El impuesto de sucesiones se marchita: ¿hay que ligarlo a la Seguridad Social?
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la recaudación cae en 2016

El impuesto de sucesiones se marchita: ¿hay que ligarlo a la Seguridad Social?

El impuesto de sucesiones ya solo representa el 1,7% de los ingresos. Un estudio editado por Hacienda propone ligarlo a la Seguridad Social con tipos homogéneos en toda España

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Lo reconoce, con toda crudeza, una de las publicaciones con mayor solera de las que edita el Ministerio de Hacienda ('Crónica Tributaria'): El impuesto de sucesiones y donaciones es “un impuesto en crisis”.

Y las cifras de recaudación confirman la conclusión. Hoy, el impuesto que grava las herencias y las adquisiciones gratuitas de bienes y derechos tanto 'mortis causa' como 'inter vivos' es un tributo casi marginal en el sistema impositivo español. Apenas supone el 1,7% de la recaudación. Y lo que es más significativo, nada indica que se pueda recuperar en un futuro próximo.

Al menos, a la luz de lo que ha sucedido en los últimos años. En 2010, en los momentos más duros de la crisis, los derechos reconocidos por el impuesto de sucesiones alcanzaron los 2.662 millones de euros, pero el año pasado la cifra apenas llegó a los 2.751 millones de euros. Es decir, apenas un avance del 3,3% en cinco años pese a la recuperación económica de los dos últimos ejercicios. En el primer trimestre de este año respecto del mismo periodo del año anterior, el descenso es del 0,49%.

En el conjunto de 2016, se espera recaudar 2.907 millones, pero esta cifra probablemente está sesgada al alza a la vista de lo que ha sucedido en el primer trimestre. En particular, en algunas comunidades autónomas, como Madrid, donde los derechos reconocidos apenas suponen el 17,8% respecto de la previsión definitiva. Por debajo del 28,8% que se produce en el conjunto de las comunidades autónomas.

Como se sabe, el impuesto de sucesiones y donaciones es un tributo estatal, pero su recaudación (excepto la de no residentes, contribuyentes con domicilio fiscal en Ceuta y Melilla y residentes en el extranjero), y parte de la capacidad normativa, se encuentra cedida a las comunidades autónomas no forales.

Estas, como es conocido, han emprendido en los últimos años una carrera por atraer patrimonios de otras regiones, y de ahí que los contribuyentes con mayor capacidad para deslocalizar rentas hayan aprovechado esta ventana de oportunidad. En el caso de Madrid, por ejemplo, la previsión de recaudación (derechos reconocidos) asciende a 550 millones de euros en 2016, solo ligeramente por encima de los 458 millones alcanzados hace media docena de años pese a que, por medio, hay una fuerte crisis económica.

Como sostiene el estudio publicado por Hacienda, este proceso de cambio de residencia fiscal ha afectado a la recaudación por IRPF de las comunidades afectadas por los traslados de domicilio de contribuyentes. Y lo que no es menos relevante, ha dificultado las “comprobaciones” a efectos de inspección, por lo que, en la práctica, “la posibilidad de ser comprobado o inspeccionado” un contribuyente “disminuye”.

Alta litigiosidad

El estudio lo firma el inspector de Hacienda Ignacio García Sinde, y recuerda que, como consecuencia de la bajada de ingresos para las comunidades autónomas, “se han incrementado las actuaciones de comprobación e inspección de este tributo, lo que ha determinado en los últimos años un incremento de la litigiosidad”.

A la vista de esta realidad, lo que propone el autor del estudio es quitar las competencias de este tributo a las comunidades autónomas y trasladarlas a la Seguridad Social, que funciona con criterio de caja única (afecta al conjunto del Estado) y tiene una gran capacidad de inspección a través de la Tesorería. Algo que obligaría a coordinar las actuaciones de gestión y recaudación con la Agencia Tributaria.

La ventaja de ese modelo es que se pondría en marcha un recurso público “unificado” en su normativa y su gestión, lo que permitiría garantizar la igualdad entre los herederos y donatarios españoles, con independencia de su lugar de residencia. Además, el nuevo modelo contribuiría a “superar la crisis de legitimación social que sufre el impuesto sobre sucesiones y donaciones”. Frecuentemente atacado por el hecho de que muchos opinan de que se trata de una doble tributación.

La Comisión de Expertos creada por Hacienda en 2013 respaldaba el mantenimiento de este tributo, toda vez que “mejora la igualdad de oportunidades y favorece la equidad del sistema”. Lo que proponía, en concreto, el llamado Informe Lagares (presidente de la Comisión) para salvar la caída de la recaudación era la creación de una tributación mínima por sucesiones en todo el territorio nacional que discrimine exclusivamente en función del parentesco. Los tipos impositivos serían “reducidos”. Pero progresivos. Es decir, en función de la capacidad económica de cada contribuyente.

C's propone dejar exentos la vivienda, la empresa familiar y hasta un millón de euros heredado por cada hijo, lo que supondría una vuelta de tuerca al tributo

El impuesto de sucesiones existe en 27 de los 34 países analizados por la OCDE. Pero la particularidad de España es que tiene tipos efectivos (reales y no nominales) muy elevados, aunque la recaudación global se encuentra “en niveles muy inferiores”, como aseguraron los expertos, debido a que en muchas comunidades prácticamente hay una bonificación del 100%.

Los principales partidos han puesto también sus ojos en este tributo de cara al 26-J. Y así, Ciudadanos, por ejemplo, propone dejar exentos la vivienda habitual, la empresa familiar y hasta un millón de euros heredado por cada hijo, lo que en la práctica supondría una nueva vuelta de tuerca a un tributo moribundo. Igualmente, y en línea con lo que plantea también el PSOE, se propone armonizar (también en el impuesto de patrimonio) los tipos impositivos en el conjunto del Estado. El PP no hace ninguna oferta al respecto.

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