Navantia renuncia a personarse en el caso de las comisiones por la venta de fragatas a Venezuela

La investigación por el pago de comisiones en la venta de ocho patrulleros a Venezuela sigue adelante. Pero en el juicio no estarán todas las partes afectadas. Navantia, una filial de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), ha comunicado al juzgado de Madrid que instruye el caso su interés en no personarse en el procedimiento. Y eso que, según la Fiscalía Anticorrupción, el comisionista -una empresa venezolana- desvió 12 millones de euros a sus socios españoles, entre los que se encuentra Javier Salas, último presidente del Instituto Nacional de Industria (INI).

La magistrada Rosario Espinosa había preguntado a los gestores de los astilleros públicos sobre sus intenciones, toda vez que las altas comisiones pagadas en la operación -unos 42 millones de euros en total- podrían suponer un quebranto económico para la compañía. Y la SEPI ha decidido finalmente no hacerlo pese a que la operación la cerraron los anteriores gestores, en tiempos de José Bono como ministro de Defensa.  

En el Gobierno se ha meditado mucho la respuesta, ya que la presencia del Estado en un procedimiento penal con ramificaciones en Venezuela podría tener consecuencias diplomáticas. Y ni que decir tiene que las relaciones entre España y Venezuela no pasan por su mejor momento después del rifirrafe público que mantuvieron el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el canciller español, José Manuel García Margallo.

La Fiscalía Anticorrupción puso hace un par de años una querella contra Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de industria (INI) entre 1990 y 1995, por el cobro de comisiones ilegales. Lo acusaba de un doble delito: tráfico de influencias y delito fiscal en relación a su participación en la venta de los patrulleros. La operación se firmó en Caracas en noviembre de 2005. La denuncia se presentó en el Juzgado de Instrucción número Ocho de Madrid.

José Luis Rodríguez Zapatero y Hugo Chávez acordaron en mayo de 2005 que el grupo de astilleros público Navantia construyera ocho buques de vigilancia para la Armada Venezolana. El contrato fue rubricado el 28 de noviembre de ese año. Pues bien, y como informó El Confidencial,  unos días antes, el 30 de septiembre de 2005, Navantia firmaba un acuerdo de mediación con la empresa Rebazve Holding Ltd, por el cual esta firma cobraría una comisión del 3,5% de la venta. El precio de los ocho buques fue de 1.207 millones de euros, por lo que el intermediario se reservó casi 42.

Acuerdo entre Gobiernos 

Según algunas fuentes consultadas, la empresa pública española no debería haber pagado comisiones tan elevadas por esta venta, ya que era un acuerdo que se cerró entre los Gobiernos de España y Venezuela. “Si le vendes un barco a un armador privado de Singapur, por ejemplo, es normal que haya un bróker que se lleva un 1%, porque es el que consigue al cliente, pero entre Gobiernos no deberían pagarse comisiones y mucho menos tan elevadas”, afirmó un ingeniero naval que ha participado directamente en operaciones similares. En todo caso, tendrían un fundamento eminentemente técnico, que no parece ser el caso, toda vez que Salas no es un experto en este tipo de operaciones navieras.

El holding Rebazve contrató a la consultora de Salas y su socio, Antonio Rodríguez, para que esta los representara en España. Salas aseguró en su día a los medios que “se trata de un error del Ministerio fiscal y del juzgado que se aclarará en breve”. No ha sido así.

Un reconocido abogado maritimista español sostiene que un 3,5% de comisión en un contrato de 1.200 millones de euros es una “brutalidad”. El pago de comisiones es absolutamente legal en este tipo de operaciones, y su cuantía está regulada por organismos internacionales.

Navantia estableció con Rebazve (ver contrato) que la intermediaria cobraría un porcentaje de comisión variable: un 5% en los primeros cien millones de euros, que iría descendiendo por tramos a medida que aumenta la facturación, hasta quedar en el 2% a partir de quinientos millones de euros. El cómputo final de la comisión por los cuatro patrulleros BVL (buque de vigilancia litoral) quedó en el 3,5%, el techo que marcaba el contrato: 17,80 millones de euros de los 508,68 que costaban los barcos.