El Gobierno alcanza un preacuerdo con sindicatos y patronal para el teletrabajo

Finalmente habrá ley del teletrabajo para los rebrotes del coronavirus. Después de todo un día de negociaciones, el Gobierno ha alcanzado un preacuerdo con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme para la aprobación de una nueva normativa del teletrabajo. El preacuerdo tendrá que ser ratificado por las juntas de los diferentes participantes en la mesa de diálogo a lo largo de la mañana del martes, antes de que el texto sea definitivamente aprobado en el Consejo de Ministros.

El acuerdo alcanzado consigue vencer algunas de las reticencias que quedaban, sobre todo por parte de los empresarios. Finalmente, serán las empresas quienes tengan que soportar los costes del teletrabajo, aunque se tendrán que calcular (y negociar) en el diálogo bilateral con los trabajadores. Se considerará teletrabajo cuando alcance el 30% de la jornada a distancia y su aplicación será voluntaria para la empresa y los trabajadores. Solo en el caso de que el Gobierno vuelva a establecer el "carácter preferente" del teletrabajo (artículo 5 del RDL 8/2020) se aplicaría esta normativa de forma obligatoria.

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Europa Press

El texto se aprobará por la vía del real decreto-ley y entrará en vigor 20 días después de su publicación en el BOE. Sin embargo, el Gobierno ha transmitido a los agentes sociales que tramitará en el Congreso la normativa por la vía del proyecto de ley para así permitir enmiendas, ha explicado una fuente presente en el diálogo social. Sin embargo, un acuerdo que cuente con el apoyo de empresas y trabajadores difícilmente será modificado y mucho menos rechazado, en las Cortes.

El acuerdo definitivo deja la gestión del teletrabajo en manos de la negociación colectiva, lo que limitará la flexibilidad para adaptarse a la pandemia del coronavirus, pero mejorará la aplicación al ser un pacto entre empresa y trabajadores. El uso de esta figura será siempre voluntario, tanto para el trabajador como para la empresa. De esta forma, la CEOE consigue salvar una de sus principales reivindicaciones frente a la propuesta inicial del Ministerio de Trabajo, que dejaba esta decisión en manos de los trabajadores. Ambas partes decidirán mutuamente establecer el teletrabajo en sus plantillas y negociarán las condiciones.

Las empresas están obligadas a soportar los costes que conlleve el teletrabajo, desde la instalación de equipos hasta los gastos corrientes que conlleven. Todos ellos se determinarán también en la negociación colectiva, de modo que la norma queda muy abierta a la decisión de empresas y trabajadores.