Las ayudas públicas para que en España se explote el uso de la bicicleta urbana

La crisis del coronavirus está removiendo algunos cimientos en los modos de vida cotidianos. El transporte urbano posiblemente será uno de ellos. Actualmente, numerosos países europeos están tomando medidas para impulsar el uso de la bicicleta a través de ayudas públicas. Otros ya contaban con ellas desde hace tiempo. En este sentido, España viaja en el furgón de cola en el uso de la bici como vehículo urbano, y también en prestaciones estatales.

A pesar de tantas declaraciones públicas y de intenciones políticas en materia medioambiental, España todavía no ha implementado un marco de apoyo económico y fiscal como otros países. Por ello, la Asociación de Marcas de Bicicletas de España (AMBE) ha solicitado un plan de apoyo a los ministerios de Transición Ecológica, Hacienda y Transportes, aportando propuestas centradas específicamente en la bicicleta como medio de transporte en los entornos urbanos.

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Mitigar los factores disuasorios

“En España, se hacen desde hace años cosas por la bici como medio de transporte, pero a nivel local, en ciudades y diputaciones. Sin embargo, el Estado no está apostando por la movilidad ciclista decididamente”, explica a El Confidencial el secretario general de AMBE, Carlos Núñez. “En el momento en que estamos, países como Francia Italia o Reino Unido están apostando por la bici, por lo que demandamos al Gobierno que impulse su uso con planes concretos, estimulando para ello la demanda”.

Para perfilar planes y ayudas, AMBE parte de diferentes estudios realizados sobre la demanda de bicicletas y su uso, como por ejemplo el Barómetro de la Bicicleta de la Red de Ciudades por la Bicicleta. Se determinan así determinados factores disuasorios para su utilización como medio de transporte. Entre estos, se citan de forma genérica los problemas de salud, edad, orografía, largos desplazamientos y cansancio. La respuesta para mitigarlos se vuelve entonces hacia la bicicleta de pedaleo asistido o eléctrica de uso urbano, que por sus características ampliarían el segmento de potenciales usuarios.

"En España, se hacen desde hace años cosas por la bici como medio de transporte, pero a nivel local o de las diputaciones. El Estado no está apostando"

Pero este tipo de bicicletas cuenta con el inconveniente de su mayor precio sobre las tradicionales o ‘musculares’. Por ello, AMBE propone concentrar en este tipo de vehículos las potenciales ayudas públicas para su adquisición. Si el precio medio de las bicicletas eléctricas vendidas en España en 2018 ascendía a 2.165 euros IVA incluido, la cantidad bajaba a 706 euros de promedio para el resto de bicicletas. Sin embargo, en el caso de modelos eléctricos para entornos urbanos, el precio cae a 1.740 euros de media, por lo que es en este segmento en particular donde AMBE solicita concentrar las ayudas.

“Las ayudas públicas a la bicicleta en Europa no solo se deben al covid-19, aunque también en algunos casos, como Italia recientemente”, apunta Núñez. “Por ejemplo, Reino Unido lleva 10 años considerando la bicicleta que te compras para ir a trabajar como parte de la retribución flexible entre empresa y trabajador, que queda exenta de IRPF, se lo desgrava. Pero hay otras como las del Gobierno sueco, que subvenciona las eléctricas desde hace dos o tres años. En España, salvo en 2013 que se incluyó una subvención en el Plan Pima del Ministerio de Medio Ambiente con una ayuda de 250 euros para su adquisición, solo ha habido iniciativas como las del área metropolitana de Barcelona y desde entonces no se ha vuelto a hacer nada”.

Sistemas diferentes

Núñez alude a alguno de los diferentes esquemas o modalidades que se proponen al Gobierno español para implementar las ayudas. Italia, por ejemplo, acaba de ofrecer 500 euros por la compra de una bicicleta. Para evitar que las ayudas deriven a bicicletas destinadas al ocio, por ejemplo, también se plantea el sistema utilizado en el Reino Unido. Un potencial usuario que desee acudir al trabajo en bicicleta lo comunica antes a su empleador, quien tiene acceso a una red de tiendas adscritas y con bicicletas catalogadas. Este facilita un bono a su empleado para la adquisición, pagada por el propio empleador, incluyendo dicha cantidad dentro de su retribución flexible como parte del salario en especie anual o, si el empleado lo prefiere, descontándose su nómina. La cuantía pagada por la empresa como retribución flexible quedará exenta a efectos de IRPF.

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AMBE propone una ayuda directa de 250 euros para la adquisición de bicicletas eléctricas catalogadas para uso urbano, pero también sugiere una posible disminución en el tipo de IVA aplicable, caso en estos momentos de Bélgica o Portugal, países que estudian dicha fórmula extensible a todo tipo de bicis, gracias a un nuevo marco comunitario de flexibilización de políticas fiscales. "La mayoría de los países de Europa han implementado planes y en España todavía no", explica Núñez, que recuerda que las bases ya están establecidas en España, a falta solo del impulso político. “Llevamos desde el 2014 trabajando con la DGT, que está coordinando una Estrategia Estatal de la Bicicleta para el uso como transporte, opción de turismo, forma de ocio y deporte. Toda esta estrategia está más que redactada, lo único que falta es establecer qué ministerio va a liderar esta estrategia y de qué dotación económica puede disponerse para los próximos cinco años. La herramienta está preparada, todo el trabajo está hecho. Solo pedimos ese impulso político final porque es una gran oportunidad para que España salga del furgón de cola de la movilidad ciclista”.