La nueva renta mínima se concentrará en Extremadura, Andalucía y Canarias

Poco se conoce del futuro ingreso mínimo vital (IMV) que prepara el equipo del ministro Escrivá, pero ya se han despejado, al menos, dos dudas. Será permanente, es decir, no estará vinculado a la crisis derivada del coronavirus, e irá destinado no a personas, sino a hogares. Probablemente, como ha adelantado el propio ministro de Inclusión y Seguridad Social, más de un millón de hogares (de los 18,6 millones que existen en España) serán los beneficiarios. En total, aunque estas cifras son aproximadas, alrededor de tres millones de personas podrán aprovechar esta medida cuando se ponga en marcha.

¿Muchos o pocos? ¿Cubre las necesidades de quienes están en peores circunstancias económicas? La respuesta está en la última 'Encuesta de condiciones de vida' (ECV) que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que sitúa la población en riesgo de pobreza o exclusión social en el 26,1% del total (año 2018), es decir, cinco décimas menos que un año antes.

Ahora bien, con alguna diferencia entre hombres (25%) y mujeres (27,1%). En total, unos 12 millones de personas se encontrarían en esa situación. Por lo tanto, uno de cada cuatro españoles se situaría por debajo del umbral de la pobreza relativa, un concepto que en su día identificó el Consejo Europeo con tres condiciones.

Por un lado, disponer de unos ingresos por hogar —después de transferencias públicas— inferiores al 60% de la renta mediana del país (8.871 euros en hogares con una sola persona en 2018); tener trabajando al conjunto de los miembros activos del hogar menores de 59 años por debajo del 20% de sus horas potenciales; y, por último, cumplir al menos cuatro de las siguientes condiciones de carencia material: no poder hacer frente a los gastos de hipoteca, alquiler o suministros; no poder mantener la casa caliente; no poder hacer frente a gastos inesperados; no poder comer carne o proteínas regularmente; no poder ir de vacaciones; no poder comprar un televisor; no estar en condiciones de comprar una lavadora; no poder adquirir un coche; o no estar en condiciones de comprar un teléfono.

Información fiscal

Como recuerda este informe reciente del Banco de España, los ingresos del hogar en la ECV se calculan combinando la información proporcionada por el informante con los registros administrativos de la Agencia Tributaria.

¿Y quiénes son esos pobres? Los datos del INE muestran que, según el tipo de hogar, el porcentaje más alto de riesgo de pobreza y/o exclusión social corresponde a uno formado por un adulto con uno o más hijos dependientes (50%); el segundo lugar, a otros hogares con hijos dependientes (33,6%); y en tercer lugar, a los hogares de una persona (25,9%) que, por razones de su propia estructura, no pueden aprovechar las economías de escala, ya que tienen que hacer frente de forma individual a los gastos asociados a la vivienda.

¿Y dónde viven esos potenciales beneficiarios? Fundamentalmente, en tres regiones: Extremadura, Andalucía y Canarias. Si en el conjunto de España la llamada tasa AROPE se sitúa en el 26,1%, en la primera de esas regiones se alcanza un 44,6%; en la segunda, un 38,2%; y en las islas Canarias se llega al 36,4%. Es decir, ahí está el principal foco de la pobreza en España, sin contar Ceuta, donde se sitúa en un increíble 49,3%, lo que significa que la mitad de la población es pobre a efectos estadísticos.

Por el contrario, País Vasco (12,1%), Navarra (12,6%) y Aragón (17,7%) presentan las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas en la última encuesta de condiciones de vida.

Riesgo de pobreza

La tasa AROPE (At Risk Of Poverty or Social Exclusion, por sus siglas en inglés), como se sabe, se creó en 2010 con el objetivo de medir la pobreza relativa en Europa ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que únicamente contempla los ingresos, pero no el acceso a bienes materiales que se consideran básicos.

España, dentro de los objetivos de la Estrategia 2020, se comprometió a reducir en 1,4-1,5 millones las personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Pero la cruda realidad ha sido muy distinta.

No solo no ha bajado el número de pobres, sino que ha crecido de forma significativa desde 2008. En concreto, según el último informe de la Unión Europea, en 1,26 millones. Tan solo entre 2008 y 2014, en plena doble recesión, el número de pobres creció en nada menos que 2,6 millones, pero desde entonces, al calor de la recuperación económica, ese aumento se ha reducido a prácticamente la mitad.

Eso quiere decir que España no cumplirá los objetivos de la Estrategia 2020 en esta materia. A lo sumo, y una vez completado el despliegue del ingreso mínimo vital, podrá alcanzar sus compromisos adquiridos hace una docena de años, pero eso ya no se producirá este año, ya que la articulación administrativa de esas medidas, que hay que negociar con las comunidades autónomas, requiere tiempo.

Lo que más ha llamado la atención de los especialistas es el intenso ‘rejuvenecimiento’ de la pobreza en España, que históricamente se había vinculado a personas de avanzada edad. Un factor a tener en cuenta en el despliegue del ingreso mínimo vital.

Como recordó la 'Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza infantil', presentada por el Gobierno hace ahora un año, la tasa de riesgo de pobreza de la población entre 18 y 29 años ha pasado de un 16,5% en 2008 al 28,2% en 2017. Por el contrario, sostenía ese documento, llama la atención la evolución entre los mayores de 64 años, que vieron reducirse la tasa de pobreza significativamente desde 2011 a consecuencia del sistema de pensiones públicas.