SE INCLUÍA EN EL PRIMER BORRADOR

La banca frenó la supresión de las cláusulas suelo en la ley de segunda oportunidad

El Gobierno pretendía dar un golpe de efecto electoral con la supresión de las cláusulas suelo de las hipotecas, pero el rechazo de la banca por el fuerte impacto que tendría le forzó a dar marcha atrás

Foto: Detalle de dos manos atadas la concentración de Adicae en protesta por las cláusulas suelo.
Detalle de dos manos atadas la concentración de Adicae en protesta por las cláusulas suelo.

"Tampoco se trata de hacer quebrar al sistema financiero", explicaron fuentes de Economía cuando se les preguntó por qué las medidas estrella del decreto-ley llamado de "segunda oportunidad", la dación en pago y la supresión de las cláusulas suelo, eran tan timoratas y tenían tantas limitaciones. Lo que no dijeron entonces es que por ese motivo el Ejecutivo había renunciado a su plan inicial de eliminar estas cláusulas hipotecarias para todo el mundo, y así se incluía en el primer borrador de la norma, según varias fuentes conocedoras de la situación.

Dichas fuentes explican que el Ejecutivo pretendía dar un golpe de efecto en un año con tantas citas electorales con una medida de amplio calado social que, además, quitaría un argumento a los partidos de izquierda. Además, esta vez tenía el nihil obstat preceptivo de Cristóbal Montoro, ya que no tendría impacto en las arcas públicas. Y completaba la otra medida estrella, la dación en pago, que también se incluía en la norma aunque como solución de última instancia y bajo tutela judicial.

Por otro lado, no suponía ninguna contradicción, puesto que el propio Luis de Guindos anunció en junio de 2013 que había pedido al Banco de España que pusiera "especial atención en la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo" porque creaba una jurisprudencia que era aplicable a otras entidades no condenadas. Ahora, estaría cumpliendo esa promesa que dormía el sueño de los justos desde entonces por la inacción del Banco de España. Finalmente, la medida iba en la línea de otras, como los arbitrajes de las preferentes, así que se podía vender como una nueva solución a un problema heredado de la etapa socialista.

El ministro de Economía, Luis de Guindos. (EFE)
El ministro de Economía, Luis de Guindos. (EFE)

Sin embargo, cuando consultó ese primer borrador con el sector, las entidades mostraron una feroz oposición. En el plano teórico, porque consideran que estas cláusulas son legales siempre que estén establecidas claramente y se hubiera informado al cliente de ellas antes de firmar. Asimismo, los bancos sostienen que su anulación supondría quebrar el principio de seguridad jurídica alterando las condiciones de los contratos sin justificación y que estas medidas tienen todo el sentido empresarial para proteger tanto al cliente (cuando suben los tipos) como a la entidad (cuando bajan).

En el plano práctico, el problema es el agujero que podría provocar a algunas entidades. Las más afectadas serían Popular y Sabadell, con un impacto estimado en ambos casos superior a los 100 millones anuales en sus beneficios, así como Liberbank. Juan Carlos Escotet, el presidente de Abanca (Novagalicia), una de las entidades condenadas por el Supremo junto a BBVA y Cajamar, cifró la semana pasada en 122 millones las pérdidas por la eliminación de los suelos en 2014.

Supresión sólo para los más vulnerables

Ante este rechazo, Economía suavizó la medida y, en vez de suprimir las cláusulas suelo para todas las hipotecas, la limitó a los colectivos considerados especialmente vulnerables, a los que se aplica el código de buenas prácticas hipotecarias. Además, dicha supresión no será retroactiva, es decir, no se le devolverán las cantidades pagadas de más por culpa de esta cláusula. O más bien, dado que se trata de personas que no pueden pagar la hipoteca, no se van a rebajar las letras que tienen pendientes –que son las que los han puesto al borde del desahucio– y que tal vez sí podrían satisfacer si se eliminara esta cláusula.

La nueva norma únicamente establece que, después del período de cuatro años que el código permite a estas personas pagar sólo un interés de Euribor más 0,25 puntos, no volverán a su antiguo tipo de interés con el citado suelo, sino que se aplicará el diferencial contratado en su día sin freno para aprovechar los bajos niveles de los tipos oficiales. Al menos, se amplían los criterios para ser incluido en estos colectivos: los ingresos máximos familiares se elevan a 22.365,42 euros, se incluye a todos los mayores de 60 años y el precio máximo de compra de la vivienda se incrementa hasta 300.000 euros.

Un portavoz de Economía no desmintió ayer que la supresión total se incluyera en el primer borrador, pero señala que "en la ley de segunda oportunidad está la eliminación de las cláusulas suelo para los colectivos dentro del código de buenas prácticas, lo cual fue una novedad. El colectivo al que beneficia esta medida es amplio, ya que se han ampliado los criterios para acceder al código de buenas prácticas".

Macrojuicio en Plaza de Castilla

Precisamente, este miércoles comienza un macrojuicio en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) por una demanda colectiva de 15.000 afectados por estas cláusulas agrupados por la asociación Adicae. Este proceso se ha retrasado durante años por varias rocambolescas circunstancias y por fin ha llegado a juicio. Según distintas fuentes jurídicas, la resolución de esta demanda es muy importante porque muchos juzgados provinciales han paralizado procesos parecidos a la espera de la dirección por la que se incline Madrid.

Ahora bien, estamos hablando de juzgados de primera instancia, y los bancos recurrirán las sentencias si son negativas para sus intereses. Por tanto, tendrá que ser el Supremo el que se pronuncie definitivamente, que además tiene otra sentencia sobre este asunto pendiente de dictar. Si lo hace en la misma dirección que con BBVA, Abanca y Cajamar, creará jurisprudencia y será difícil que el sector pueda mantener las cláusulas. Pero, de momento, el Gobierno se lo ha permitido.

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