Consecuencias energéticas del divorcio

Transporte y agricultura españoles: los daños colaterales climáticos del Brexit

KPMG advierte de que la salida de Reino Unido de la Unión Europea puede suponer una reasignación de esfuerzos en materia de derechos de emisiones entre el resto de estados miembros

Foto: Tráfico a la entrada de Madrid
Tráfico a la entrada de Madrid

Las consecuencias del Brexit, y más en la situación actual, son impredecibles. Los potenciales acuerdos en materia energética y medioambiental también están en el aire dados los últimos acontecimientos.

Entre las incertidumbres está saber qué pasará en materia de emisiones contaminantes. Actualmente existe un sistema común a nivel europeo en el que cada país debe cumplir con un determinado nivel de reducción de CO2.

Los derechos de emisiones, los activos que regulan esta cuestión, podrían verse impactados con un Brexit desordenado. "El Reino Unido quedará excluido de participar en el sistema de comercio de emisiones de la UE en un escenario de "no acuerdo", asevera el propio Gobierno de Theresa May en un comunicado oficial.

En un reciente informe, el experto en Brexit y el mercado energético, Antonio Hernández, socio responsable de estrategia en esta materia en KPMG, pone el foco sobre las posibles consecuencias.

En el documento, el experto de la 'Big Four' señala que una posibilidad es que " la distribución de los permisos de emisión entre los estados podría variar. Esta revisión de "esfuerzos" se traduciría previsiblemente en un aumento de los mismos en España y otros Estados miembros, con el consiguiente incremento de costes en los sectores difusos (transporte, agricultura, edificación, etc.)".

Este experto no es el primero que apunta a los sectores difusos, aquellos en los que el control de derechos de emisión es más difícil por estar muy diseminados, como uno de las potenciales áreas en los que añadir cargas por la contaminación que provocan.

El informe de los expertos que hizo una propuesta fiscal energética para el Ministerio de Energía que dirigía Álvaro Nadal en el último gobierno del PP propuso aumentar la carga impositiva del diésel un 28%, de la gasolina un 2% y del gas un 7%. De esta manera, el equipo liderado por Jorge Sanz entendía que se repartían mejor las responsabilidades por la contaminación de cara a un escenario de descarbonización total en 2050. No obstante, su propuesta quedó totalmente superada con la llegada del PSOE al Gobierno.

Ahora es el Brexit el que podría poner en el punto de mira a estos sectores. En cualquier caso, el Gobierno de España ya está dirigiendo sus esfuerzos medioambientales sobre el transporte. En los presupuestos presentados esta misma semana, han lanzado una subida del gasóleo de 3,8 céntimos por litro, lo que le acerca al coste de la gasolina.

El esfuerzo impositivo se destinará a acciones contra el Cambio Climático, según destacó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La cuestión es delicada desde el punto de vista político y más con las elecciones en el horizonte. Por una propuesta de más impuestos al carburante se desató la revuelta de los Chalecos Amarillos en Francia, que ha supuesto la mayor crisis de Gobierno para Emmanuel Macron desde que es presidente de la República.

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