casi 100 en el último año

La falta de Gobierno provoca una avalancha de demandas contra España en la UE

La ausencia de Gobierno desde hace casi un año está provocando una avalancha de demandas contra España por incumplir las normas de la UE. Casi 100 en el último año

Foto: La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, (i) acompañada de la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez. (EFE)
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, (i) acompañada de la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez. (EFE)

El bloqueo político —Gobierno en funciones e inactividad práctica del Parlamento— está teniendo efectos negativos sobre la imagen exterior de España. Pero también tiene consecuencias evidentes sobre las relaciones entre la Unión Europea y España. Hasta el punto de que Bruselas ha abierto en el último año —periodo que lleva cerrado el Parlamento a efectos de aprobar leyes— nada menos que 98 procedimientos de sanción por incumplimiento reiterado de las diferentes normativas comunitarias.

La última andanada de requerimientos la ha publicado la Comisión Europea el pasado 29 de septiembre. Y, en concreto, se refiere a cuatro procedimientos abiertos contra España por no haber realizado la trasposición de las respectivas directivas comunitarias a la legislación española. La más relevante tiene que ver con la libre circulación de profesionales. En concreto, Bruselas denuncia que España ha hecho caso omiso del reconocimiento de cualificaciones profesionales entre países miembros.

La directiva establece un avanzado sistema de la Unión Europea de aceptación de cualificaciones profesionales, simplifica las normas existentes y acelera los procedimientos de reconocimiento, garantizando al mismo tiempo que los profesionales cualificados que deseen trabajar en otro Estado miembro cumplan los requisitos del país de acogida. La directiva debería haber sido incorporada al derecho nacional antes del 18 de enero de 2016. Es decir, hace nueve meses.

Sin embargo, España y otros 13 países no han notificado a la Comisión la incorporación completa de la directiva a su ordenamiento jurídico nacional. Bruselas recuerda que los Estados miembros disponen ahora de dos meses para notificar a la Comisión la incorporación completa de la directiva; de no hacerlo, la Comisión Europea podría decidir llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Bruselas, igualmente, recrimina a España por las dificultades que pone para que avance el mercado interior de la energía. Y en concreto, insta al Gobierno a que cumpla plenamente las disposiciones del llamado tercer paquete energético, que garantice la correcta aplicación de las directivas sobre electricidad y el gas.

Estas directivas establecen normas sobre separación efectiva entre suministradores y productores de energía, con el objetivo de fortalecer la independencia y las competencias de las autoridades reguladoras nacionales. Además de normas en beneficio de los consumidores.

Falta de independencia del regulador

La Comisión recuerda que en su día constató que la actual legislación española impide a las empresas distintas de los gestores históricos nacionales de las redes de gas y electricidad construir y explotar interconexiones con otros Estados miembros. Asimismo, España ha traspuesto incorrectamente algunas disposiciones sobre la independencia de la autoridad nacional de reglamentación.

En el último año, Bruselas ha abierto nada menos que 98 procedimientos de infracción contra España, que afectan a prácticamente todas las materias

Ya en febrero de 2015, se envió una carta de emplazamiento a España. Pero la Comisión Europea ha constatado que aún no se ha dado cumplimiento a la legislación de la UE, de ahí que haya decidido enviar ahora un dictamen motivado. De nuevo, se dan dos meses para hacer los cambios oportunos; de lo contrario, Bruselas denunciará a España ante el Tribunal de la UE.

El tercer asunto que afecta directamente a España en el paquete de incumplimientos de septiembre se refiere a la directiva de la UE sobre retorno. En este caso, lo que se reclama es que se acelere su aplicación en determinados ámbitos específicos, garantizando la plena trasposición de todas las disposiciones al derecho nacional. Las disposiciones que España no ha traspuesto correctamente incluyen la definición de retorno, la obligación de adoptar decisiones de retorno de nacionales de terceros países en situación irregular y una definición clara de la función del Defensor del Pueblo como órgano de supervisión con arreglo a la directiva.

La última de las normas que no han sido adaptadas al derecho nacional tiene un alcance menor, y se refiere al reglamento de comercialización y utilización de precursores de explosivos.

El último informe de la Comisión Europea situaba España como el tercer país de la UE —por detrás de Italia y Alemania— más incumplidor de la normativa

En total, y en el último año, la UE ha abierto nada menos que 98 procedimientos de infracción contra España, que afectan a prácticamente todas las materias: energía, medio ambiente, mercado interior, justicia o funcionamiento del mercado de capitales. Unas veces por no haber hecho la trasposición de la directiva y otras por ejecutarla de forma incorrecta, un viejo ‘truco’ de los gobiernos para ganar tiempo y proteger a sus industrias y empresas nacionales.

El último informe de la Comisión Europea situaba España como el tercer país de la UE —por detrás de Italia y Alemania— más incumplidor de la normativa comunitaria. En total, 83 procedimientos hasta el pasado 31 de diciembre. Lejos, en todo caso, de los 99 procedimientos de infracción planteados en 2011. A esta cifra hay que añadir otros 16 nuevos procedimientos de infracción por lo que Bruselas denomina trasposición tardía.

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