EN SU MONOGRÁFICO SOBRE ECONOMÍA DE LA CULTURA

Patrimonio, contra el mecenazgo y a favor de vender monumentos en 2010

En su monográfico sobre Economía de la Cultura rechazaba el mecenazgo y animaba a la privatización de la gestión y la titularidad de bienes patrimoniales

Foto: El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, el pasado mes de julio. (EFE)
El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, el pasado mes de julio. (EFE)

Lo dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la última vez que visitó el Museo del Prado: “Las actuales circunstancias suponen una oportunidad inmejorable para hacer una reflexión serena sobre la cultura y sus industrias, para redefinir el papel de las Administraciones Públicas y la sociedad”.

Palabras de un político, claro. Con "circunstancias" se refería a la arrasadora crisis económica que merma las arcas públicas, con "redefinir el papel de las Administraciones" a la cacareada Ley de Mecenazgo que sigue preparando su Gobierno y con "oportunidad inmejorable", a que será sí o sí. Incluso con la oposición no ya de quienes ven con el recelo la entrada de inversores privados en el patrimonio cultural, sino con la oposición de quienes piensan todo lo contrario.

Ya en 2010 dos expertos en Economía aplicada a la Cultura de la Universitat de Valencia, Pau Rausell y Julio Montagut, rechazaban esta fórmula desde las páginas de Patrimonio Cultural de España, una publicación anual del Instituto de Patrimonio Cultural dependiente de Cultura. Pese a que el mismo Rajoy asegura hoy que “el mecenas no espera nada a cambio", en su artículo La privatización de bienes culturales, ¿una alternativa?Rausell y Montagut sostienen que en esta estrategia "simplemente las ayudas indirectas sustituyen a las subvenciones directas" y llaman, en cambio, a la adopción de fórmulas de participación privada aún más drásticas, como la cesión de la gestión de bienes patrimoniales públicos e incluso la privatización de su titularidad en favor de empresas privadas.

El patrimonio, insostenible

La razón, según ambos expertos, es que el mecenazgo es una medida anticrisis que viene a solucionar, sin embargo, un problema estructural en la política española. Un conflicto que acució la crisis, en otras palabras, pero que empezó mucho antes.

En nuestro país, según ellos, existe una "tendencia estructural a la no sostenibilidad" en la estrategia de inversión pública en cultura y protección del patrimonio  que avala la evolución de esta partida en los gastos del Estado de 2001 a 2007, el último ciclo económico antes de la entrada en recesión. En este intervalo el Gobierno pasa de los 275 millones de euros a los 450, "una variación del 62%", recuerdan los autores, mientras que las comunidades autónomas pasan de dedicar 264 millones de euros a preservación patrimonial a más de 570, "lo que significa más que duplicar la tasa inicial".

Evolución del gasto público en cultura y protección del patrimonio. Fuente: IPCE.

El pecado, lógicamente, no reside en este crecimiento súbito de la inversión en la conservación del patrimonio, sino en su desajuste respecto al gasto total en cultura, respecto al que deberían crecer parejos para aspirar a la sostenibilidad. En las autonomías, por ejemplo, los recursos destinados a patrimonio aumentaron un 117% mientras que los globales destinados a cultura –en los que han de inscribirse, lógicamente, los primeros– crecieron "solo" un 90%.

El desarrollo del mecenazgo se ubica más en recorridos a largo plazo, que tienen que ver con percepciones sociales sobre los benefactores, que a medidas concretas de incentivos¿Debemos, así, bramar una vez más por la irresponsabilidad de nuestros políticos? Puede, pero aun así los autores llaman la atención sobre la conflictiva singularidad del patrimonio como bien económico –"un magma conceptualmente impreciso y potencialmente infinito y por tanto imposible de acotar"– que hace que esta inversión creciente sea quizá el fruto de una mala planificación, sí, pero también una "tendencia estructural" a la que mueve su misma naturaleza. Una naturaleza, claro, que ya era así antes de la crisis económica.

