Bruselas expedienta a Berlín por la sentencia de su Constitucional sobre el BCE

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra Alemania por la sentencia de mayo de 2020 en la que el Tribunal Constitucional germano, conocido como Karlsruhe en referencia a la localidad en la que se sitúa, dictó que el programa de compras del Banco Central Europeo (BCE) era “parcialmente inconstitucional”, dando la vuelta a una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que consideró que dicho programa (PSPP) estaba dentro del mandato del eurobanco.

Karlsruhe señaló que la decisión del TJUE fue 'ultra vires', es decir, más allá de sus competencias, inaugurando así un nuevo capítulo de la larga historia de pulsos sobre la primacía del Derecho de la Unión. La Comisión Europea subió rápidamente al escenario amenazando a Alemania con tomar acciones, y el Gobierno alemán se esmeró en apagar el incendio de una sentencia que pedía que el BCE demostrara en un plazo de tres meses que sus medidas “no son desproporcionadas”. Si no lo hacía, Karlsruhe amenazaba con obligar al Bundesbanka a no participar "en la implementación y ejecución" de las decisiones del BCE en cuestión.

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Este miércoles, más de un año después de la sentencia, el Ejecutivo comunitario ha abierto un expediente a Alemania por aquella decisión de Karlsruhe. La noticia fue adelantada primero por la agencia alemana DPA, y después confirmada también por Europa Press, un día antes de que Bruselas hiciera pública su decisión. “Hoy, la Comisión Europea ha decidido enviar una carta de emplazamiento a Alemania por violación de los principios fundamentales del Derecho de la UE, en particular los principios de autonomía, primacía, eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la Unión, así como el respeto de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en virtud del artículo 267 TFUE”, ha señalado el Ejecutivo comunitario en su paquete de infracciones del mes de junio.

“En consecuencia, el Tribunal alemán privó a una sentencia del TJUE de su efecto jurídico en Alemania, violando el principio de primacía del Derecho de la UE. Esta es la razón ahora para iniciar este procedimiento de infracción”, señala la Comisión, que toma nota de que el 29 de abril de este año la corte de Karlsruhe rechazó dos solicitudes de ejecución de la sentencia de mayo de 2020. Sin embargo, eso “no revierte las infracciones relativas al principio de primacía del Derecho de la Unión”.

Bruselas sabe que esa sentencia ya no tendrá una consecuencia directa. El BCE no va a frenar las compras por la decisión del constitucional alemán. No es por eso por lo que inicia este procedimiento, sino porque hay toda una corriente que cada vez coge más fuerza por la cual las cortes nacionales ponen en duda la primacía del Derecho de la Unión. Polonia o Hungría, dos países en plena deriva autoritaria, ponen en cuestión el rol del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de forma directa y clara. Y si el constitucional del primer Estado miembro les enseña el camino, la Comisión teme que la próxima batalla vaya a ser entre togas. El Ejecutivo comunitario no se esconde, y señala que esta preocupación está en el corazón de su acción: “La Comisión considera que la sentencia del Tribunal Constitucional alemán constituye un precedente importante, tanto para la futura práctica del propio Tribunal Constitucional alemán como para las cortes y tribunales supremos y constitucionales de otros Estados miembros”.