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Estos son los perfiles a los que el Gobierno asegura el agua y la luz en el estado de alarma

De cara a la crisis del coronavirus el Ejecutivo ha aprobado medidas extraordinarias con las que pretende paliar los daños económicos causados por la pandemia

Foto: El Gobierno ha aproado medidas extraordinarias para proteger a los más vulnerables ante la crisis del coronavirus(Pixabay)
El Gobierno ha aproado medidas extraordinarias para proteger a los más vulnerables ante la crisis del coronavirus(Pixabay)

La crisis generada por el coronavirus ha llegado a todos los ámbitos y también al de los suministros básicos. La orden de confinamiento generalizada que ha lanzado el Gobierno y el cierre de la mayoría de los comercios y locales hosteleros ha dejado a muchas personas en situación de vulnerabilidad o directamente esperando un ERTE, lo que ha llevado al Ejecutivo a tener que tomar medidas urgentes.

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Tras el decreto del estado de alarma el Gobierno de Pedro Sánchez anunció una moratoria de suministros básicos, es decir, agua, luz y gas, a colectivos vulnerables afectados por la crisis del coronavirus, lo que se traduce en que a aquellos consumidores considerados como vulnerables según lo establecido en el Real Decreto de 2007, las compañías suministradores de gas natural, electricidad y agua no podrán cortarles el servicio aunque estos no paguen.

Pero, ¿quiénes son exactamente las personas a las que se les aplicará esta medida?

Se impedirá a partir del mes de abril el corte de suministros a aquellos usuarios considerados como de consumidores vulnerables, vulnerables severos o personas en riesgo de exclusión social, es decir, tal y como indican desde la organización de consumidores Facua, a aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos.

Así, tendrán la consideración de consumidores vulnerables los titulares de un punto de suministro de electricidad, luz o gas natural en su vivienda habitual que, siendo personas físicas, estén acogidas a la tarifa semirregulada, denominada precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), y que puedan acreditar que cumplen con las siguientes condiciones:

1. Renta baja

Que su renta o, en caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual del conjunto de la familia a que se pertenezca sea igual o inferior:

  • A 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) de 14 pagas, en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en esta
  • A 2 veces el índice Iprem de 14 pagas, en el caso de que haya una persona menor de edad en la unidad familiar
  • A 2,5 veces el índice Iprem de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la familia.

Los multiplicadores de la renta que se aplican a cada cálculo se incrementarán en 0,5 en los casos en los que se trate de unidades familiares en las que se encuentre una persona con un 33% o más de discapacidad reconocida, en los que se acredite una situación de violencia de género o se sea víctima del terrorismo.

2. Familias numerosas

Unidades familiares que cuenten con el título de familia numerosa

3. Pensionistas con renta mínima

Que el propio consumidor y, en el caso de formar parte de una unidad familiar, todos los miembros de la misma familia que tengan ingresos, sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, y no tengan más ingresos que estos.

Vulnerables severos o en riesgo de exclusión

Los consumidores considerados vulnerables severos , tal y como indica Facua, son aquéllos que cumplen los requisitos de consumidor vulnerable pero que además atraviesa una situación agravada en lo referente a sus ingresos, mientras que los usuarios que se consideran en riesgo de exclusión social son aquellos que tienen una situación de pobreza severa pero que además están siendo atendidos por los servicios sociales de manera que su comunidad autónoma o Ayuntamiento les financie al menos el 50% de la factura de la luz.

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