España propone un sistema europeo para comprar gas inspirado en el de las vacunas

El Gobierno de España ha propuesto a Bruselas aplicar a la actual escalada de precios de la energía el aprendizaje de la campaña de vacunación europea, que se ha basado en la centralización de la compra de dosis por parte de la Comisión Europea. En un documento de reflexión enviado este lunes a Bruselas por parte de las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera, a cargo de Transición Ecológica, proponen una serie de propuestas, y, entre ellas, crear un sistema conjunto para la compra de gas.

"Si bien no podemos reducir nuestra dependencia a corto plazo, podemos y debemos aumentar nuestro poder de negociación. Esto requiere una plataforma europea centralizada para comprar gas natural. Lo hemos hecho con bastante éxito para las vacunas y deberíamos reproducir este modelo en otros campos estratégicos como este. Además, podríamos utilizar nuestro mayor poder de negociación para constituir reservas estratégicas que nos permitan mitigar nuestra exposición a las fluctuaciones del mercado", señala el Gobierno español en el 'non-paper' enviado este lunes a la Comisión Europea.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Nord Stream 2: la importancia del gas y su papel clave como energía de transición

Eva Valle

Los equipos de Ribera y Calviño hacen referencia a un término muy en boga en Bruselas: la autonomía estratégica, de la que normalmente se habla en referencia a la seguridad y la defensa. Es un lenguaje que todos en la capital comunitaria comprenden. “La autonomía estratégica de Europa es incompatible con el nivel actual de exposición a las fluctuaciones de los mercados energéticos internacionales”, asegura el documento en el punto en el que propone crear una plataforma para la compra centralizada de gas natural.

"Los productores de gas se están comportando estratégicamente para maximizar sus ganancias, debemos actuar juntos para evitar quedar a su merced. Esto no solo es importante para contener los precios actuales de la energía, sino también para protegernos de que los productores utilicen los precios de la energía como herramienta de negociación política en otros asuntos".

Respecto a ese comportamiento estratégico de los productores a los que se refiere el Gobierno español, un grupo de más de 40 eurodiputados de distintos partidos han enviado esta semana una carta a la Comisión Europea asegurando que la compañía rusa Gazprom está manipulando los precios con el objetivo de aumentar la presión política sobre Europa para que haya una mayor aceptación al gasoducto Nord Stream 2, que conectará directamente el territorio ruso con el alemán, y que ha provocado el malestar de un buen grupo de Estados miembros del este y bálticos, así como de Ucrania. Los eurodiputados piden al Ejecutivo comunitario que abra una investigación.

El tono del documento de reflexión es en algunos momentos duro. “Si las reglas del juego se establecen a nivel europeo, los remedios también deberían hacerlo. Los Estados miembros no deberían tener que improvisar medidas ad hoc cada vez que los mercados funcionen mal, y luego esperar que la Comisión no se oponga a ellas”, señala el documento enviado por ambas vicepresidentas. “Necesitamos con urgencia un menú de políticas europeas prediseñado para reaccionar de inmediato a los dramáticos aumentos de precios. Estamos pensando en directrices flexibles desarrolladas por la Comisión, que deberían ofrecer a los gobiernos diferentes opciones, aumentando así la certeza para los consumidores, los titulares y los gobiernos por igual”, apuntan.

TE PUEDE INTERESAR

El Nord Stream 2 está a punto: colocan el último tubo del gasoducto de la discordia

EFE El Confidencial

Desde Bruselas fuentes comunitarias ya han señalado en las últimas semanas que la capacidad de acción del Ejecutivo comunitario es muy limitada. Saben que en las próximas semanas aumentará la presión sobre ellos, que se les pedirá dar una respuesta. Pero aseguran que tienen las manos atadas. "La legislación de la UE permite a los Estados miembros aplicar salvaguardas, como intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a clientes domésticos vulnerables o con poca energía, bajo ciertas condiciones", ha señalado el Ejecutivo comunitario.

Política europea

El documento del Gobierno español llega en un momento clave. Madrid ya ha movido ficha de manera inteligente con otros 'non-papers' en el pasado reciente, y Calviño y Ribera mantienen esa nueva dinámica enviando un documento cuando no solamente el Gobierno de Pedro Sánchez notan la presión política del efecto del aumento de los precios que están teniendo que asumir los consumidores: el Ejecutivo italiano espera, según su ministro de Transición Ecológica, que las facturas se disparen un 40% a finales de año. En Grecia el Gobierno ha aprobado una partida de 150 millones de euros para tratar de aligerar las facturas de los consumidores. En otros países como Francia se están tomando medidas, y en Alemania está siendo uno de los temas de discusión durante la campaña electoral.

Y muchos dedos, especialmente los de los más escépticos con el plan europeo para descarbonizar la economía, apuntan a la Comisión Europea en el peor de los momentos. Bruselas presentó antes del verano un ambicioso paquete para recortar las emisiones un 55% en 2030, y necesita aliados urgentemente, porque sus propuestas no gustarán en muchas capitales, lo que hace prever una negociación dura que se extenderá hasta final de la legislatura.

La escalada de los precios no ayuda a esa búsqueda de los aliados. Polonia, uno de los países que más se oponen a los ambiciosos planes europeos de descarbonización, culpa especialmente al sistema ETS, que pone precio a la tonelada de CO2 y que ahora la Comisión pretende extender al transporte marítimo y terrestre. Bruselas defiende que, sin embargo, el sistema ETS solamente ha contribuido a un quinto del aumento del precio de la energía, y señala que precisamente la escalada muestra la necesidad de una transición hacia las energías renovables.

En el barrio europeo temen que el incremento de los precios genere una reacción social muy contraria a la transición ecológica justo cuando Bruselas lo ha convertido en el gran proyecto político de la segunda mitad de la legislatura. Es algo que ya les preocupaba antes de este último tramo de escalada. Ahora todavía más. Y Calviño y Ribera van directamente a esa herida en su documento de reflexión. “La crisis actual es una amenaza para las iniciativas de reducción de carbono. Los niveles actuales de precios y la volatilidad son políticamente insostenibles”, señalan ambas.

“Este no es solo un problema para los gobiernos nacionales, sino también para todo el marco regulador europeo, que está perdiendo credibilidad. De hecho, esta situación puede provocar una reacción violenta contra las iniciativas de reducción de carbono, como ya se ha visto en Francia con la crisis de los chalecos amarillos. Las políticas de reducción de carbono se han entendido y aceptado en general en España, pero es posible que no soporten un período sostenido de precios de la electricidad abusivos”, explican las dos vicepresidentas, en lo que es un claro aviso a la Comisión Europea, que sabe que el público español es precisamente uno de sus bastiones de apoyo a sus políticas climáticas.