Bruselas pide a Irlanda y Holanda planes para la elusión fiscal para acceder al fondo

En febrero de 2020, volvió un debate difícil a la esfera europea. Países como España o Italia pedían ayuda al resto de Estados miembros para poner en marcha instrumentos que pudieran ayudar a los más golpeados y con menos espacio fiscal poder hacer frente a la crisis que la pandemia estaba generando. Como se esperaba, Países Bajos, entre otros, puso freno a las ambiciones y volvió a asomar el discurso de la responsabilidad individual de cada país. La necesidad de que cada uno cargue con sus propios problemas, que nadie desde fuera puede venir a arreglar el techo de otro Estado miembro.

En cierto modo el debate se ha acabado volviendo contra La Haya, aunque también contra Dublín o Luxemburgo: exactamente, los Estados miembros tienen que hacer cambios, como por ejemplo es aumentar sus ingresos fiscales, algo que ha acabado reforzando el discurso que subraya la importancia de que otros países no capten parte de sus ingresos fiscales. Sí, Italia tiene que ingresar más, pero eso mismo se lo piden capitales que tienen esquemas fiscales agresivos que drenan impuestos de las arcas italianas.

En verano la Comisión Europea ya barajaba la posibilidad de utilizar el artículo 116 de los Tratados para considerar que los esquemas fiscales agresivos son distorsiones del Mercado Interior, lo que permitiría aprobar normas no por unanimidad sino por mayoría cualificada. Una vía que permitiría a Bruselas poner coto

Eso ocurrió justo antes de un Consejo Europeo en el que se acabaría aprobando un plan de 750.000 millones de euros para ayudar especialmente a los países más golpeados por la pandemia, pero del que podrán hacer uso todos. Cada país puede pedir acceso y presentar proyectos que busca financiar con esos fondos y que deben estar en línea con las recomendaciones que la Comisión Europea realiza en el Semestre europeo.

Ahora Paolo Gentiloni, comisario de Economía, explica en una entrevista con el ‘Financial Times’ lo que ya se sospechaba: los Estados miembros que han sido señalados por la Comisión Europea como sospechosos de tener esquemas fiscales agresivos tendrán que ofrecer, como parte de sus Planes Nacionales de Reforma, cómo van a cambiar esos sistemas.

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“Abordar la planificación fiscal agresiva es crucial si queremos tener igualdad de condiciones en el mercado único”, ha explicado Gentiloni, que ha llamado a usar "todas las herramientas para abordar la planificación fiscal agresiva, especialmente ahora que estamos trabajando en los principios rectores para la implementación del Fondo de Recuperación y Resiliencia".

Lo mismo que España tendrá que explicar cómo va a hacer sostenibles sus pensiones o cómo va a reducir la tasa de abandono escolar, Gentiloni ha explicado que se exigirá que los planes nacionales de los países sospechosos y señalados en el informe del Semestre europeo de mayo de 2020 incluyan acciones que aborden las medidas nacionales destinadas a “facilitar una planificación fiscal agresiva”.

Países Bajos sí que recibirá más, unos 3.667 M, pero muy lejos de los números de España o Italia

No solo deberán convencer a Bruselas. Una exigencia de Países Bajos hizo que finalmente los Estados miembros tengan que aprobar por mayoría cualificada los Planes Nacionales de Reforma que son enviados al Ejecutivo comunitario. La idea es que países como España o Italia no vayan a recibir un tratamiento laxo por parte de la Comisión. Y eso puede acabar justo al revés: con Madrid, Roma, Lisboa o Atenas pudiendo rechazar los planes holandeses, irlandeses o húngaros que no aborden de manera creíble el problema de la elusión fiscal.

Es cierto que el efecto disuasorio que pueda tener es reducido. Por ejemplo, Luxemburgo solo recibirá 72 millones de euros en subvenciones en 2021-2022. Países Bajos sí que recibirá más, unos 3.667 millones de euros, pero muy lejos de los números de España o Italia.

En todo caso Bruselas considera este paso un ladrillo más en la estrategia que la Comisión Europea está intentando diseñar para frenar la planificación fiscal agresiva dentro de la Unión, algo que ha querido frenar también atacando los llamados “acuerdos fiscales” selectivos con grandes compañías, una estrategia que recibió un duro revés este verano cuando la Justicia europea anuló la decisión del Ejecutivo comunitario por el que se obligaba a Apple a devolver 13.000 millones de euros a las arcas de Irlanda.