diciembre de 2021 “tiene previsto revisar el reglamento de seguridad del suministro de gas” con el objetivo de que pueda “reforzarse” la fortaleza del mercado de gas de la Unión y que explorará la propuesta española de un sistema de adquisición y almacenaje común. “La Comisión también explorará los posibles beneficios de la adquisición conjunta de reservas de gas por parte de entidades reguladas o autoridades nacionales para permitir la puesta en común de fuerzas y la creación de reservas estratégicas. La participación en el sistema de compra conjunta sería voluntaria y el sistema debería estructurarse de manera que no interfiera en el funcionamiento del mercado interior de la energía y respete las normas de competencia”, señala el documento.

Pero el Gobierno ha movido ficha más allá de aquel documento del 20 de septiembre. La semana pasada, Calviño coordinó un documento conjunto con otros cuatro ministros de Finanzas, los de Francia, Grecia, República Checa y Rumanía, en el que insistían en la necesidad de tomar medidas a nivel europeo. Emmanuel Macron, presidente galo, y su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, se han sumado a las voces duras de Calviño y Ribera a la hora de exigir medidas. Las voces de Francia y de España serán dos de las más críticas y duras cuando los jefes de Estado y de Gobierno se reúnan el próximo jueves y viernes con la energía como uno de los puntos centrales de la agenda.