EL DOBLE QUE DE HIPOTECAS
La nueva cara de los desahucios: "Me triplican el alquiler y me quedo en la calle"
Por primera vez los desahucios del alquiler vuelven a los niveles de la crisis debido al aumento de los precios de las rentas y a los efectos de los cambios en la legislación
El pasado 25 de septiembre, Sandra se estaba duchando cuando empezaron a aporrear su puerta. Se vistió como pudo y al abrir, dos funcionarias y varios policías le dijeron que tenía que dejar la casa inmediatamente. La apresuraron a coger sus cosas —"los sofás, la tele, todo ¡fuera!"— y dejar la que ha sido su casa durante dos años en el madrileño barrio marginal de San Cristóbal de los Ángeles.
Por un error en la dirección, a Sandra Amador no le habían llegado las notificaciones de su desahucio. No entendía nada, porque había estado pagando religiosamente cada mes —guarda escrupulosamente cada recibo—, pero no sabía que su contrato incluía una subida del 70% a partir del segundo año. Debía haber pagado 400 euros en lugar de los 235 que seguía ingresando desde hacía meses. "El mediador que nos consiguió el alquiler social nos dijo que después del primer año tendríamos que pagar algo más, pero que ya se vería. Yo soy analfabeta y nos confiamos al firmar el contrato, no vimos que teníamos que pagar más", afirma mientras enseña el texto que firmó.
Debido al error administrativo, el juzgado dio unos días más para que Sandra, su marido José y sus tres hijos abandonasen la vivienda. La nueva fecha es el 18 de octubre, poco menos de dos semanas, y el abogado de oficio que tiene que defender su caso todavía no se ha puesto en contacto con ellos. "Podríamos pagar hasta 300 euros, pero vivimos con la renta mínima de inserción, no podemos afrontar lo que nos piden", se lamenta.
El caso de Sandra y su familia es cada vez más habitual. Los desahucios por alquiler están remontando y, según datos publicados esta semana por el Consejo General del Poder Judicial, han alcanzado de nuevo los niveles de la crisis. Los motivos, apuntan expertos y activistas, se encuentran en la burbuja del alquiler que están sufriendo varias partes del país, pero también en el cambio de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, que ha facilitado el periplo de echar a los inquilinos que no cumplen con las rentas.
Cuatro desahucios a la hora
El número de desahucios por alquiler es el doble que los hipotecarios (y en provincias como Madrid llegan al 80%). En el segundo trimestre de este año se produjeron 10.491 en total. 116 cada día, cuatro a la hora. El punto de inflexión se produjo a mediados de 2017, cuando la curva de expulsiones por impago de renta empezó a distanciarse de la hipotecaria. En el primer trimestre de este año se han producido un 6% más de desahucios que en el mismo periodo del año pasado.
En zonas como Madrid, que está sufriendo un incremento en los precios de los alquileres sin precedentes, los desahucios por esta causa llegan al 78%. Es decir, ocho de cada diez personas que son expulsadas de sus casas tenían un contrato de alquiler. Solo lo supera Soria, pero con unas cifras muy reducidas (14 expulsiones por alquiler de un total de 16).
"A medida que aumenta la burbuja, aumentan los desahucios", resume Javier Rubio, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). "Hay una competición entre las grandes inversiones por rentabilizar las viviendas que han comprado en la ciudad y eso se está notando en el número de expulsiones".
El alquiler en el centro de Madrid ha subido entre un 25 y un 30% en cuatro años
Uno de los casos más representativos de este fenómeno es el bloque de la calle Argumosa 11, en el codiciado barrio de Lavapiés. Hace dos años, el dueño del bloque falleció, dejándolo en herencia a sus hijos y sobrinos, que decidieron venderlo a la empresa Proindivisos. En un primer momento, les dijeron a los vecinos que todo seguiría igual, pero con la finalización de los primeros contratos, empezaron a llegar burofaxes que daban por extinguidos los acuerdos de alquiler. Cinco ya se han marchado, pero todavía quedan otros siete que están peleando por sus alquileres, y otros tantos con renta antigua a los que no pueden echar.
Rosa Santiago, que vive en el 3ºA, ha sido una de las últimas en recibir el burofax reclamando el abandono de su hogar. Hasta ahora pagaba 400 euros por un piso con las puertas apuntaladas y los suelos y paredes desconchados, pero si quiere seguir viviendo en el edificio en el que lleva 20 años junto a su marido y su hija, debe pagar 1.200 euros al mes.
"Dicen los dueños que esto es un barrio para ricos, que para gente pobre no. Yo he vivido aquí toda la vida y no soy rica, y mis padres tampoco, que vivían aquí al lado. Eran gente humilde", se queja. Apenas ha podido hablar con los nuevos propietarios para contarles su situación o llegar a alguna clase de acuerdo: "Desde que recibí la carta he estado llamando para reunirme con ellos, pero nada, solo me dan largas".
