La banca española, una de las grandes perdedoras de la cumbre del G-20

La banca española se perfila como uno de los grandes perdedores de la cumbre de los líderes mundiales agrupados en el G-20 que comenzará este jueves en Pittsburgh. Uno de los pilares de la nueva regulación del sistema financiero será la exigencia de un mayor capital regulatorio para las entidades financieras en todo el mundo (lo que implica que se elevará el coeficiente de solvencia determinado por la ley), algo que beneficia a las instituciones que han recibido capital público y supone un agravio para las que no han tenido estas ayudas... como las españolas.

Antes de la debacle bancaria del otoño pasado, los bancos y cajas españoles estaban a la cabeza de los rankings mundiales por ratios de capital. Pero entonces llegaron los rescates masivos de bancos a ambos lados del Atlántico para evitar su quiebra, que se hicieron mediante grandes inyecciones de capital público. Dichas inyecciones dispararon los ratios de las entidades rescatadas hasta situarse muy por encima de los de las españolas.

Ahora, la cumbre del G-20 no sólo va a consagrar ese desequilibrio, sino que además va a obligar a las entidades que no han recibido ayudas públicas a cumplir con unos estándares de capital más altos, similares a los alcanzados por los bancos rescatados. Un agravio comparativo en toda regla, pues beneficia a los que lo hicieron mal (tomaron demasiados riesgos) y tuvieron que ser salvados de la quiebra, y perjudica a los que lo hicieron bien (fueron más prudentes) y no han necesitado ayudas públicas.

La situación es tan injusta que ha encendido las alarmas en Francia, donde la Federación de Banca (equivalente a nuestra AEB) se ha rebelado contra esta exigencia con el argumento de que las entidades europeas serán injustamente penalizadas frente a las norteamericanas. El presidente de esta asociación, Baudouin Prot, añade que, dado que la crisis fue provocada por las prácticas de los bancos norteamericanos, tal como ha reconocido el propio Obama, deben ser ellos los que sufran unas mayores exigencias de capital, no los europeos.

A su juicio, unos ratios de capital muy altos limitarán la cantidad de dinero que los bancos pueden prestar y encarecerán el crédito. Y lo que es seguro es que reducirán la rentabilidad de las entidades. Asimismo, considera que las nuevas exigencias de capital deben ir de la mano de unas reglas armonizadas para valorar los activos y unas normas de contabilidad estandarizadas en ambos continentes.

La banca española guarda silencio

Frente a la combatividad de las entidades francesas, muchas de ellas rescatadas también con dinero público, sorprende la pasividad de las españolas, pese a que son las grandes perjudicadas porque aquí ninguna ha recibido capital estatal (salvo la intervenida Caja Castilla-La Mancha). No obstante, la postura no es unánime en el sector, sino que hay una notable diferencia entre las cajas y los bancos.

Así, la AEB (patronal de los bancos) considera que la reunión del G-20 apenas va a afectarles porque se limitará a pedir un mayor consumo de capital para las operaciones que han llevado a la crisis, como las actividades fuera de balance, la especulación con la cartera propia de las entidades o las titulizaciones opacas. Y que una mayor exigencia de capital generalizada sólo se producirá dentro de dos o tres años, cuando se supone que todos los bancos habrán devuelto ya las ayudas estatales, según un portavoz de la asociación, que explica que esperarán a tener una propuesta concreta para pronunciarse.

Sin embargo, en la CECA (patronal de las cajas) sí son conscientes de que las medidas que va a tomar el G-20 perjudican a las entidades españolas; de hecho, advirtieron de que esta situación tan complicada iba a producirse porque estaba claro que iban a subir los requisitos de capital después de las inyecciones púbicas.

De ahí que su presidente, Juan Ramón Quintás, pidiera hace meses al Gobierno que negociara una solución en el marco de la UE y que crease un fondo de dinero público al que pudieran acudir todas las entidades para mejorar su capital ante estas mayores exigencias (una fórmula era el aval estatal de las emisiones de preferentes). Un fondo que finalmente se transformó en el FROB, destinado únicamente a entidades con problemas.

Pero nadie se atreve a levantar la voz como sus homólogos franceses. E, independientemente de las declaraciones oficiales, las entidades tienen claro cuál es su futuro: de ahí las masivas emisiones de preferentes y de deuda subordinada (que computan como capital) y las ampliaciones de capital directas o diferidas -mediante convertibles- que han acometido en las últimas semanas Bankinter, Sabadell, BBVA y Popular, amén de la macroampliación del Santander de noviembre del año pasado.