Rajoy baja la factura de la luz a las puertas del 20-D después de tres años de subidas

En este caso, y como ya hizo el pasado mes de julio -cuando se buscaba un abaratamiento del 2,2% en el recibo-, la estrategia pasa por reducir la parte regulada de la factura de la luz; esto es, intervenir en la (casi) mitad que se paga en concepto de peajes y costes de infraestructuras, mientras que el resto corresponde al coste de la electricidad que se fija en los mercados y a los impuestos. El Ejecutivo había mantenido congelada esta parte del recibo que controla y solo se animó a tocarla por primera vez en julio. Ahora, la bajada se produce tras 'ajustar' en un 21% los precios unitarios de los pagos por capacidad, un concepto con el que se retribuye a algunas tecnologías por estar disponibles y que desde verano acumula un descenso del 53%.

Lo cierto es que el Gobierno de Rajoy, con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, a la cabeza, ha bregado a punta de regulación con más o menos acierto para combatir un hecho reconocido hasta por el mismo Ejecutivo: entre 2003 y 2012, la factura de la luz creció en un 63%. El propio Soria lo admitió para justificar la urgencia de poner en marcha la reforma energética contenida en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico que permitiera modificar numerosos aspectos de este enrevesado sistema, cambios algunos todavía muy recientes.

Una legislatura de subidas en la luz

Cuando el Gabinete de Rajoy se instaló en diciembre de 2011, el precio de la Tarifa de Último Recurso (TUR) se fijaba en la ya desaparecida subasta CESUR, en que las empresas comercializadoras pactaban cuánto pagarían los consumidores durante el siguiente trimestre. Con este mecanismo y de cara a enero de 2012, el precio se mantuvo igual que en los tres últimos meses del año anterior. Para el inicio de 2013, el panorama cambió y la subasta arrojó una subida del 3% en la factura de la luz. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) temía que a esa crecida pudiera sumarse otro 3% por un peaje progresivo diseñado por el Gobierno en plena crisis -y búsqueda de herramientas para paliar el déficit de tarifa- para cobrar una penalización si se excedía el consumo eléctrico en los hogares.

A finales de 2013 estalló el llamado 'tarifazo', que amenazó con una subida del 11% en enero de 2014 y que pudo esquivar Soria al suprimir la subasta CESUR. No obstante, no pudo evitar que los consumidores tuvieran que pagar un 2,3% más a principios de ese año, a través de un mecanismo transitorio. Un año más tarde, la tendencia se mantenía, y comenzaba enero de 2015 con una subida del 3,2% de media con respecto al mes de diciembre anterior. Enero de 2016 romperá entonces la maldición de una factura de la luz cada vez más abultada con una tímida rebaja del 0,7% que el Gobierno ha atribuido a la existencia de un superávit en el sistema eléctrico que viene desde 2014.

Medida "electoralista"

El exdirector del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y experto en política energética Javier García Breva calificó de "sorprendente" la última decisión del Gobierno de Rajoy. Sobre todo, explica a El Confidencial, "porque no estaba prevista y porque la Ley del Sector Eléctrico establece que cuando hay superávit se tiene que destinar a cubrir la deuda acumulada por el déficit de tarifa, y curiosamente el Gobierno ha incumplido su propia norma para forzar una bajada en la parte fija de la factura".

"Ya veremos qué pasa en 2016, porque esta es una decisión puramente electoral", ha considerado García Breva, que coincide en este planteamiento y en que "el mercado mayorista -que determina el coste de la electricidad- está descontrolado" con la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), cuya vicepresidenta, Ana Etchenique, apunta a que la tarifa "ha subido a lo largo del año una barbaridad", y más para quienes tenían menos potencia contratada. "Es una medida clarísimamente electoralista, sobre todo porque hemos entrado en barrena para explicar al ciudadano la situación compleja del mercado eléctrico", lamenta, al exigir al nuevo Ejecutivo que salga de las urnas el domingo que aborde una "revisión absoluta del sistema".