forzado por las exigencias de la cup

La Generalitat estudia ir a los tribunales para dinamitar los planes energéticos de Soria

Felip Puig, 'conseller' de Empresa y Ocupación de la Generalitat, considera que los 476 millones se destinan a áreas no prioritarias para el Gobierno catalán y sí para Red Eléctrica (REE)

Foto: El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria. (EFE)
El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria. (EFE)

El ministro de Industria, José Manuel Soria, y su homólogo en la Generalitat, el 'conseller' de Empresa y Ocupación, Felip Puig, han vuelto a chocar, esta vez a cuenta de la planificación eléctrica para el periodo 2015-2020 que ha aprobado el Gobierno central. Fuentes del sector energético han explicado que la Generalitat está estudiando medidas judiciales y políticas para bloquear las inversiones previstas.

En un contexto basado en el agravio comparativo, esta vez la base del desacuerdo no es la falta de inversión, como acostumbra a hacer la Generalitat alegando discriminaciones con el resto de España. De hecho, la inversión prevista es muy importante, de 476 millones de euros, según consta en el documento 'Planificación de la red de transporte de electricidad 2015-2020'. 

Pero los proyectos aprobados priman la interconexión con Francia y las líneas de alta tensión, que desatan oleadas de protestas por parte de los ecologistas. Y esto, en un momento en que estas sensibilidades son clave tanto de la coalición Junts Pel Sí, como entre sus posibles socios de la CUP, tan determinantes que la propia investidura de Artur Mas depende de esta formación de extrema izquierda.

En esencia, la Generalitat considera que no se han incluido más de una decena de infraestructuras que la 'conselleria' de Felip Puig considera claves, con lo que la actual planificación del ministerio no respondería tanto a las necesidades de la economía y del territorio catalán, como a los intereses propios del operador del sistema, en este caso REE. 

Entre estas inversiones que habrían sido dejadas de lado se incluirían, por orden de prioridad, las nuevas subestaciones en Deltebre (Tarragona), en Valdonzella (Barcelona), en Gavà (Barcelona), en la Zona Franca, en sustitución de la de Cerdà, así como una nueva subestación en el barrio de Lesseps, en la capital catalana. Es decir, la Generalitat hubiera preferido primar el refuerzo de la red existente en previsión de un futuro aumento de la demanda en el área metropolitana por la recuperación económica.

En lugar de eso, la planificación aprobada otorga prioridad a incrementar la capacidad en la zona del Pirineo, incluyendo nuevas redes como el eje Magranes-Negues o el de Aragón-Vandellós, al sur de Cataluña, para recudir las restricciones técnicas del sistema. Esto incluye 62 líneas de 400 kilovatios (kv) y 164 de 220 kv.

Clima de enfrentamiento 

Este nuevo conflicto escenifica el choque entre dos administraciones que deberían colaborar en todos los frentes, pero que en cambio se encuentran enfrentadas por el clima político general, marcado por la tensión soberanista. Así, por ejemplo, fuentes cercanas a la Generalitat aseguran que se ha niguneado a la 'conselleria' de Puig a la hora de llevar a cabo la planificación, en línea con la falta de contacto entre la comunidad autónoma de Cataluña y el Gobierno central que ya contamina todos los niveles de gestión. Algo que no ha pasado con otras comunidades autónomas en el caso de la planificación eléctrica del próximo quinquenio.

Fuentes del sector energético han quitado hierro a este enfrentamiento y lo atribuyen a una sobreactuación de ambas partes, necesitadas de justificarse ante sus respectivos responsables para no parecer blandas en un momento en que se está jugando la unidad de España. Es decir, este caso sería un ejemplo de cómo el conflicto por la secesión de Cataluña lo contamina todo.

Estas fuentes, por ejemplo, relativizan la importancia de la planificación eléctrica en un momento como este, puesto que históricamente los planes de inversión aprobados al final de una legislatura acostumbran a ser modificados o alterados por el Gobierno siguiente, con lo que tampoco tiene sentido ni por un lado ni por otro apurar mucho en este nuevo pulso entre el Gobierno central y la Generalitat.

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