Enfado en la CEOE

El diálogo estalla: primera bronca de Sánchez con los empresarios por la reforma laboral

Los sindicatos presionan al Gobierno para que derogue los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral unilateralmente y por decreto, para evitar la tramitación parlamentaria

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Hace apenas una semana, los sindicatos celebraban el acuerdo con la patronal y el Gobierno para poner en marcha el Plan de Choque por el Empleo Juvenil, y ya han hecho saltar por los aires el diálogo social. CCOO sorprendió el jueves con una rueda de prensa en la que anunció un preacuerdo con el Ministerio de Trabajo para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. El pacto deja al margen a la patronal, a quien animan a incorporarse al acuerdo o, de lo contrario, amenazan con movilizaciones.

Este giro de los acontecimientos ha sorprendido en el seno de la CEOE, que lamenta que el Gobierno haya alcanzado un preacuerdo con los sindicatos sin contar con su opinión. Y no solo eso, también ha entrado en juego la amenaza de movilizaciones. Esta tensión se ha convertido en el primer gran choque entre el Gobierno y los empresarios, quienes lamentan que el ministerio haya maniobrado a sus espaldas. Trabajo ha intentado relajar la tensión distanciándose del anuncio de CCOO y explica que las negociaciones siguen abiertas, pero la ministra, Magdalena Valerio, reconoció el jueves que sería difícil alcazar un acuerdo que convenciese a todas las partes.

Las relaciones entre la CEOE y el Ejecutivo de Pedro Sánchez han sido positivas desde el primer momento. La patronal desbloqueó el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva tras la moción de censura, lo que supuso la primera gran victoria del Gobierno. Esta buena sintonía se mantuvo incluso con los anuncios de subidas de impuestos a las empresas, las bases de cotización a la Seguridad Social y del salario mínimo interprofesional (SMI) que realizaron los diferentes ministerios.

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Pero su buena relación podría romperse por la ‘contrarreforma laboral’. Si se confirma la ruptura unilateral de la mesa de diálogo en aspectos tan importantes para las empresas como la aplicación de los convenios colectivos, el Gobierno se enfrentaría directamente a la patronal. Fuentes de la patronal no comprenden estas “ocurrencias”, que generan una gran incertidumbre en las empresas y podrían ralentizar la creación de empleo. En su opinión, el riesgo regulatorio es el peor enemigo de la inversión y la contratación.

La patronal no comprende estas ocurrencias, que generan una gran incertidumbre en las empresas y que amenazan con ralentizar el empleo

Fuentes de la patronal aseguran que ellos desconocían este preacuerdo y lamentan que hayan tenido que enterarse por la prensa. La sensación es que este movimiento puede complicar las negociaciones a partir de ahora, porque introduce una desconfianza que no existía hasta ahora. Además, CCOO está dispuesta a redoblar la presión sobre el Gobierno para que apruebe estas medidas de forma unilateral, lo que obligará al Ejecutivo a tomar partido por una de las dos partes.

Los sindicatos lamentan que no se hayan producido avances después de meses de reuniones y ya no están dispuestos a esperar más. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, anunció en el consejo confederal del jueves que solicitarán al Gobierno anunciar este acuerdo en un gran acto en el que esté presente Pedro Sánchez.

El principal punto de fricción está en la aplicación de los convenios colectivos. Según CCOO, el preacuerdo con el Gobierno recupera la ultraactividad y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, dos medidas que no está dispuesta a aceptar la patronal.

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CEOE considera que la ultraactividad del convenio colectivo, esto es, la aplicación ‘sine die’ hasta que se alcance un pacto para renovarlo, impide a las empresas adaptarse a los diferentes entornos económicos. En otras palabras: mantener de forma indefinida unas condiciones al margen de la realidad económica no ayudará a las empresas a transformarse y aprovechar las ventajas del mercado en un entorno cambiante.

Además, piden que se mantenga la prevalencia del convenio empresarial sobre el del sector. En su opinión, si una empresa y sus trabajadores alcanzan un acuerdo, no hay motivo para impedir su aplicación. Estas dos peticiones chocan frontalmente con las demandas de los sindicatos, que consideran que forman parte de los aspectos más lesivos de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy.

Sin pasar por el Parlamento

CCOO ha tomado la decisión de presionar al Gobierno para acelerar los cambios de la reforma laboral. Para ello, el sindicato exige que apruebe por ‘decretazo’ todas las medidas que no requieran tramitación parlamentaria. De esta forma conseguiría acelerar su entrada en vigor y, sobre todo, se aseguraría su aprobación, ya que la minoría del Gobierno pone en riesgo cualquier votación. Y más si las propuestas no cuentan con el apoyo de la patronal, lo que complicaría los apoyos de la derecha, incluyendo PNV y PDeCAT.

Las tres medidas prioritarias que los sindicatos quieren aprobar por ‘decretazo’ son el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años (ya existía hasta la reforma laboral, pero el Gobierno de Mariano Rajoy lo elevó hasta los 55 años), la recuperación de la ultraactividad y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. No obstante, estas dos últimas tienen rango de ley, por lo que sería complicado que pueda realizarse por esta vía.

CCOO considera que el Ministerio de Trabajo lleva ya muchos meses anunciando que quiere derogar estos “aspectos más lesivos” de la reforma laboral, pero todavía no ha adoptado una sola medida. De ahí que no quieran empezar a negociar otros temas hasta que no se completen los que están encima de la mesa.

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El preacuerdo de los sindicatos con el Gobierno incluye también la derogación del contrato para emprendedores. Esta modalidad se introdujo para estimular la contratación de los autónomos y pymes y cuenta con incentivos fiscales y bonificaciones para hacerla más atractiva. La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ya había mostrado su descontento con este tipo de contrato porque “ni ha dado los frutos deseados ni ha conseguido frenar la temporalidad” y, además, cuesta dinero público.

Por último, el acuerdo incluye el establecimiento de un registro de jornada para controlar el horario de los trabajadores de modo que las empresas paguen las horas extra y coticen por las mismas a la Seguridad Social.

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