"A pesar de que somos capaces de racionalizar el origen del valor de los bienes patrimoniales, nos resulta absolutamente imposible determinar un baremo inequívoco que sea capaz de jerarquizar ni tan sólo ordinalmente, el valor de los bienes patrimoniales", explican. Y además  "las intervenciones pueden ser de múltiples facturas que van desde el simple acondicionamiento para evitar su ruina hasta la creación de entornos arquitectónicos de excelencia, y por tanto los recursos necesarios se pueden estirar también casi hasta el infinito".

El recurso privado

Ante este problema, reseñan Rausell y Montagut, "uno de los objetivos de la preservación del patrimonio debe consistir en incrementar la movilización de recursos privados –sean estos de organizaciones con o sin ánimo de lucro– destinados a la preservación tanto de bienes de titularidad pública como privada", con el objetivo no solo de conservar el bien, sino también de fomentar sus efectos económicos en la sociedad, entre otros, "el crecimiento económico y el desarrollo del territorio en que se ubica" y la generación de "riqueza y ocupación". Es decir, que el patrimonio rente también socialmente.

Pero la inversión privada que así proponen, en cambio, podría no querer entrar en el patrimonio, un negocio poco rentable mientras la regulación, según Rausell y Montagut, siga siendo tan conservacionista. "Es evidente que las interpretaciones más o menos rigurosas o conservacionistas extremas sobre los usos de los bienes patrimoniales tienen efectos claros sobre la disponibilidad de los agentes privados a tratar de obtener beneficios de mercado en su explotación", precisan. "El concepto de preservación ha ido evolucionando a lo largo de los últimos siglos hasta dotarse de un sentido muy conservacionista –quizás heredado de las estrategias de protección del patrimonio natural–, en el sentido de que parece que los bienes patrimoniales son bienes intocables y que cualquier falseamiento de su autenticidad histórica no resulta aceptable".

Es, aseguran, uno de los grandes problemas. "En general y en la legislación española en particular, a partir del artículo 39.2 de la Ley de 1985 del Patrimonio Histórico Español se limitan notablemente las posibilidades de reconstrucción del patrimonio con el objetivo de redefinir sus usos –con unas necesidades funcionales específicas–. Aquí nos encontramos frente a una paradójica situación ya que el concepto moderno de preservación se sustenta en la ruptura del proceso orgánico de desarrollo cultural y en la obligación de preservar y transmitir en un grado de pureza absoluta el patrimonio recibido a las generaciones futuras".

La única diferencia del patrocinio con el subsidio directo es que la persona o la empresa que paga por ello ha optado por pagar"El paradigma de la autenticidad histórica –como si esto no fuera más que otra convención– y la prohibición de falsearla nos llevan al callejón que limita con creces las posibilidades de generar valor a través de la invención de nuevos usos de los bienes patrimoniales. La norma se convierte en este contexto en un valor supremo que parece que protege a un entorno patrimonial, otorgado aparentemente por los dioses, de manera ajena a nosotros mismos".

Por esta razón los autores defienden expresamente "la necesidad de que en entornos democráticos informados hay que reducir el sesgo extremadamente conservacionista de la filosofía que orienta las políticas de protección del patrimonio para otorgar a los ciudadanos, en entornos de elevada gobernanza, la capacidad de decidir cómo construyen su entramado simbólico y la flexibilidad para dotar a los bienes patrimoniales de elevado valor añadido económico y social".

A favor de la privatización

Fomentar la inversión privada con otro modelo de regulación, dicho de otra manera, cuando no "transferir la titularidad de algunos bienes patrimoniales a agentes privados". En este punto los autores no dudan de posicionarse a favor de la privatización –una "estrategia" que "en el ámbito de las políticas de protección del patrimonio resulta un verdadero tabú, pero si la analizamos desde el sentido común y la propia lógica de la acción pública el planteamiento no resulta tan escandaloso"– e incluso de meterse en el jardín de la ideología, intentando objetivar las virtudes de la privatización desligándolas de "la agenda neoliberal".

"Sin ninguna duda la tendencia hacia la desregulación y privatización del patrimonio se encuadra en el marco de desarrollo de la agenda neoliberal, pero desde nuestra perspectiva, sin embargo, la dimensión ideológica no radica tanto en la estructura de propiedad de los bienes patrimoniales sino en el modelo de control social de dichos bienes", sostienen los autores. "En consecuencia podría ser más socialdemócrata un modelo que aceptara la privatización pero con procesos que incorporaran niveles de gobernanza elevados, que otro que impidiera la tenencia privada pero que los niveles de participación y transparencia fueran limitados".

