CASI 64.000 PETICIONES REGISTRADAS DESDE 2012

La banca contabiliza en 2015 otros 26.000 hogares que no pueden pagar su hipoteca

La recesión económica ha terminado, pero la crisis sigue girando una enorme factura a los hogares. El pasado año, otros 26.000 deudores hipotecarios pidieron socorro a la banca

Foto: África, divorciada y con un hijo de 10 años, mientras esperaba que se hiciera efectivo el desahucio de su casa, finalmente suspendido, en 2011. (EFE)
África, divorciada y con un hijo de 10 años, mientras esperaba que se hiciera efectivo el desahucio de su casa, finalmente suspendido, en 2011. (EFE)

La Comisión de Control encargada de velar por el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Hipotecarias instituido en 2012 ha culminado su séptimo informe semestral, correspondiente a la segunda parte del pasado año 2015, con resultados que no pueden ser más elocuentes. Después de 10 trimestres consecutivos de crecimiento económico, y muy a pesar de ello, la sombra de la crisis sigue oscureciendo las perspectivas de muchas familias españolas que no pueden pagar su vivienda. No en vano, a lo largo del pasado año, otros 26.336 deudores se han visto obligados a lanzar un grito de socorro a sus bancos para reclamar la refinanciación de sus créditos hipotecarios.

El Código de Buenas Prácticas Hipotecarias cuenta con 95 entidades financieras adheridas que remiten trimestralmente al Banco de España la información relativa al número, volumen y características de las operaciones de refinanciación solicitadas por sus clientes, así como la cifra de demandas atendidas y las que, en su defecto, hayan sido denegadas. Los deudores hipotecarios están protegidos dentro del mecanismo de segunda oportunidad establecido en el Real Decreto-Ley 1/2015, que perfeccionó a su vez el Real Decreto-Ley 6/2012 de medidas urgentes en el sector de la vivienda. Dichas normativas promueven la reestructuración de créditos en situaciones sobrevenidas que, según los casos, impiden hacer frente a cuotas superiores al 50% o 40% de los ingresos de la unidad familiar.

 

De las más de 26.000 demandas registradas el pasado año, solamente fueron atendidas en realidad un 55%, en tanto que el 45% de las peticiones restantes fueron denegadas, al no reunir los deudores los requisitos exigidos en la norma, principalmente aquel que establece la carencia por parte de la unidad familiar de cualquier otro bien o derecho patrimonial suficiente para hacer frente a la deuda. Del conjunto de las 14.440 operaciones realizadas, 12.282 concluyeron con una reestructuración viable de la deuda pendiente, mientras que 2.117 se saldaron con un acuerdo de dación de la vivienda en pagoEn ningún caso los bancos aceptaron quitas que redujeran la cuantía de los créditos.

Las cifras del segundo semestre de 2015, que son las que dan lugar al último informe de la Comisión de Control, demuestran que poco o casi nada ha cambiado dentro del tono general de exclusión que padece España, y que se deriva en buena parte del sector hipotecario de la vivienda. Entre los meses de junio y diciembre, un total de 61 entidades financieras han recibido al menos una solicitud de socorro por parte de sus clientes, totalizando la cifra de 12.900 peticiones. La deuda pendiente de pago de las demandas registradas en dicho periodo es de 1.494 millones de euros, provenientes de un importe original de los préstamos, en la fecha de su formalización, de 1.699 millones.

La distribución geográfica de los datos pone de manifiesto que el mayor número de solicitudes para refinanciar hipotecas se registra en Andalucía, con 4.380 peticiones, seguida por Cataluña, con 2.940, y la Comunidad Valenciana, con 1.523. Por provincias, el informe destaca que las ciudades más castigadas por las dificultades para pagar la vivienda son Barcelona, con 2.243 reclamaciones contabilizadas por los bancos, Sevilla, que suma 1.008, y Madrid, que registró en el segundo semestre del pasado año un total de 835 demandas. Más de una cuarta parte de todas las solicitudes se produce en créditos por importe de entre 100.000 y 150.000 euros, y en casi un 20% de las peticiones la deuda pendiente de pago no superaba los 50.000 euros.

Desde 2012, un 20% de los ‘beneficiarios’ que han pedido ayuda a los bancos han tenido que perder su vivienda para saldar su deuda hipotecaria

La Comisión de Control del Código de Buenas Prácticas Hipotecarias dirigida por el Ministerio de Economía, en la que participan representantes de los bancos y también de los consumidores, además de asociaciones no gubernamentales como Cáritas Española, considera que este séptimo estudio es el más completo que se realiza hasta ahora y permite un análisis más homogéneo para comparar el estado de la situación. La conclusión más reseñable apunta a una evolución muy similar entre el primer y el segundo semestre del pasado año, si bien “las cifras siguen siendo considerablemente elevadas”, a juicio de los redactores del informe.

Desde la aprobación de la primera norma de protección de deudores hipotecarios especialmente vulnerables en marzo de 2012, los bancos españoles han tenido que afrontar un total de 63.752 solicitudes de refinanciación. Más de la mitad fueron denegadas y de las 31.000 operaciones finalmente realizadas, alrededor de 25.000 terminaron con una reestructuración del crédito pendiente y otras 6.000 se sustanciaron con la dación en pago. La moraleja demuestra el gran sarcasmo de un drama en el que un 20% de los ‘beneficiarios’, ahí es nada, tienen que dar las gracias por saldar sus deudas a cambio de perder su vivienda.

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