El primer '155': ¿qué pasó en 1935 cuando se suspendió la autonomía de Cataluña?

Después de agotar prácticamente el plazo legal, al presidente de la República no le quedó más remedio que promulgar la ley que suspendía el estatuto de autonomía catalán. Era el 2 de enero de 1935: Cataluña seguía en estado de guerra y el jefe de los Mossos de Escuadra y el Govern en pleno con Lluís Companys a la cabeza estaban en prisión preventiva por los hechos del 6 de octubre de 1934, acusados de rebelión un grado más de la supuesta sedición que ha llevado ahora entre rejas a Jordi Sanchez, presidente de la ANC y Jordi Cuixart de Omnium Cultural.

La resaca del año anterior era insalvable y Niceto Alcalá Zamora sólo posponía, inútilmente, lo que sería la puntilla definitiva al malogrado Estatut: “No pudiendo pensar, como ya me había pasado en otros casos en un veto del todo imposible, exterioricé mi desagrado agotando casi el plazo de promulgación” ('Memorias', Niceto Alcalá Zamora. Planeta (1977).

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Julio Martín Alarcón

Las Cortes, bajo el liderazgo del gobierno de Alejandro Lerroux, apoyado por la CEDA de Gil Robles, habían debatido a mediado de noviembre la que entonces sí fue inédita y drástica medida, más aún, cuando a diferencia de ahora no existía en la Constitución de 1931 ningún 155, ni mecanismo para su posible enunciado. El primer artículo de la ley resumía el desenlace fatal al que habían abocado al estatuto catalán Lluis Companys, Josep Dencás, Erique Pérez Farrás, Federico Escofet y el resto de los conjurados durante el breve golpe del 6 de octubre: “Quedan en suspenso las facultades concedidas por el Estatuto de Cataluña al Parlamento de la Generalidad, hasta que las Cortes, a propuesta del Gobierno y después de levantada la suspensión de garantías constitucionales, acuerde el restablecimiento gradual del régimen autonómico”. (Gazeta de Madrid Núm 3. 3 de enero de 1935)

Una suspensión problemática

La demora en el plazo por parte del presidente de la República se debían una franca desaprobación de la política que había seguido Lerroux: “A pesar de mi creencia sobre la escasísima aptitud de la Generalidad para el goce de una amplia autonomía y mi convicción de que debía reformarse en tal punto la Constitución y el Estatuto, encontré excesivo e injusto bandazo la ley del 2 de enero de 1935 que estrangulaba totalmente las libertades autonómicas”.

Entonces ya no se necesitaba un ultimátum porque Cataluña estaba bajo control del Gobierno y la aplicación efectiva carecía de riesgo, sin embargo, una cosa era el estado de guerra y la suspensión de las garantías constitucionales a resultas de la rebelión y otra muy distinta la abolición de la autonomía.

Una cosa era el estado de excepción a resultas de la rebelión y otra muy distinta la abolición de la autonomía

En primera instancia se esgrimió que la institución no podía ser suspendida como consecuencia de la acción de unos determinados políticos. Además, se consideró ya entonces las elecciones anticipadas como la gran alternativa, el mismo escenario por el que abiertamente aboga el gobierno ahora. Tal y como expresaría Francesc Cambó líder de la Lliga Catalana: “La fórmula significa para Cataluña una injusticia, porque se la castiga por un pecado que no ha cometido. Jurídicamente, significa una ilegalidad, porque se va a una revisión por procedimientos y caminos distintos de los que la ley establece” ('Cambó: 1876-1947', Jesús Pabón, Alpha, 2000).

Lo que pretendía la Lliga era hacer recaer la presidencia de la Generalidad en el nuevo presidente del Parlament y que éste convocara elecciones lo más rápido posible. Así, mientras Mariano Rajoy fantaseaba deseando que el PdCAt se comportara como una Lliga Catalana, dilatando los plazos y haciendo propios algunos de los escrúpulos del entonces presidente de la República, Alcalá Zamora, su socio de gobierno, Albert Rivera, como una suerte de Alejandro Lerroux y José María Gil Robles, conminaba a la aplicación de la fuerza coercitiva.

