SORIA intenta ‘MATAR DOS PÁJAROS DE UN TIRO’

El nuevo cálculo de tarifa separa los peajes y ‘abre el melón’ de la reforma eléctrica

El nuevo Real Decreto distingue los costes que son inmanentes al sistema de otros muchos que se han añadido al recibo de la luz por intereses políticos

Foto: El ministro de Industria, José Manuel Soria. (EFE)
El ministro de Industria, José Manuel Soria. (EFE)

El Ministerio de Industria ha aplicado el ‘parche’ sobre el pinchazo que provocó la maldita subasta y el consiguiente 'tarifazo' del recibo de la luz en diciembre, pero la nueva metodología que fijará las tarifas para el consumidor doméstico no resuelve, ni de lejos, los problemas que convulsionan al mercado eléctrico en España. De ahí que el titular del departamento, José Manuel Soria, haya aprovechado la necesidad de cambiar el sistema de fijación de precios para introducir un poco de virtud en busca de esa reforma estructural que constituye una de las principales asignaturas pendientes del Gobierno.

Aunque ha pasado un tanto desapercibida ante la complejidad del nuevo mecanismo de cálculo tarifario, lo cierto es que el real decreto de marras incluye la ‘preparación artillera’ de lo que podría sustanciarse en un cambio radical de la actual estructura de costes eléctricos. Más en concreto, la normativa que será aprobada en los próximos días dirige su punto de mira hacia una eventual separación de los célebres peajes eléctricos con el fin de distinguir los pagos realmente vinculados a la infraestructura del sistema de otras ‘gollerías’ que se han colgado del recibo de la luz como si este fuese un árbol de Navidad.

El artículo 6 de la nueva regulación, ahora en fase consultiva, determina los componentes que integran el cálculo de los llamados precios voluntarios para el pequeño consumidor, donde se incluyen los costes de producción y comercialización de la energía, además de los peajes de acceso y “cargos que correspondan”. Es precisamente esta última acepción la que establece una clara frontera de actuación cuando en el artículo 7 se define con más detalle la estructura general que da lugar a la formación de los precios.

Los técnicos del Ministerio de Industria han hilado muy fino a la hora de tipificar los elementos tarifarios que dan lugar al llamado término de potencia dentro del futuro recibo de la luz. El nuevo real decreto distingue claramente el término de potencia del peaje de acceso, que identifica bajo el acrónimo TPA, de lo que son los demás cargos que resulten de su aplicación al suministro y cuyo término fijo en la tarifa se define bajo las siglas TCF.

Fuentes vinculadas con la Secretaría de Estado de Energía, que dirige Alberto Nadal, admiten que esta línea divisoria no es gratuita ni casual, sino que viene a marcar las distancias entre los costes inmanentes al sistema y los que se han ido adhiriendo por razones de política energética. Entre los primeros destacan las redes de transporte y distribución, que exigen un marco transparente capaz de garantizar el desarrollo de inversiones. Dentro de los segundos se mezclan otros ‘peajes’ más diversos como son la llamada interrumpibilidad que beneficia a determinadas industrias estratégicas, los sobrecostes que genera el suministro extrapeninsular en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y, por supuesto, las célebres subvenciones a las energías renovables.

Imagen: EFE
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En la anterior etapa de subastas eléctricas, la política del Ministerio de Industria consistía en garantizar la congelación de todos estos costes trasladando al consumidor únicamente la subida de la energía. Ahora, con la nueva metodología, no parece tan factible que el Gobierno pueda mantener sus compromisos de controlar los peajes eléctricos, so pena de incurrir en nuevos y cada vez más onerosos crecimientos de ese ‘agujero negro’ que se conoce con la ya popular terminología del déficit de tarifa.

El 'banco malo' de las renovables

El sistema eléctrico empieza a parecerse a esa manta corta que si se estira para tapar la cabeza deja los pies al descubierto y viceversa. El Gobierno ha atacado la fibra sensible del recibo de la luz laminando las subastas que teóricamente eran manejadas por los agentes del sistema, pero eso no ha hecho sino reafirmar la estructura del mercado spot que se suponía era el origen del problema. La solución puede ser peor que la enfermedad porque ahora ya no hay argumentos para hibernar los peajes. Dicho en otras palabras: lo que no se va en lágrimas con la subida del término de la energía se cobra en suspiros mediante la repercusión al usuario del coste de las infraestructuras que posibilitan el suministro eléctrico.

Planta termosolar de Acciona en Córdoba. (EFE)
Planta termosolar de Acciona en Córdoba. (EFE)
El plan que se dibuja a partir de la definición de dos grupos diferenciados de peajes pasa por eliminar de la tarifa eléctrica algunos de esos costes que son ajenos a la propia operativa del sistema. En este supuesto los pagos deberían ser asumidos por el Estado a partir de los Presupuestos. Una solución adicional sería crear un ‘banco malo’ al uso para integrar todas esas instalaciones renovables que ahora se van a quedar compuestas pero sin la retribución que en su día les prometió el Gobierno.

El objetivo final no es otro que reducir como sea el déficit de tarifa, que en los once primeros meses del pasado año acumuló otros 3.454 millones de euros. Esta cifra corrige y aumenta el stock de la deuda eléctrica extendida como una bola de nieve desde el año 2003 y que al cierre de 2012 alcanzaba ya los 28.000 millones de euros. Todo ello con el agravante de que los españoles han visto crecer el importe del recibo de la luz en más de un 70% a lo largo de la última década. Menos mal que el Gobierno del entonces presidente Aznar creó el déficit de tarifa como un artificio para contener el alza de la luz.  

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