Fomento e Interior son los ministerios más morosos…; Exteriores, el que mejor paga

El Plan de Pago a Proveedores está poniendo al día las relaciones económicas entre la Administración y las empresas con las que realiza operaciones de carácter comercial. Pero el conjunto del sector público está todavía lejos de cumplir los periodos de pago que marca la ley en todos los casos.

Un dato lo acredita. Según el informe trimestral que ha elaborado la Intervención General del Estado (IGAE), el periodo medio pendiente de pago se situaba en 93 días hasta el pasado 15 de abril incluyendo tanto las operaciones relacionadas con el capítulo II (compra de bienes y servicios) como del capítulo VI (inversiones). Aunque con una enorme disparidad entre ministerios. Mientras que en el caso de Fomento o Interior se dispara hasta los 781 días y 318, respectivamente, Asuntos Exteriores, Defensao Presidencia tardan menos de 15 días.

Ahora bien, si se tienen en cuenta las operaciones pagadas (no las que todavía se encuentran pendientes de pago) durante el primer trimestre de este año, el resultado es muy diferente. El periodo de pago se reduce a 33 días en el caso de los gastos en bienes corrientes y servicios, y a 25 días en las inversiones. Es decir, dentro de los plazos que marca la ley.

La actual legislación obliga al Interventor General del Estado a elaborar trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos, y lo que dice el documento es que en el caso de la Administración General las operaciones pendientes de pago ascendían a una cantidad irrelevante respecto del conjunto del gasto. En total, apenas 97,1 millones de euros después de haber abonado 605 millones en el primer trimestre, lo que quiere decir que el sector público administrativo -no se dan datos de las empresas mercantiles- está prácticamente al día en sus pagos. En todo caso, una cantidad muy pequeña respecto de las operaciones realizadas por la Administración General del Estado.

Estas cifras, en cualquier caso, no incluyen las operaciones internas entre las distintas administraciones públicas, por ejemplo con Adif o Tragsa, toda vez en que se basan en instrumentos legales que no son de carácter estrictamente comercial. Igualmente, se han eliminado las operaciones entre el sector público estatal y los órganos centrales de las Comunidades Autónomas, lo que matiza los resultados finales al no reflejas todos y cada uno de las operaciones comerciales entre administraciones.

La mora de la Administración

En ocasiones, las operaciones pendientes de pago han entrado en situación de mora, y eso también lo refleja el informe de la Intervención. Pero estos retrasos no son en todos los casos achacables a la Administración. En algunas operaciones, hay cantidades retenidas por incidentes surgidos con terceros; en otros, por errores u omisiones. En total, en estos casos, el periodo medio de pago es de nada menos que de 342 días.

La Ley de Emprendedores, aprobada por el Gobierno, obliga a pagar las facturas en un plazo no superior a 30 días en el caso de los contratos de obra. Sólo cuando media un pacto entre las partes (la Administración y el proveedor) se puedeaumentar el periodo de pago hasta los 60 días.

La ‘normalización’ en el pago por parte de la Administración central tiene su origen en el Plan aprobado por el Gobierno a comienzos de la legislatura. Y tras el último desembolso, el resultado es que durante 2012 y 2013 se han liquidado más de ocho millones de facturas a aproximadamente 200.000 proveedores de las administraciones territoriales por un importe de 41.814,62 millones de euros.

Un reciente informe de ATA, mostraba que ahora la morosidad se está trasladando del sector público al privado. Según el sindicato de trabajadores autónomos, mientras que ladeudade las Administraciones Públicas con los ocupados por cuenta propia se ha reducido en unos 1.525 millones de euros en los últimos tres meses, los plazos de pago en el sector privado se mantienen en 85 días. Es decir, muy por encima de los60 díasque impone la legislación para las operaciones entre particulares. Pero es que dentro del sector privado, las empresas de más de 250 trabajadores duplican los plazos de pago entre autónomos, lo que da la verdadera dimensióndel problema.