La idea de unas elecciones, que hoy sería una bendición para el gobierno cayó en saco roto. La propuesta de la Lliga fue desoída y mientras la acción de la justicia encausaba a todos los participantes del golpe y dirimía sobre la participación de otros tantos, la reacción en el congreso contra la asonada de Companys de octubre se tornó en un ataque a la propia autonomía.

¿Y quién queda al frente?

Si Rajoy dispone ahora de la mayoría necesaria en el Senado para aprobar el 155, entonces el gobierno aprobó la ley no sólo con la mayoría de votos que le brindaba su coalición Radical-Cedista sino que obtuvieron tres cuartos de la cámara, prácticamente el mismo resultado que arrojará ahora la suma de PP, PSOE y Ciudadanos. Con la aplicación la ley del 2 de enero de 1935 se abrió otra brecha, un supuesto que apenas se ha vislumbrado ahora: en el caso de quedar en suspenso las funciones del Govern ¿Quién quedaría al frente? El artículo 2 de la ley estipulaba que : "Asumirá todas las funciones que corresponden al Presidente de la Generalidad y a su Consejo Ejecutivo, un Gobernador general que nombrará el Gobierno con facultades de delegar en todo o parte las funciones atribuidas a dicho Consejo".

La suspensión obtuvo tres cuartos de la cámara, prácticamente el mismo resultado que arrojará ahora la suma de PP, PSOE y Ciudadanos

Para Alcalá Zamora la solución era nefasta: “Aún me pareció peo el uso que el gobierno Lerroux hizo de tal ley, convirtiendo la autonomía en la dictadura de una especie de virrey republicano, que para mayor inri fue un radical mal visto allí: Pich y Pons. Tanto y con tal desagrado expuse el que me causaba el virreinato de aquel, que al cabo logré ya no la supresión del sistema, en sí malo, pero obra de las Cortes, al menos la sustitución del hombre, reemplazado con mucho más acierto por otros que fueron Portela”

De idéntica forma que hoy se han barajado nombres como el de Josep Borrell, para un teórico gobierno independiente, Manuel Portela Valladares acabaría designado como el gobernador que debía poner orden tras los sucesos de octubre.

Portela, un político “que salió de la oscuridad por capricho de Alcalá Zamora” y “sin importancia en tiempos de la monarquía, sin votos para salir diputado en las elecciones de 33”, según Manuel Azaña, y que acabaría siendo el último presidente del Gobierno antes de las elecciones de febrero de 1936 de nuevo por designio del presidente de la República, centró su acción en recuperar el orden público en Cataluña a su propia manera: “Con los policías rebeldes utilicé el reglamento del cuerpo condenando, con los previos informes de cajón a unos ochenta y tantos a perder la carrera. Luego ante sus lamentaciones y su sumisión, atendí sus recursos y alcé la severa condena a casi todos ellos” ('Memorias', Manuel Portela Valladares, Alianza, 1988).

Mientras tanto, a lo largo del 1935, se impulsó además una reforma constitucional. Si ahora los recientes acontecimientos han decido al PSOE de Pedro Sánchez a plantear abiertamente la reforma del modelo territorial, lo que se planteó entonces fue de hecho, la regulación del problema de las autonomías. En concreto se pretendía reformar el artículo 12 en cuanto a las condiciones para “la aprobación, suspensión, reforma o derogación de los Estatutos regionales, a fin de que no queden sin normas precisas que las regulen eventualidades gravísimas de la vida nacional”.

Impulsada por Alcalá Zamora, contó con poco entusiasmo por parte del gobierno y menos aún del resto de fuerzas, pero incidía en lo que sería el problema de la ley del 2 de enero de 1935: que ésta carecía de base constitucional para desarrollarse, fruto de lo cual acabaría declarándose inconstitucional de forma material por parte del Tribunal de Garantías Constitucionales, -equivalente al actual TC-. Finalmente, la reforma constitucional no llegó a nada, y tras levantarse el estado de guerra en abril de 1935 y traspasarse algunas competencias tal y como establecía la ley, la Generalitat se reinstauró plenamente en 1936, y Lluis Companys, indultado por el gobierno del Frente Popular volvería al mismo cargo. Finalmente el 8 de marzo de 1936, la suspensión de la autonomía acabaría declarándose inconstitucional de forma material por parte del Tribunal de Garantías Constitucionales, equivalente de nuestro actual Tribunal Constitucional.