Otra "alternativa a la intervención pública directa a través de la propiedad pública del patrimonio y de su gestión", proponen Rausell y Montagut, es la privatización de la gestión, que además de resultar más efectiva que la gestión pública presenta, dicen, "la ventaja de obligar a las estructuras de la gestión pública del patrimonio a plantearse, con cierta disciplina, cuáles son los objetivos de la gestión". En particular "para el caso español", reseñan, "la ampliación de los espacios de gestión privada, si se acompañan de la incorporación de técnicas de evaluación y control de la gestión [...] podría tener un efecto renovador y de modernización para la propia esfera pública de gestión".

Patrocinio y mecenazgo, descartados en tiempos de crisis

Para concluir su artículo los autores enumeran las ventajas que a su perecer presentan los acuerdos de custodia y, finalmente, el patrocinio y mecenazgo. Y en su opinión no son muchas.

Los primeros, que consisten en que "la comunidad, a partir de actitudes de voluntariedad, asuma parte de los costes de la preservación del patrimonio natural y cultural de propiedad privada y participe en el diseño de su viabilidad y gestión", presenta la ventaja de "su elevado nivel de gobernanza en el que el valor del bien patrimonial no queda determinado ni por una mera decisión administrativa de un técnico público ni por el supuesto valor de mercado del bien", evidenciando que "el valor del patrimonio cultural es el resultado de la interacción social".

Sobre el patrocinio –una fórmula que suma a la financiación pública la privada a cambio de ayudas indirectas, fundamentalmente exenciones fiscales–, los expertos en economía aplicada a la cultura y turismo recuerdan que en ella "simplemente las ayudas indirectas sustituyen a las subvenciones directas", por lo que "la única diferencia con el subsidio directo es que la persona o la empresa que paga por ello ha optado por pagar". Aunque "en el análisis del caso español queda margen para el crecimiento del patrocinio destinado al patrimonio", dicen, "las posibilidades en un entorno económico restrictivo tampoco son muy halagüeñas".

El control social sobre la definición del patrimonio y sobre las posibilidades de uso, y no la titularidad, son los atributos que determinan la dimensión ideológica de la preservación del patrimonio"El mecenazgo que pudiera crecer por razones fiscales plantea los mismos problemas que los sugeridos en el párrafo anterior", sostienen asimismo los autores sobre esta segunda fórmula, la que da nombre a la ley que hoy gesta el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle. "El desarrollo del mecenazgo se ubica más en recorridos a largo plazo, que tienen que ver con percepciones sociales sobre los benefactores, que a medidas concretas de incentivos".

Por esa razón, seguramente, los autores son muy prudentes a la hora de recomendar en sus conclusiones la opción del patrocinio y el mecenazgo, que "aún tienen capacidad de recorrido en la realidad española" pero cuya ampliación "debe depender menos de medidas de incentivos públicos que finalmente significan la sustitución de estímulos directos por indirectos".

Los expertos, por el contrario, sí parecen más inclinados a la fórmula de la privatización directa, que descartan preliminarmente en sus conclusiones –concretamente, que sea "una alternativa a la financiación pública de la conservación del patrimonio"– pero sí aplauden cuando sea de forma complementaria a la inversión pública. "Cabe contemplar, sin prejuicios, la posibilidad de transferir a agentes privados parte de patrimonio de titularidad pública. Si se procede con niveles elevados de gobernanza, la medida puede ser sensatamente progresista. El control social sobre la definición del patrimonio y sobre las posibilidades de uso, y no la titularidad, son los atributos que determinan la dimensión ideológica de la preservación del patrimonio".

Para Rausell y Montagut, finalmente, también los acuerdos de custodia "pueden ser un modelo fecundo a desarrollar" y se debe "profundizar" en "la privatización de los procesos de gestión del patrimonio", una vía, aseguran, "que sin duda podría tener efectos renovadores sobre los propios modelos de gestión del patrimonio". 

Cultura
Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
3 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios