Sáenz de Santamaría cita a los 'capos' de las TV tras rebajarse el nivel de crítica

Tambores de paz. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los primeros espadas de las televisiones tienen previsto reunirse a finales de este mes para buscar una solución al problema que trae de cabeza al sector audiovisual desde el pasado mes de noviembre. Fue entonces cuando una sentencia del Tribunal Supremo anulaba el último reparto de canales efectuado en la era Zapatero, lo que dejaba a los Mediaset, Antena 3, Vocento o Unidad Editorial sin, como mínimo, nueve frecuencias. El Ejecutivo anunciaba en marzo -y tras numerosos contactos entre bambalinas con los afectados- su intención de aplicar el fallo en una vuelta de tuerca para atar en corto a las televisiones con el caso Bárcenas en plena ebullición.

Según apuntan a El Confidencial fuentes conocedoras de la convocatoria, esta se produce después de que las televisiones hayan suavizado la crítica al Gobierno en los últimos tiempos, o de que al menos hayan hecho guiños en ese sentido. Por ejemplo, Mediaset España retiraba de la parrilla en julio el programa El gran debate, presentado por Jordi González, aligerando la programación de contenido político. Del mismo modo, el dueño Antena 3, José Manuel Lara, lamentaba en una entrevista con Vanity Fair que La Sexta no sea aún “una televisión de centroizquierda, seria y respetuosa con la derecha”. Un claro guiño al PP, hasta la fecha muy molesto por el tono crítico de una cadena que Lara no controlaría sin el plácet in extremis del Ejecutivo.

El clima de concordia que parece abrirse no sólo interesa al Gobierno por cerrar en alguna medida el frente mediático. También le vencen los plazos. Y es que Sáenz de Santamaría vinculó la ejecución de la sentencia a la puesta en marcha del dividendo digital, espectro radioeléctrico que actualmente ocupan las cadenas y que el 1 de enero de 2014 debe liberarse para uso de las telecos. A tres meses del supuesto apagón, la migración de las frecuencias televisivas se encuentra en stand-by. E Industria, que inicialmente había previsto un año de simulcast [transmisión simultánea de los canales en la nueva y la antigua ubicación] para facilitar la reantenización de los hogares, ya habla para buenos entendedores de que habrá diferentes fases en su implantación.

En este sentido, el secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo, admitía antes del verano que pueden darse retrasos en algunas de las 70 zonas en que se divide el país para acometer el trasvase. “Vamos con retraso sobre los planes, porque es un proceso complejo que afecta tanto a los operadores de telecomunicaciones como a las televisiones”, remataba, insistiendo en el lastre que ha supuesto la sentencia del Supremo. “En efecto, los tiempos no van a ser tan rápidos. Las televisiones están contando con que se produzca en la primavera del año que viene. Lo importante es que se retome la vía del diálogo, se llegue a un entendimiento y no haya perjudicados”, apuntan fuentes conocedoras del proceso, bajo condición del anonimato.

El inquietante frente jurídico

Eso sí, todos los buenos augurios políticos pueden chocar con la realidad de los tribunales. Según explican a este diario fuentes jurídicas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo rechazó el pasado mes de julio los recursos interpuestos por la patronal de las televisiones (Uteca) y por las cadenas a título individual contra el acuerdo del Consejo de Ministros para ejecutar la sentencia. Esta resolución les obliga a sumarse al incidente de ejecución ya presentado en su día por la demandante, Infraestructuras y Gestión 2002, que solicitaba a finales de mayo al Alto Tribunal la aplicación del fallo. En el mejor de los casos, este revés judicial meterá el proceso en el mes de noviembre.

Por si fuera poco, la citada Infraestructuras y Gestión 2002 ha remitido una carta a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en la que recuerda al Ejecutivo que la nueva Ley de la Comunicación Audiovisual -al eliminar para el Estado la reserva de servicio público de televisión- le concede muy poco margen de maniobra en la negociación. Esto es, no puede ahorrarse canales si pacta con las cadenas y todos los que pierdan los actuales operadores deberán ser sacados a concurso. Seis meses después de la sentencia del Tribunal Supremo, entiende que “tiene el derecho de proponer la convocatoria del correspondiente concurso, y la Administración la obligación de convocar el concurso para la adjudicación de todas las licencias anuladas por dicha sentencia”, expone la misiva.

Para reforzar su argumento, la demandante hace una radiografía del sector audiovisual español, con dos grupos que acaparan el 85% del mercado publicitario, y pide que se favorezca la entrada de nuevos operadores. En esta línea, amenaza: “Mi representada solicitará la intervención de las autoridades europeas si no se da estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación nacional y, en consecuencia, se procede de forma inmediata al cese de las emisiones de los canales adjudicados ilegalmente sin concurso y a la consiguiente convocatoria del oportuno concurso para la adjudicación del mismo número de canales”. Para inquietarse.