En vistas de la situación que se avecinaba, Rosa lleva un año buscando otro piso al que mudarse, pero el panorama en la capital no le brinda muchas opciones: "Aparte de lo caros que están en todas partes, te piden tres nóminas, fianza de dos meses… Y yo no puedo aportar nada de eso, así que tampoco puedo irme. La Comunidad de Madrid me dice que me vaya a un albergue. Dicen que no doy el perfil para una vivienda social porque tengo un trabajo de limpiadora y mi marido y mi hija trabajan esporádicamente, ¡pero cómo me voy a ir a un albergue!".
Dicen los dueños que Lavapiés es un barrio para ricos, que para gente pobre no
Su fachada está plagada de pancartas y carteles protestando por el desalojo. Hace solo unos días, una decena de activistas acamparon en el portal para impedir el desahucio de su hermana, que vive un piso más abajo. El rumor que recorre la escalera es que sus hogares se convertirán en viviendas de uso turístico dispuestos a acoger a los extranjeros que buscan la autenticidad de este barrio de la capital.
Según datos de Fotocasa, los barrios céntricos de Madrid han subido entre un 25% y un 30% desde 2014. "El precio del alquiler está aumentando muchísimo en comparación con la capacidad adquisitiva de la población", afirma Marta Montero, portavoz del Sindicato de Inquilinas que asesora y defiende en los derechos de los arrendatarios. "Sobre todo nos vienen muchas personas cuyas viviendas han sido compradas por fondos de inversión y que les piden subidas de un 300%. O aceptan, o se van".
Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinas hacen hincapié en los casos que no aparecen en las cifras de expulsiones porque no llegan a los juzgados, pero que consideran igual de graves. Son los desahucios invisibles. "Cuando un contrato se cumple y de manera unilateral no se renueva o se sube de forma que no lo pueden pagar, no se contabiliza en ningún lado el abandono de la vivienda".
Además, se da la casualidad de que este año finalizan los últimos contratos que se regían por la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, que todavía fijaba su duración en cinco años. La regulación que entró en vigor entonces es la otra causante del repunte de los desahucios por alquiler.
Diez días para desahuciar
La reforma en la Ley de Arrendamientos Urbanos flexibilizó y facilitó los trámites burocráticos para proceder a un desahucio por impago y dar así más seguridad a los propietarios que decidieran poner sus viviendas en el mercado del alquiler. Desde entonces las autoridades pueden ordenar un desahucio en tan solo diez días desde el momento que se pone la demanda. Además, si el inquilino recurre o alega la incapacidad para mudarse a otra vivienda, los plazos para que se haga efectivo un desalojo se han reducido de hasta dos años a unos cinco meses de media. También se desligaron las subidas anuales al incremento del IPC, siendo de libre acuerdo entre las partes.
"Ha pasado algo similar a cuando se flexibiliza el mercado laboral. Los contratos son más cortos y las condiciones quedan a la voluntad del propietario. El inquilino tiene poca decisión en el precio que se pone y en las clausulas severas de los contratos", explica Javier Rubio, el abogado de la PAH.
PSOE y Podemos han acordado esta semana varias medidas para volver a proteger a los inquilinos
Sin embargo, para Andrés Vilacoba, abogado del despacho Vilacoba & Parra y secretario general de la Asociación en Defensa del Propietario de la Vivienda (ADEPROVI), flexibilizar los desahucios favorece al mercado del alquiler. "Antes un propietario se tiraba mucho tiempo sin poder echar a un inquilino que no pagaba, y se miraba mucho más a quién se alquilaba, no arriesgaban porque había ese peligro". Además, considera que la subida de los desahucios va de la mano con el aumento de la vivienda en alquiler y no tanto con sus condiciones. "Durante la crisis el parque de alquiler era inferior porque la gente compraba, pero ahora los bancos han limitado mucho el crédito y hay mayor demanda de alquiler. Y con él suben también los incumplimientos".
El pacto para el Plan Presupuestario al que llegaron PSOE y Podemos el pasado viernes recoge medidas precisamente para volver a proteger a los inquilinos ante los abusos del mercado del alquiler. Entre las directrices acordadas entre ambos partidos están alargar de nuevo los contratos, que los ayuntamientos puedan regular los precios en las zonas tensionadas y fomentar la vivienda social.
Medidas que seguramente lleguen demasiado tarde para Sandra y Rosa, aunque de momento, Sandra ha conseguido aplazar su desahucio hasta que se le asigne un abogado de oficio. Espera poder llegar a un acuerdo y quedarse en su casa "al menos hasta que pase el invierno". Rosa, por su parte, ya tiene un abogado, pero no le ha dado ninguna solución: "Dice que no puede ayudarme, que me tengo que ir, y ya está". Su última esperanza está en la asamblea de la PAH que, como hizo con su hermana, la han prometido presentarse para paralizar su desahucio previsto para el 28 de noviembre. "Y si no, me quedaré en la calle, con la tele y los muebles, ¿qué voy a hacer?".