La Federación devuelve a los clubes los 4.048 € de las árbitras y les exige pagar 14.646 por partido

A diferencia de los nostálgicos del franquismo, quienes acuñaron la frase "con Franco vivíamos mejor", en el fútbol femenino español empiezan a pensar que "con Franco no podemos vivir peor". Como recordarán, al inicio de la presente temporada, las árbitras designadas por la Federación Española de Fútbol (RFEF) para la nueva liga profesional femenina, la llamada Liga F, convocaron un parón —que no huelga— con el apoyo explícito del Comité Técnico de Árbitros (CTA), es decir, la propia RFEF, aunque más grave aún fue la ya habitual inhibición del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, que no Francisco.

De esta forma, la primera jornada de una competición que el Gobierno de Sánchez se empeñó en profesionalizar a golpe de subvención tuvo que ser aplazada, a pesar de que los equipos viajaron e incluso saltaron al terreno de juego. Después de la chapuza del sorteo del calendario, el aumento de las sanciones económicas de las tarjetas amarillas y rojas y los permanentes problemas en la Selección que han terminado con 15 jugadoras 'amotinadas', la Liga F era boicoteada por la RFEF, con la complicidad del CSD, y lo peor es que ambos continúan haciéndolo.

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A falta de tres días para la segunda jornada, los presidentes de esos organismos, Rubiales y el mencionado Franco, respectivamente, protagonizaron la llamada 'foto de la vergüenza', pues con ella quisieron hacer ver a la opinión pública que gracias a ellos la 'huelga' había sido desconvocada. Según Iusport, "lo que nunca contaron es que aquel mismo día recibieron una orden 'de arriba' para poner inmediatamente fin a un conflicto que dañaba las expectativas electorales del PSOE". Lo cierto es que esto es lo único que le preocupa al secretario de Estado para el Deporte, sin ninguna experiencia ni capacidad para la gestión, tal y como está demostrando.

Curiosamente, con aquel acuerdo no solo se les daba a las árbitras un trato que a los árbitros les costó muchos años lograr, sino que también colocaba en una situación de desigualdad respecto a las futbolistas, pues de buenas a primeras sus condiciones económicas quedaban claramente por debajo. Por si esto fuera poco, Rubiales volvió a aprovecharse de la ingenuidad o debilidad de Franco para saltarse a la torera los acuerdos alcanzados, sin contar con la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF). Ya se sabe, el postureo del los y las o la famosa e impostada paridad, para luego dejar de lado a su presidenta, la asturiana Beatriz Fernández Mesa.

La RFEF exige el pago de la Seguridad Social

En este contexto de despropósitos, la RFEF remitió un escrito a la Liga F al que tuvo acceso Iusport, en el que exigía unas cantidades y unos conceptos diferentes, de manera que no solo las árbitras y las asistentes tengan unos honorarios de 25.000 y 16.000 euros, respectivamente, sino también que asuman los costes de la Seguridad Social, a razón de 361.000, cuando se trata de trabajadoras de la propia RFEF, más los importes abonados CSD y RFEF en el marco de los convenios que se firmen, equivalentes a 350.000 euros cada uno de ellos, así como los gastos generales de desplazamientos, cuartas árbitras o formación, que ascienden a 1.392.000. El total, 3.515.080.

Y dicho y hecho. Tal y como anunciaron en el escrito que llevaba la impronta de su secretario general, Andreu Camps, la RFEF pretende cobrar 14.646 euros por partido, hasta el punto de que, según ha podido saber este diario, está devolviendo los pagos de 4.048 euros que han realizado 12 de los 16 clubes que compiten en la Liga F, pues solo cuatro, a saber, Real Madrid, FC Barcelona, Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid, han pagado los 14.646, si bien han enviado un email para recordar que no era lo pactado, pues quedaron en que la diferencia entre ambas cantidades la abonaría la LPFF, eso sí, con ayudas de la propia RFEF y el CSD.

Una vez más, y son demasiadas teniendo en cuenta que la LPFF iba a tener independencia para gestionar la nueva competición profesional de fútbol femenino, el asunto está en la mesa de Franco, con la desconfianza que eso genera en todo el deporte español. Dadas las enconadas circunstancias, pues es evidente que Rubiales solo pretende obstaculizar el desarrollo de la Liga F, esto puede desembocar en los expedientes que la RFEF podría abrir a los clubes por impago de los derechos arbitrales. De ahí precisamente lo insolidario que algunos de ellos consideran que cuatro sí hayan pagado lo que les exige desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

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Aunque por esa misma regla de tres, la mayoría de los equipos que participan en la Liga F pueden dar por hecho que ellos han pagado lo acordado, por más que desde la RFEF les hayan devuelto los 4.048 euros que han pagado por cada uno de los partidos disputados como locales hasta la fecha. De hecho, algunos de estos 12 tampoco descartan tomar medidas drásticas. La sostenibilidad de la competición y de los propios clubes, especialmente los que no tiene presencia en LaLiga, están en juego, de ahí que incluso se hable de ir a la huelga. Y es que sabido es aquello de que donde las dan, las toman...