El Gobierno tendrá que legislar: sindicatos y empresarios sólo cerrarán pequeños pactos

Las negociaciones continúan abiertas pero, hoy por hoy, nadie da un euro por un gran pacto social entre sindicatos y empresarios. A lo sumo, dicen las fuentes, se cerrarán acuerdos sobre algunas materias de cierta relevancia -solución extrajudicial de conflictos, festivos o mutuas de trabajo-, pero se descarta un gran pacto para reformar el mercado de trabajo. Incluso, se considera muy improbable un acuerdo de rentas. Sobre todo después de la propuesta que hizo la pasada semana la patronal CEOE, que planteó una subida cero de los salarios entre 2012 y 2014; y lo que es todavía más importante para los sindicatos, sin recuperación del poder adquisitivo pasado ese periodo. O bien vincular la subida no al IPC de forma mecánica, como se hace ahora, sino a variables como la productividad o el déficit exterior.

Los dirigentes de UGT y CCOO sospechan que la propuesta de los empresarios esconde en realidad una estrategia destinada a dinamitar cualquier tipo de acuerdo, toda vez que obligaría al Gobierno a legislar ante la falta de acuerdo, y lo haría de la forma más favorable para sus intereses en materia de contratos, el punto caliente de la negociación. Pero desde la patronal se recuerda a las centrales que la realidad económica es como es, y si en 2014 los empresarios estuvieran obligados a devolver la capacidad de compra de los salarios, se volvería a la situación de partida. En este contexto, el pacto de rentas se considera hoy por hoy ‘difícil’, en palabras de uno de los integrantes de las mesas negociadoras. Y eso contamina el resto de la negociación.

Los plazos que la Administración ha dado para discutir las reformas expiran, en principio, la primera quincena de enero, pero eso no significa que el Gobierno vaya a legislar de un día para otro. Máxime cuando los altos cargos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social acaban de llegar. Pero lo que está claro es que será la ministra Báñez quien se vea obligada a hacer sus propuestas sin el visto bueno de sindicatos y empresarios. En Empleo y Seguridad Social, en todo caso, se insiste en que los interlocutores sociales "siguen hablando" y que es necesario "respetar los tiempos".