¿Sobran funcionarios en España?

Los presupuestos de 2014 congelan los salarios a los funcionarios, pero la partida de los asesores crece. Expertos y políticos coinciden en la necesidad de recortar el número de empleados públicos, desde Felipe González a Miguel Ángel Rodríguez y la CEOE. El debate se ha calentado esta semana. En lo que discrepan es en cuántos empleados públicos sobran:la horquilla oscila del medio millón a los 900.000. Entre los analistas políticos y económicos, la mayor crítica que se hace a Mariano Rajoy es que no tenga valor para acometer la necesaria reforma de la Administración y asumir el coste social de este recorte.

El último en avivar la polémicaha sido Miguel Ángel Rodríguez, el exportavoz de José María Aznar, que ha declarado que "sobran el 30% de los funcionarios", es decir, más de 770.000. Pero antes que él ya habían hecho afirmaciones similares otros políticos de mayor peso, como Felipe González, que hace un año aseguró que había que eliminar el 20% de los empleos público,algo más de medio millón.Y laCEOEcalculaba que es necesario recortarlos en 900.000 personas. La patronal señala en un informe reciente que todavía es necesario que el ajuste presupuestario recaiga sobre el gasto, lo que supone reestructurar el funcionamiento del sector público para lograr una mayor eficiencia.

Por su parte,Alfredo Pérez Rubalcabadeclaró que "sobran las diputaciones", idea con la que coinciden los economistas consultados por este periódico.Daniel Lacalle, gestor en Londres, afirma que, efectivamente, habría queeliminar diputaciones y cabildos, también ve necesariometer la tijera en los asesores, entre otras cosas.No hay cifras oficiales ni estudios recientes sobre el recorte que sería necesario. Al preguntar a Hacienda si han realizado estimaciones de cuál debería ser el personal a cargo de los presupuestos para que el sistema sea sostenible y si conocen ya el número de asesores que encargaron detallar a los municipios, la respuesta es: "El Gobierno sólo quiere que las comunidades autónomas y ayuntamientos cumplan con el objetivo de déficit y no pregunta si es por reducción de gastos o aumento de ingresos".

El oscuro capítulo de los asesores

El sindicato de altos funcionarios -FEDECA- respondió este jueves a Rodríguez quesobran los asesoresnombrados 'a dedo' por los políticos. Los economistas estiman que, efectivamente, reducirlos sería un ahorro importante. “Hay una cantidad desproporcionada, pero determinar los que sobran exactamente es complicado por la opacidad de los datos”, comenta Lacalle.

Se ha hecho un esfuerzo muy importante en las administraciones púbilcas, pero se puede seguir avanzando: hace falta optimizar los recursos, más que reducirlos. Reasignar los efectivos según las necesidades

El coste que se podría eliminar suprimiéndolos alcanzaría los 1.000 millones, según los cálculos del CSIF -Central Sindical Independiente y de Funcionarios-. Este cálculo parte de la estimación de que en España hay unos 20.000 asesores, que cobran de media unos 50.000 euros.

En los presupuestos presentados esta semana para 2014, en el capítulo de gastos de personal, para los cargos de confianza hay destinados 41,46 millones de euros, un 2,4% más que en 2013. Es el único que crece. El gasto total de personal será el año que viene de 21.300 millones, frente a los 33.290 de este.

Las comunidades apenas han recortado personal con la crisis

Pero para Daniel Lacalle, que dedica un capítulo de su próximo libro al empleo público, “la cuestión no es el número de funcionarios que debe haber por ciudadano o cuántos hay que suprimir, el problema fundamental es que sigue habiendo una estructura burocrática injustificada”. Y destaca que, por un lado, la administración española es demasiado cara, “más que la alemana”, y, por otro, que está duplicada. “Lo que sobran son entes sin ningún tipo de función, como las diputaciones, cabildos, consejos consultivos… son puramente gasto. También habría que eliminar el Senado”. El coste y la necesidad de esta instituciónes una cuestión bastante discutida y, por ejemplo, en Irlanda, se ha votado este viernes en referéndum su supresión como medida de ahorro.

Las diputaciones -hay 38-, los cabildos y consejos insularesemplean este año a 63.166 personas, según Hacienda, frente a las 82.367 personas de 2008. Los ayuntamientos tienen este año 486.641 empleados y funcionarios, frente a los 540.847 de hace cinco años y las comunidades acumulan el grueso de empleados, 1,3 millones, cifra prácticamente igual a la de 2008. Suponen más de la mitad del conjunto de todas las administraciones y entes públicos.

El número de funcionarios, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, se ha reducido desde 2007 en apenas 64.700 personas. Esto se debe a que en los primeros años de la crisis, mientras se incrementaba el desempleo en el sector privado, creció el sector público y sólo se empezó a recortar en los tresúltimos años. En 2009 la cifra de trabajadores a cargo de los presupuestos había subido hasta los 2.639.900 y en 2012 el número de empleados públicos en todas las administraciones fue de 2.636.181; este ejercicio, de 2.576.746.

Los economistas consultados coinciden en que lo que hace falta es reducir la estructura. “La economía española es cíclica y no puede aumentar tanto el número de empleados públicos en épocas de crecimiento, porque luego se dispara el déficit en momentos de crisis”, subraya Lacalle. Por su parte, Javier Rodríguez Luengo, profesor de Economía aplicada de CEU San Pablo, destaca que, aunque "se ha hecho un esfuerzo muy importante en las administraciones púbilcas, se puede seguir avanzando: hace falta optimizar, más que reducir. Reasignar los efectivos".

Por otra parte, hay que tener en cuenta que España es el cuarto país con menos funcionarios en Europa en relación a la población y está también por debajo del 15% de media de la OCDE, en concreto es del 12,7%, según los datos de este organismo. Sin embargo, el gasto que suponen en relación al PIB -del 11,9%- supera la media del conjunto de países desarrollados, en el 11,3%. El Gobierno estima que este coste se reducirá al 9,6% en 2014.